Un dilema incómodo atraviesa el debate público argentino en estos primeros años de gestión libertaria: las decisiones de política económica que se impulsan hoy, ¿generarán un horizonte de crecimiento sostenido o dejarán cicatrices que comprometerán la prosperidad futura? No es una pregunta retórica. Se trata de un interrogante que estructura el análisis sobre el legado de estas reformas, pero cuya respuesta solo el paso del tiempo podrá desentrañar. Cuando ese tiempo llegue, probablemente sea demasiado tarde para corregir los errores. Tal vez lo más perturbador sea que ni siquiera un eventual éxito electoral en 2027 funcionaría como evidencia contundente de que la matriz libertaria de política pública producirá resultados virtuosos en el mediano y largo plazo.
El Gobierno libertario ha movido varias fichas simultáneamente. El envío del Súper RIGI al Congreso constituye apenas una de ellas, aunque sea probablemente la más emblemática. Este régimen especial de inversiones, junto con su versión anterior el RIGI, pretende atraer capitales extranjeros mediante incentivos impositivos, cambiarios y exportadores de una magnitud sin precedentes en la historia reciente argentina. Los beneficiarios contemplados alcanzan horizontes de tres décadas de privilegios fiscales. Los sectores elegidos —minería, petróleo y gas, inteligencia artificial, infraestructura digital— concentran una cantidad importante de los recursos públicos redistribuidos, aunque de forma indirecta, mediante la renuncia de ingresos tributarios. La pregunta fundacional que genera inquietud entre analistas, académicos y empresarios moderados es si esta concentración de beneficios en ramas específicas de la actividad económica construye las bases de una prosperidad que eventualmente se distribuye hacia otras áreas de la economía, o si, por el contrario, cristaliza un sistema de privilegios selectivos que será políticamente difícil de desmantelar cuando los tiempos cambien.
La sospecha del capitalismo de preferencias
Existe una línea de crítica que trasciende los desacuerdos ideológicos tradicionales. Gira en torno a la posibilidad de que el diseño de estas políticas no responda a un análisis exhaustivo de cuáles son efectivamente los sectores más estratégicos para una economía moderna, sino que refleje afinidades personales, influencias de tecnomagnates que operan en la órbita de las decisiones gubernamentales, o simplemente, el juicio de un puñado de funcionarios con información fragmentaria. La presencia de figuras internacionales vinculadas a sectores tecnológicos de frontera, cuyo interés coincide notoriamente con los beneficios contemplados en el Súper RIGI, despierta preocupaciones legítimas. ¿Se trata de ingenuidad, connivencia o simplemente de la confluencia de intereses que aparentemente alienan con objetivos productivos? La respuesta dependerá, entre otros factores, de si esos sectores efectivamente generan encadenamientos productivos que benefician a otras ramas de la economía, o si funcionan como enclaves de rentabilidad desconectados del tejido económico nacional.
Hay una paradoja inquietante que estructura la contradicción interna del proyecto libertario. Por un lado, el Gobierno rechaza explícitamente la idea de que el Estado posea la capacidad de diseñar políticas productivas eficientes. Se ampara en conceptos teóricos bien conocidos, particularmente en las formulaciones del economista Friedrich Hayek sobre la arrogancia fatal de quienes pretenden dirigir centralizadamente una economía sin poseer la información dispersa que solo los agentes del mercado manejan. Ese diagnóstico es coherente: los burócratas, sin importar cuán inteligentes sean, no pueden aspirar a reemplazar los mecanismos descentralizados de coordinación que genera el mercado. Sin embargo, la gestión actual incurriría en una arrogancia de signo inverso. No se trata ya de planificadores que pretenden controlar la economía con regulaciones y restricciones, sino de desreguladores que afirman poseer el conocimiento preciso sobre cuáles son exactamente los sectores que merecen incentivos, durante cuánto tiempo, en qué magnitud, y con qué condiciones. El Estado libertario se atribuye la potestad de definir, con información tan incompleta como la de cualquier otro conjunto de autoridades, dónde cortar y dónde expandir, qué premiar y qué dejar librado al mercado. Ese ejercicio de poder concentrado, aunque ejercido bajo el signo de la desregulación, genera sus propias externalidades negativas.
Velocidad, amplitud y falta de deliberación
Lo que agrava la situación es el ritmo y la extensión de las reformas que salen desde los distintos ministerios. Federico Sturzenegger en Desregulación, Luis Caputo en Economía, Sandra Pettovello en Capital Humano, junto con las respectivas subsecretarías, impulsan cambios estructurales con una celeridad que genera dudas sobre la calidad del análisis de consecuencias colaterales. Basta observar episodios puntuales para documentar esa prisa. En el contexto del debate sobre la reforma laboral, Sturzenegger pronunció una frase que expone la ligereza con que a veces se procesan estas iniciativas: la sugerencia de que un empleador no tendría la obligación de pagar los días de ausencia de un trabajador lesionado jugando al fútbol. Esa propuesta no solo era jurídicamente cuestionable sino también una demostración de que el análisis de impacto no había sido exhaustivo. El artículo en cuestión terminó siendo eliminado, pero el episodio dejó al descubierto una dinámica donde las reformas avanzan sin siempre contar con el rigor que exigen transformaciones de tamaña envergadura.
La ausencia de una cámara de resonancia plural dentro del gobierno, donde convivan perspectivas distintas y expertos con miradas contrapuestas, amplifica el riesgo. Esto no es un argumento contra la desregulación en términos generales, sino una observación sobre el costo que tiene para la calidad de la política pública el clima de disciplinamiento que impera en la estructura gubernamental. El propio Milei reconoció públicamente que la decisión de levantar las LEFI —las letras financieras de largo plazo— fue personal suya, en contra de la opinión de su ministro de Economía. Sturzenegger, por su parte, manifestó una obediencia acrítica, afirmando que si el Presidente cree en alguien, él también cree. Estos no son detalles menores. Son síntomas de una estructura donde las disensos internos se resuelven mediante jerarquía y lealtad personal antes que mediante argumentación y análisis compartido. Esa dinámica es riesgosa cuando se trata de implementar transformaciones que afectarán la estructura económica durante décadas.
El caso de las universidades públicas y el sistema científico nacional ilustra hasta dónde puede llegar esa combinación de velocidad, falta de deliberación y análisis superficial. Desde el ministerio de Capital Humano se ha impulsado la idea de que las ingenierías son carreras estratégicas por su aplicabilidad directa a negocios, mientras que disciplinas de ciencia básica son consideradas periféricas o incluso luxuriosas. La física fue descrita, de manera reveladora, como "poesía". El subsecretario de Política Universitaria ha demostrado confusión elemental al referirse a carreras clave como "informática" o "ciencias de la información" cuando el sector de computación constituye uno de los campos más poblados y dinámicos del sistema educativo superior. Esa imprecisión no es trivial. Revela un desconocimiento preocupante sobre disciplinas que son absolutamente centrales para la economía del conocimiento que el propio Gobierno pretende impulsar mediante el Súper RIGI, cuyo énfasis en inteligencia artificial requiere precisamente de esas capacidades en ciencias de la computación que son menospreciadas desde la gestión oficial.
La pequeña y mediana empresa, sector clave para el empleo argentino, ya comienza a expresar sus propias preocupaciones sobre ciertas medidas desreguladoras. La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que impone nuevos requisitos en los recibos de sueldo para mayor transparencia, genera interrogantes en el empresariado pyme sobre los costos administrativos y operativos que implicaría su implementación. Esa inquietud no proviene de una resistencia ideológica a la modernización, sino de la preocupación concreta sobre cómo estas iniciativas impactarán en estructuras empresariales que operan bajo presiones de rentabilidad considerables. Nuevamente, la ausencia de una consulta exhaustiva con los actores afectados emerge como un déficit de proceso.
El enigma del largo plazo
El interrogante que vertebra toda esta discusión no tiene respuesta en el presente. ¿Las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas serán más positivas que negativas a mediano y largo plazo, o sucederá lo opuesto? ¿Se producirá un crecimiento económico que irradie beneficios hacia toda la estructura social, o emergirán externalidades negativas invisibles hoy pero que condicionarán la prosperidad futura? Es posible que ambas cosas ocurran simultáneamente: ganancias en ciertos indicadores acompañadas de costos en otros rubros. La historia económica argentina ofrece ejemplos de políticas que parecían virtuosas en el corto plazo pero que dejaron secuelas difíciles de remediar después. También hay contraejemplos de reformas que requirieron años para mostrar sus beneficios, pero que finalmente transformaron la economía en direcciones más productivas. El tiempo dirá cuál de estos escenarios se materializa, pero cuando ese tiempo llegue, muchas de las decisiones ya habrán sido irreversibles o extremadamente costosas de revertir.
Lo que sí resulta evidente es que el proceso mediante el cual se toman estas decisiones, el grado de deliberación que las acompaña y la amplitud de la consulta con expertos y actores afectados, condiciona la probabilidad de que los resultados sean más robustos. Un gobierno que avanza con reformas sin contrastar sus análisis con miradas diversas, que impulsa cambios con velocidad que no permite evaluar impactos colaterales, y que exhibe imprecisiones elementales sobre las áreas que pretende transformar, aumenta significativamente el riesgo de que esas políticas generen resultados no deseados en el futuro. Tal vez la pregunta más urgente no sea si la desregulación y la reforma estructural son en sí mismas beneficiosas o perjudiciales —ese es un debate de fondo sin respuestas universales—, sino si el método mediante el cual se implementan estas transformaciones incorpora los controles de calidad suficientes como para minimizar errores que serán costosos de corregir después.
