La escena política argentina ingresa en una nueva fase de movimientos y reacomodos. Hernán Lacunza, quien ejerció como ministro de Economía durante la administración anterior, pasó de insinuar sus intenciones a confirmarlas de manera categórica: competirá como precandidato presidencial por la coalición del PRO en las elecciones de 2025. La declaración, realizada durante una entrevista radiofónica, no se trata de un anuncio menor. Implica la apertura de un frente alternativo dentro del espacio que durante años fue referencia de la política de centro-derecha argentina. Con esta movida, el panorama electoral comienza a fragmentarse de maneras que hasta hace poco parecían improbables, y las dinámicas internas de los espacios políticos tradicionales vuelven a cobrar relevancia en medio de la actual administración libertaria.

Lo que resulta especialmente significativo es que Lacunza no actuó de manera aislada. El execonomista conversó directamente con Mauricio Macri, quien no solo conocía sus planes sino que además le brindó respaldo explícito. Según las propias palabras del precandidato, el exmandatario lo alentó a proseguir con sus aspiraciones presidenciales. Más allá del apoyo de Macri, Lacunza también refirió haber consensuado su movida con otros dirigentes internos del partido. Esta aclaración resulta importante porque sugiere que la decisión no surgió en el vacío ni representa un acto de rebeldía individual, sino que forma parte de cálculos más amplios dentro de la estructura partidaria. Sin embargo, el mismo Lacunza no esquivó la crítica hacia la organización que pretende representar, cuestionando su rumbo y su capacidad para mantener una propuesta coherente frente a la ciudadanía.

Las grietas en la estructura del PRO

Durante sus intervenciones públicas, Lacunza planteó un diagnóstico severo sobre la condición actual de su partido. Expresó que la formación política "se desdibujó en los últimos años" y que "perdió nitidez" en su capacidad de comunicar propuestas claras. Este tipo de críticas internas no son menores: provienen de alguien que ocupó carteras ministeriales y que mantiene respaldo de figuras clave como Macri. La observación sugiere una preocupación genuina respecto de cómo el PRO ha navegado el período post-electoral, la llegada de una administración de corte libertario, y su propia capacidad para diferenciarse dentro del espacio no progresista. La fragmentación que Lacunza reconoce en el partido refleja, en cierta medida, las tensiones que atraviesan gran parte de la coalición de centro-derecha argentina, donde la unidad monolítica que caracterizó ciertos períodos ha cedido lugar a competencias internas y diferencias sobre cómo posicionarse frente a los desafíos económicos y políticos del presente.

Respecto de la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza adoptó una posición de crítica matizada. Reconoció el aporte que la actual administración ha realizado en materia de estabilización económica, un logro que no es trivial en el contexto de crisis inflacionarias que caracterizaron años anteriores. No obstante, ese reconocimiento vino acompañado de reparos sustanciales sobre el enfoque predominante. El exministro estableció una distinción clara: mientras que el ajuste fiscal resulta necesario, no puede ser el único componente de una política económica de largo plazo. En su perspectiva, la inversión en infraestructura ocupa un lugar tan central como la reducción del gasto público. La metáfora que empleó resulta ilustrativa: un país puede subsistir tres años enfocado únicamente en ajuste, pero pasado ese lapso comienzan a manifestarse grietas que erosionan el bienestar colectivo. La falta de mantenimiento en infraestructura acumula déficits que, eventualmente, impactan en la calidad de vida de la población.

El debate sobre modelos económicos y territorios olvidados

El análisis que Lacunza ofreció sobre los desequilibrios geográficos y sectoriales del modelo actual revela capas adicionales de su cuestionamiento. Señaló que el motor económico activado por la administración libertaria se concentra en la región de la cordillera y la Pampa Húmeda, generando efectos limitados en otras zonas fundamentales del país. Ciudades como Rosario, Córdoba y Tucumán, cuyas economías descansan sobre comercio, industria y construcción, quedarían al margen de este ciclo de crecimiento. La cifra que compartió pone en perspectiva la magnitud de la diferencia: mientras que el modelo productivo tradicional genera 8 millones de empleos directos, el modelo financiero que predominaría actualmente sería responsable de apenas 250.000 puestos de trabajo. Esta desproporción no es un dato menor; habla de la brecha entre la capacidad de generación de empleo de ambos esquemas económicos y, por extensión, de su impacto social en territorios que históricamente han sido motores de dinamismo productivo.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que su candidatura pueda interpretarse como funcional a sectores políticos que compiten con su espacio, Lacunza rechazó la premisa con cierta vehemencia filosófica. Argumentó que aceptar esa lógica equivaldría a condenarse a aceptar lo existente por miedo a lo peor, un razonamiento que consideró pobre en términos conceptuales. Su contra-argumento sugiere que la democracia requiere opciones genuinas, incluso dentro de un mismo espectro ideológico, y que la proliferación de alternativas contribuye al fortalecimiento del sistema antes que a su debilitamiento. Esta defensa de su candidatura toca un debate más profundo: en qué medida la competencia interna en espacios políticos constituye un acto de fortalecimiento democrático o, por el contrario, genera fragmentación que beneficia a fuerzas externas. La tensión entre ambas perspectivas permanece abierta y sin resolución.

La respuesta que generó la candidatura de Lacunza en los círculos cercanos al Ejecutivo nacional permite entrever cálculos más sofisticados tras bastidores. Según interpretaciones circulantes en ámbitos gubernamentales, la jugada del PRO posee una dimensión táctica vinculada a negociaciones sobre la ciudad de Buenos Aires. Al presentar a un candidato que podría canalizar votos del electorado de centro-derecha, la coalición del PRO buscaría demostrar que tiene capacidad de afectar las perspectivas electorales del presidente en turno. Dicha capacidad funcionaría como herramienta de presión para obtener concesiones en espacios de poder local disputados. Esta lectura, si bien especulativa, refleja cómo operan frecuentemente las dinámicas políticas cuando múltiples actores con poder de veto interactúan en búsqueda de acuerdos. El escenario de 2025 se perfila, así, como un tablero donde convergen intereses locales, nacionales, personales y estratégicos que aún no han encontrado su equilibrio definitivo.

De aquí en adelante, los desarrollos pueden tomar múltiples direcciones. Si la candidatura de Lacunza prospera y logra captar adhesiones significativas dentro del PRO, podría fortalecer un polo electoral alternativo que obliga a repensar las coaliciones tradicionales. Alternativamente, si su propuesta no genera suficiente tracción, podría interpretarse como fracaso de la estrategia interna del PRO o como consolidación de la hegemonía libertaria sobre el espectro no progresista. También cabe la posibilidad de que su candidatura funcione como moneda de cambio en negociaciones más amplias, desapareciendo del mapa público si se alcanzan acuerdos sobre otros temas. Las implicancias de estos escenarios varían: una mayor fragmentación del voto de centro-derecha podría alterar equilibrios que se han mantenido relativamente estables; una confirmación de la primacía libertaria reforzaría la posición del Ejecutivo; un acuerdo negociado podría reconfigurar geografías de poder territorial. Lo cierto es que con cada movimiento de estos actores, la configuración política argentina se redefine, y la ciudadanía que se acerca a los comicios dispone de opciones que hace poco tiempo parecían improbables.