La reforma electoral que impulsa el Ejecutivo nacional dejó de ser un tema exclusivamente técnico-legislativo para convertirse en una moneda de cambio en las negociaciones que mantienen la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Lo que comenzó como un debate sobre mecanismos de votación y financiamiento de campañas se metamorfoseó en algo más inmediato y perecedero: la disputa por quién competirá en los comicios de 2027 y con qué intensidad. Esta mutación refleja una realidad política donde los acuerdos de gobernanza nacional no pueden desvincularse de las ambiciones territoriales, y donde cada provincia negocia desde su propia trinchera de poder.
El proyecto que circula desde Balcarce 50 incluye varios componentes que generan fricción. La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias figura como el más controversial, pero junto a ella viajan modificaciones en el régimen de financiamiento de fuerzas políticas, cambios en los requisitos para armar las listas de candidatos, la suspensión de la elección directa de diputados del Mercosur y la implementación de la denominada ficha limpia. Mientras referentes del PRO y la Unión Cívica Radical, ambos socios parlamentarios del oficialismo, ya comunicaron que no respaldarán avance alguno sin un estudio pormenorizado de la iniciativa, en el frente de los gobernadores la resistencia toma tonos distintos según el distrito.
El rechazo a las PASO y las contraofertasprovinciales
Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo salió al cruce de la iniciativa con una propuesta alternativa que busca preservar el mecanismo electoral pero reconfigurar quién paga la factura. Su planteo es directo: mantener las PASO obligatorias, pero que cada partido político asuma el costo íntegro sin aportes estatales ni para publicidad, ni para propaganda, ni para asignación de recursos. Además, sugiere restringir su participación solo a aquellas fuerzas que presenten más de una lista en competencia. Esta posición representa un giro conceptual respecto de cómo se financian históricamente los procesos electorales en Argentina, donde el Estado ha asumido tradicionalmente gran parte de la carga.
En Catamarca, el tono de Raúl Jalil fue más cauteloso. Sin cerrar puertas ni abrir del todo las ventanas, expresó una posición de espera reflexiva: reconocer que existe un debate político sobre las PASO, pero postergar el juicio de valor hasta tener más elementos para decidir si conviene o no. En contraste, desde Salta, Gustavo Sáenz ya se adelantó a la reforma nacional. Hace poco tiempo obtuvo la aprobación legislativa de cambios en el sistema electoral provincial que comparten DNA con lo que Nación intenta: eliminación de las PASO y una arquitectura nueva donde cada frente puede presentar hasta cuatro listas sin un piso mínimo de votos para acceder a la distribución de cargos. Esta experiencia local transforma a Sáenz en un referente práctico del modelo que el Gobierno quiere impulsar en todo el país.
El viaje de negociaciones y la estrategia territorial
Diego Santilli, ministro del Interior, ya activó una nueva ronda de gestiones con los gobernadores. En las últimas semanas pasó por Río Negro con Alberto Weretilneck, San Luis con Claudio Poggi, Corrientes con Juan Pablo Valdés, Jujuy con Carlos Sadir, además de encuentros con aliados reconocidos como Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Zdero en Chaco y Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Paralelamente, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, efectúa llamadas propias para medir el termómetro del respaldo. El Gobierno descuenta que el debate será áspero, pero invierte recursos políticos en construir consenso previo antes de presentar batalla legislativa de verdad.
Sin embargo, lo que hace diferente a esta ronda respecto de negociaciones anteriores es que sobre la mesa del diálogo ya no reposan solo asuntos típicos: obras de infraestructura, transferencias presupuestarias, proyectos de financiamiento provincial. Ahora aparece con claridad meridiana el mapa electoral que La Libertad Avanza está diseñando para 2027. Según fuentes que circulan en los ámbitos de decisión de la Casa Rosada, el movimiento libertario está dispuesto a hacer "guiños" a ciertos gobernadores en algunos distritos, absteniéndose de presentar candidatos de peso para enfrentarlos. Simultáneamente, en otros territorios, la decisión es "jugar a fondo" con toda la artillería disponible. Esta segmentación territorial responde a cálculos sobre dónde puede ganar y dónde debe priorizar otros objetivos. Los armadores de la fórmula —Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem— aparecen más dispuestos a alejarse de posiciones puristas a la hora de definir candidatos para gobernaciones, lo que suaviza un poco el discurso que caracterizaba al movimiento en sus orígenes.
Entre los mandatarios actuales que tienen habilitada la posibilidad de reelección figuran Martín Llaryora en Córdoba, Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Ignacio Torres en Chubut, Marcelo Orrego en San Juan, Claudio Vidal en Santa Cruz, y también Zdero, Frigerio, Sadir y Poggi. De este conjunto, los libertarios tienen identificada a Córdoba como un objetivo de alto impacto. La provincia lleva gobernada por el peronismo ininterrumpidamente desde 1999, y los cálculos internos sugieren que es territory donde pueden avanzar de manera significativa. Una foto de Gabriel Bornoroni —figura emergente del libertarianismo local— y Luis Juez —con trayectoria política más reconocida— tomada conjuntamente en el contexto de un acto cívico el 1 de mayo, encendió las señales de alerta sobre la intensidad de una eventual competencia.
Algunos gobernadores buscan obtener del Gobierno nacional una promesa tácita o explícita: enfrentarse con candidatos de baja intensidad que no compliquen sus aspiraciones de continuidad. Para los libertarios, esta es la lógica subyacente de buena parte de las conversaciones. No obstante, los diálogos directos sobre cuestiones electorales específicas de cada distrito comenzarían tras el Mundial, según la planificación que manejan en el Ejecutivo. Antes de eso, se espera "mayor claridad" sobre cuestiones que inciden en la gobernabilidad general: la situación del jefe de Gabinete, la trayectoria que siga tomando la economía, y los primeros impactos visibles de licitaciones de rutas en la obra pública.
El contexto de las transferencias y la fragilidad fiscal
El marco de estas negociaciones se desarrolla en un escenario de austeridad fiscal que afecta directamente a las provincias. En abril, las transferencias automáticas que el Gobierno nacional envía a los distritos volvieron a retroceder, con caídas reales del 3,3% interanual. Este dato representa la cuarta contracción consecutiva en ese rubro. Acumulado en el primer cuatrimestre del año, el descenso interanual real alcanzó 5,7%, un guarismo que genera presión sobre las arcas provinciales y que, inevitablemente, entra como variable en toda negociación con los gobernadores. Es en este contexto de restricción financiera donde el Ejecutivo intenta vender su agenda de reforma electoral, mientras que desde los territorios se busca extraer concesiones tanto en recursos como en decisiones sobre la contienda electoral venidera.
Lo que emerge de este entramado es un escenario político de transacciones múltiples, donde los temas no se resuelven en compartimentos aislados sino en conexión unos con otros. La reforma electoral no será aprobada o rechazada en función de sus méritos técnicos únicamente, sino que estará ligada a cómo cada gobernador pueda negociar sus propios intereses: acceso a fondos, proyectos de inversión en su provincia, y sobre todo, qué candidatos del oficialismo irán a competir en sus territorios cuando llegue 2027. La viabilidad política del proyecto dependerá en buena medida de qué tan creíble sea el Gobierno a la hora de ofrecer estos "guiños" selectivos y qué tan dispuestos estén los mandatarios provinciales a aceptar los términos que se les presenten.
