La maquinaria judicial sigue apretando tuercas en torno a un esquema que habría permitido la aprobación acelerada de importaciones a cambio de dinero en efectivo. El fiscal Franco Picardi ha enviado un nuevo oficio a la Dirección General de Aduanas, esta vez con carácter de urgencia, exigiendo que se identifique con precisión a cada uno de los funcionarios públicos que participaron en la autorización de solicitudes del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2020-2024. Este requerimiento constituye ya la cuarta iniciativa similar del magistrado, lo que evidencia una investigación que se profundiza y que no encuentra respuestas satisfactorias en las instituciones consultadas. Lo que está en juego es descubrir quién se beneficiaba de un mecanismo que, según los indicios reunidos hasta ahora, permitía obtener autorizaciones en apenas veinticuatro horas cuando lo normal era esperar hasta seis meses.
El circuito de los pagos y las divisas
Más allá del procedimiento administrativo relacionado con la aprobación de importaciones, la investigación tira de un hilo que conecta con otro negocio igualmente lucrativo: el acceso al dólar oficial durante la época del cepo cambiario. Los intermediarios que operaban en este circuito tenían la capacidad de acceder a divisas a precio regulado por el Estado para luego comercializarlas en el mercado paralelo, generando ganancias extraordinarias. Este movimiento de fondos, tanto en pesos como en divisas extranjeras, es justamente lo que el fiscal busca reconstruir mediante la documentación que reclama con urgencia. Los vínculos entre acelerar las importaciones y acceder a dólares baratos no son casuales: conforman un ecosistema de negocios conectados donde el lucro depende de la gestión oficial.
Según la información que obra en la causa, las comisiones pagadas por obtener aprobaciones express oscilaban entre el diez y el quince por ciento del monto importado. Una cifra que, aunque podría parecer moderada en la jerga comercial, cobra dimensiones distintas cuando se comprende que el tiempo ahorrado en seis meses de trámite significa inmovilizar capital, esperar en la incertidumbre, y perder oportunidades de negocio. Es decir, la propuesta de acelerar mediante un pago no era solo un servicio de conveniencia: era la diferencia entre rentabilidad e inactividad forzada. Esta lógica explica por qué empresas importadoras estarían dispuestas a desembolsar esos porcentajes adicionales.
El rastro de los mensajes y la identidad de los operadores
La investigación reposa en gran medida sobre el análisis del teléfono celular de Martín Migueles, propietario de casas de cambio con relaciones documentadas con Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En comunicaciones de 2023 que obra en la causa, aparecen referencias explícitas al pago de porcentajes a cambio de la gestión acelerada de solicitudes SIRA. Estos registros no son conversaciones ambiguas ni indirectas: contienen alusiones claras a transacciones económicas vinculadas a tramitaciones express. La evidencia de estos mensajes permite al fiscal sostener que no se trata de sospechas especulativas, sino de un esquema que fue comunicado entre los participantes con un lenguaje que reconoce la naturaleza comercial del arreglo.
En su nuevo oficio dirigido a José Velis, titular de Aduanas, el fiscal solicita con énfasis "de forma urgente" el listado exhaustivo de todos los agentes que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante 2023, con identificación específica de quienes participaron en la autorización de solicitudes de tres empresas cuyos nombres no han sido difundidos públicamente hasta el momento. No obstante, la causa menciona a Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. como sujetos de investigación. El requerimiento también fue enviado al Banco Central y al Ministerio de Economía, dos instituciones claves para rastrear flujos de fondos y decisiones sobre acceso al dólar oficial.
La frustración del magistrado ante respuestas evasivas
Lo que resulta llamativo en este escenario es que Picardi ha debido reiterar su demanda por tercera y cuarta vez. Las respuestas anteriores que llegaron desde Aduanas no satisficieron el requerimiento: se limitaron a explicar el funcionamiento automatizado del sistema SIRA y derivaron nuevamente el pedido hacia la misma institución, sin aportar datos concretos acerca de qué funcionarios específicos intervinieron en cada caso. Este círculo de derivaciones y explicaciones técnicas, en lugar de respuestas nominativas, sugiere una dificultad institucional para o una renuencia a identificar con claridad a los responsables de cada aprobación. Un sistema completamente automatizado no explica por qué algunos trámites se completaban en veinticuatro horas mientras que otros demoraban semestres, ni quién tenía la potestad de priorizar solicitudes en el sistema.
Este patrón de respuestas insuficientes ha obligado al fiscal a adoptar un tono más imperativo y a insistir con carácter de urgencia. La repetición del requerimiento no es un mero trámite burocrático, sino un mecanismo para establecer un registro donde quede constancia de que se pidieron datos específicos y de que no fueron proporcionados, lo que puede derivar en imputaciones adicionales por obstrucción a la justicia o falta de cumplimiento de órdenes judiciales. En otras palabras, la insistencia del fiscal es también un modo de proteger la investigación para el futuro, documentando cada paso incumplido.
El marco temporal y los actores políticos involucrados
El período investigado comprende desde 2020 hasta 2024, lo que abarca prácticamente la totalidad del gobierno de Alberto Fernández y específicamente la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Este recorte temporal no es arbitrario: coincide con la implementación progresiva del cepo cambiario y con la intensificación de las restricciones al acceso al dólar oficial, mecanismos que crearon las condiciones para que intermediarios con conexiones políticas o administrativas pudieran obtener ventajas competitivas sobre el resto del mercado. La combinación de controles cambiarios estrictos y procedimientos aduanales lentos generó un caldo de cultivo para operaciones al margen de los cauces formales. Cuando el Estado regula fuertemente ciertos mercados, la corrupción no desaparece: simplemente cambia de forma y busca nuevos canales. En este caso, los canales fueron las aprobaciones de importaciones aceleradas y el acceso preferencial a divisas.
La investigación de Picardi se inserta en un contexto más amplio de examen de las decisiones administrativas durante los años 2020-2024, período donde múltiples organismos federales han enfrentado escrutinio por presuntas irregularidades. Aunque la causa específica se concentra en SIRA y divisas, toca un nervio sensible sobre cómo funcionó la distribución de oportunidades y recursos durante esos años. La pregunta implícita que atraviesa toda la investigación es: ¿quién accedía a los beneficios del sistema y mediante qué mecanismos?
Prospectiva: incógnitas y posibles desenlaces
Las próximas semanas determinarán si la Dirección General de Aduanas, bajo presión del carácter urgente del nuevo requerimiento, proporciona finalmente los datos solicitados o si vuelve a responder con explicaciones genéricas y derivaciones. De lograrse acceso a los listados nominativos de funcionarios, el fiscal contará con información crucial para avanzar en imputaciones concretas. Si las respuestas continúan siendo evasivas, los propios silencios y obstáculos podrían constituir material probatorio sobre la existencia de una estructura institucional que prefirió proteger a ciertos actores antes que colaborar con la justicia. Desde una perspectiva de transparencia administrativa, cualquiera de ambos escenarios revela déficits en el funcionamiento de instituciones públicas. Desde la perspectiva de los ciudadanos que dependen de procedimientos claros e imparciales, el resultado de esta investigación importa porque establece un precedente sobre si los mecanismos de control pueden penetrar en las zonas grises de la gestión estatal o si estas permanecen fuera del alcance efectivo de la justicia.
