Una red de funcionarios provenientes de Mendoza, que se enquistó durante dos décadas en la administración de Arsat, acaba de quedar expuesta por una investigación que reveló el crecimiento exponencial de sus fortunas personales. Facundo Leal, expresidente de la empresa, fue detenido hace poco más de una semana tras operativos que descubrieron en sus propiedades más de dos millones de dólares en efectivo y un importante volumen de sustancias controladas. Lo que comenzó como una indagación sobre posibles coimas en la contratación de servicios se expande ahora hacia dimensiones mayores, cuestionando cómo un grupo cerrado de individuos logró mantener control sobre áreas cruciales del sector público durante tanto tiempo, mientras su patrimonio crecía de formas que desafían explicación racional.

El núcleo de esta estructura está compuesto por figuras que llegaron a Arsat de la mano del exgobernador mendocino Rodolfo Gabrielli hace aproximadamente dos décadas. Más allá de Leal, la nómina incluye a Gerardo Boschin, quien pasó de ser gerente de compras a ocupar un puesto directivo en Trenes Argentinos; Juan Andrés Navarro, que se desempeñaba como subgerente de Administración y Finanzas; y Pablo Gastón Pagani, quien dirigía el área de Finanzas. Paralelamente, otros miembros del círculo como Leonardo Comperatore —exministro de Seguridad de Mendoza que luego lideró Relaciones Institucionales en Arsat— fue designado durante la administración libertaria como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Santiago Trezza Silva, abogado con participación en múltiples roles dentro del ecosistema empresarial de Arsat, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología, completan el cuadro. Cuatro de estos individuos enfrentan ahora imputaciones con solicitud de indagatoria por sospechas de haber percibido coimas a cambio de favorecer contratos específicos.

El ascenso y la expansión hacia nuevas estructuras de poder

Lo notable no es únicamente que estos funcionarios permanecieron dentro del organismo durante veinte años, sino que su influencia se expandió significativamente a partir de 2025. Todos aquellos que obtuvieron posiciones relevantes en la nueva administración renunciaron en forma conjunta durante enero de este año, coincidiendo con la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte. Pierrini, también oriundo de Mendoza, funciona como nexo explicativo de cómo el grupo pasó de controlar una empresa específica a ocupar cargos en instituciones tan diversas como Trenes Argentinos e Infraestructura Aeroportuaria. Se atribuye a Pierrini su llegada al sector transporte gracias a recomendaciones de Juan Pazo, exfuncionario de ARCA durante la gestión libertaria que previamente había ejercido como superintendente de Seguros bajo Mauricio Macri. Pazo habría consolidado una relación con Pierrini durante el período en que este trabajaba como gerente general de Triunfo Seguros. Este encadenamiento de conexiones ilustra cómo operan las redes dentro de la administración pública: no como resultado de procesos transparentes de selección, sino mediante vínculos previos que garantizan lealtades y facilitan el acceso a posiciones estratégicas.

Sin embargo, la penetración de Leal y su grupo trasciende los límites de la política institucional. Los documentos judiciales y testimonios de fuentes conocedoras del ambiente sugieren que mantienen relaciones de años con personajes de considerable poder económico y social. Leal conoce desde hace tiempo a Leonardo Scatturice, empresario con conexiones extensas en Estados Unidos que ganó protagonismo en la gestión libertaria a través de una alianza con Santiago Caputo. Aunque el interés de Scatturice en los servicios de Arsat precede al período actual, esta asociación ejemplifica cómo individuos de la órbita pública pueden estrechar vínculos con actores privados influyentes. El círculo también incluye relaciones con empresarios mendocinos de trayectoria significativa, como José Luis Manzano y Daniel Vila. De particular relevancia resulta la conexión con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA: se ha documentado que Pierrini y Leal viajaron en una aeronave atribuida a Toviggino hacia España. Estas vinculaciones pueden rastrearse parcialmente hasta Octavio Falasco, quien durante años estuvo inmerso en espacios vinculados al mundo del fútbol y la AFA. No debe descartarse, además, la hipótesis de que intereses compartidos —particularmente la crianza de equinos criollos, hobby del cual participan tanto Leal como Toviggino— hayan facilitado la construcción de este tejido relacional.

El crecimiento patrimonial desproporcionado y las prácticas asociadas

Los números que emergen del análisis de las declaraciones de bienes resultan elocuentes respecto al ritmo de enriquecimiento. En 2020, Leal declaró un patrimonio total de aproximadamente 39,2 millones de pesos, compuesto por varias propiedades en Mendoza, tres vehículos de rango medio-alto, algunas cuentas bancarias y una explotación unipersonal. Cinco años después, al asumir como presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, su declaración de bienes reflejaba un patrimonio de 528 millones de pesos, lo que implica una multiplicación de 13,4 veces en el transcurso de medio lustro. Esta expansión incluye siete propiedades inmuebles distribuidas entre Godoy Cruz, la capital mendocina y Malargüe, con superficies que varían entre 949 y 42 metros cuadrados. La propiedad de mayor valor —un inmueble de 719 metros cuadrados destinado al alquiler en Godoy Cruz— llevaba una valuación de 79 millones de pesos. El conjunto inmobiliario superaba los 195 millones en términos de valor fiscal. A esto se suma una cantidad de efectivo en pesos superior a 61 millones, depósitos en dólares por más de 3,3 millones de pesos según el tipo de cambio declarado, y un rubro particularmente ambiguo: una "empresa unipersonal" valuada en 220 millones de pesos sin descripción detallada de sus actividades. El hallazgo de más de dos millones de dólares en efectivo durante los operativos policiales añade un interrogante adicional sobre la magnitud real de los fondos disponibles.

La trayectoria de Boschin ofrece un patrón similar aunque acelerado. En su declaración de 2020 reportaba un patrimonio de poco más de 2 millones de pesos: dos vehículos de gama baja, 75 pesos en cuenta corriente y una deuda prendaria con HSBC por 352.800 pesos. Para inicios de 2024, su situación patrimonial se había transformado de manera notable. Declaraba entonces cuatro vehículos, siendo los más relevantes un Volkswagen Taos Highline 2021 valuado en casi 20 millones de pesos y una Volkswagen Amarok Extreme V6 modelo 2023 con valor superior a 32 millones. Su patrimonio total al cierre de 2024 superaba los 240 millones de pesos. Estos incrementos, acaecidos en períodos de apenas cuatro a cinco años, contrastan drásticamente con los ingresos que podrían justificarse mediante salarios de funcionarios públicos, incluso en posiciones de jerarquía moderada.

Las prácticas asociadas a este grupo durante su permanencia en el poder revelan patrones de conducta que sugieren una mentalidad de impunidad. Las instalaciones de Arsat en Benavídez, provincia de Buenos Aires, fueron utilizadas durante la pandemia para realizar asados y celebraciones privadas, a pesar de las restricciones vigentes y las denuncias reiteradas de vecinos que llevaron a intervenciones policiales. En Mendoza, el destino frecuente de reuniones era Las Palapas, un espacio exclusivo de eventos en Dique Potrerillos, habitualmente destinado a fiestas electrónicas. Conforme relatos de personas familiarizadas con estos círculos, a mediados del año anterior el grupo viajó a Marbella, España, bajo invitación de un contratista del Estado. Según la caracterización de una fuente, el viaje respondía a un propósito específico: "festejar que cerraron un contrato". Adicionalmente, se ha documentado una imagen de Leal compartiendo una comida con un intermediario de la empresa Huawei, multinacional con interés prolongado en oportunidades comerciales en el sector de telecomunicaciones argentino. Estos detalles, aunque a primera vista pueden parecer anecdóticos, funcionan como indicadores de una red que operaba bajo la presunción de que sus actividades permanecerían protegidas de escrutinio.

La expansión de la investigación y sus posibles alcances

La causa se encuentra en fase de expansión significativa. El juez Mirabelli y el fiscal Domínguez poseen ahora en su poder dispositivos electrónicos, computadoras y documentación confiscados en operativos realizados en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El análisis forense de estos materiales constituye la próxima etapa crítica de la investigación. De acuerdo con fuentes vinculadas a la administración de justicia, es precisamente este análisis el que podría desvelar la arquitectura completa de la red: cuántos proveedores efectuaron retornos de fondos, en qué magnitudes operaron, y qué porcentaje de los contratos celebrados durante la presidencia de Leal en Arsat estuvo comprometido por prácticas corruptas. Los paralelismos entre los patrimonios declarados y los hallazgos materiales sugieren que lo encontrado hasta el momento representa apenas una fracción de los movimientos financieros que pudieron haberse ejecutado. Especialistas en criminología financiera reconocen que, en estructuras de este tipo, los fondos incautados suelen constituir únicamente un porcentaje detectable de operaciones más amplias que permanecen ocultas en múltiples capas de intermediación.

Las implicancias de este caso se extienden más allá de los individuos directamente implicados. Plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control dentro de empresas públicas, sobre cómo grupos cerrados logran perpetuarse en estructuras administrativas durante décadas, y sobre la porosidad de las fronteras entre los ámbitos público y privado en la Argentina contemporánea. La capacidad que demostró Leal para transitar entre diferentes espacios políticos —desde su vínculo inicial con Rodolfo Gabrielli, pasando por su alineamiento con Alberto Fernández, hasta su integración en la administración libertaria— sugiere una fluidez en las lealtades que prioritiza el mantenimiento de posiciones de poder sobre adherencias ideológicas específicas. De manera simultánea, la red de conexiones tejida con empresarios, funcionarios de distintas gestiones, y personajes del mundo del deporte refleja una realidad donde las decisiones sobre asignación de recursos públicos pueden estar determinadas por proximidades personales, históricas o de otra índole, antes que por criterios de mérito, transparencia o eficiencia. Los procesos judiciales en curso determinarán la responsabilidad individual de cada uno de los imputados, pero independientemente de sus resultados, este episodio expone dinámicas que merecen reflexión institucional más amplia sobre cómo se estructuran y supervisan los organismos del Estado.