A poco de entrar en la fase final de un juicio que lleva años en los tribunales porteños, emergen detalles que profundizan el panorama de complejidad administrativa en torno a uno de los programas de viviendas de mayor escala durante la gestión anterior. Sergio Schoklender, quien fungió como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, volvió a declarar esta semana y en su tercera comparecencia ante los magistrados añadió información que sitúa a Emilio Pérsico y su organización, el Movimiento Evita, en el centro de una cadena de traspaso de responsabilidades que coincidió con la parálisis de numerosas construcciones. Lo que comenzó como un caso de malversación de fondos se transforma, a través de estos testimonios sucesivos, en un mapa de delegaciones que dejó a proveedores pequeños cobrando con cheques a plazos mientras otras personas circulaban por las oficinas del programa portando cajas de efectivo.
El testigo que activó la pista
Durante una audiencia previa, un comerciante que operaba un corralón de materiales en la zona de Lanús presentó su experiencia como proveedor del programa. Su relato fue contundente: mientras él recibía compromisos de pago a treinta, sesenta, noventa y ciento veinte días, presenció movimientos de dinero en efectivo que no llegaba a manos de quienes suministraban materiales. Específicamente, mencionó haber visto a "un tal Pérsico" trasportando una caja repleta de billetes dentro de las instalaciones de la fundación. Este testimonio, aparentemente puntual, funcionó como detonante para que Schoklender aprovechara su nueva intervención ante el tribunal y desarrollara una teoría sobre quién finalmente asumió las riendas del programa cuando su propia gestión fue cuestionada.
La declaración del comerciante proveedor no es un dato menor. Representa la perspectiva de quienes quedaron fuera del circuito de dinero disponible inmediato, aquellos que sostuvieron con sus materiales y trabajo las obras que en papel formaban parte de un programa social de envergadura nacional. Sus palabras funcionaron como un espejo en el que se refleja la desigualdad en los accesos a financiamiento: mientras algunos recibían efectivo de inmediato, otros debían esperar meses o directamente no cobraban.
La cadena de traspasos y responsabilidades
Según la declaración de Schoklender esta semana, en 2011 la entonces presidenta Cristina Kirchner tomó la decisión de transferir la administración y ejecución completa del programa a Pérsico y su movimiento político-social. Esto ocurrió meses después de que Schoklender fuera removido de sus funciones, cuando las denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos ya circulaban públicamente. La fundadora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien en ese momento enfrentaba presiones políticas, procedió a revocar los poderes que había otorgado a Schoklender y a su hermano Pablo, transfiriendo autoridad a su hija María Alejandra Bonafini y, según lo expresado ahora, delegando operativamente el programa a la organización conducida por Pérsico.
Este sistema de delegaciones cascada es revelador de cómo funcionaban las estructuras de poder en torno a iniciativas de gran magnitud presupuestaria. La decisión de cambiar de operador no significó investigación de los desvíos previos ni recuperación de fondos desviados. Simplemente trasladó la responsabilidad a nuevas manos, en este caso a un dirigente piquetero con capacidad de movilización territorial pero sin aparente experiencia previa en administración de programas de vivienda de esa escala.
Un sistema de drenaje permanente según los acusados
En su comparecencia ante el fiscal Diego Velazco, Schoklender profundizó en una acusación que trasciende lo meramente administrativo: argumentó que el programa sufría un drenaje constante de recursos financiados por demandas políticas. Mencionó específicamente a Oscar Parrilli, a la propia presidenta, y a Amado Boudou como actores que solicitaban fondos desde la fundación. Según su relato, cuando Hebe de Bonafini comunicaba que necesitaba una suma determinada de dinero, el mecanismo se activaba para conseguirla, ya fuera para pagar salarios de antiguos militantes de organizaciones revolucionarias o para financiar campañas electorales de candidatos respaldados por funcionarios del gobierno.
Este testimonio, aunque proviene de quien está acusado de fraude, presenta una lógica que otros elementos del expediente parecen respaldar. No se trata de robo tradicional sino de una desviación sistemática de fondos públicos hacia fines políticos, utilizando la estructura de una institución vinculada a derechos humanos como conducto. La Fundación Madres de Plaza de Mayo, con toda la legitimidad que su historia le confiere, se convirtió según esta versión en una herramienta de financiamiento de actividades político-electorales durante aquella administración.
Las cifras del desvío y los actores acusados
Los hermanos Schoklender enfrentan acusaciones por haberse apropiado del veintitrés por ciento del presupuesto total asignado a Sueños Compartidos. Una cifra que, en términos de un programa de viviendas de dimensiones nacionales, representa cientos de millones de pesos. El rastro de ese dinero conduce a empresas como Meldorek SA, en la que Sergio Schoklender adquirió el noventa por ciento de las acciones. Desde esa estructura societaria se financiaron compras de lujo: aviones, vehículos de alta gama y específicamente una Ferrari que se convirtió en símbolo emblemático de la desproporción entre la función pública cumplida y el enriquecimiento privado derivado.
El fiscal también ha señalado a otros funcionarios de la administración anterior: el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala y el exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Luis Rafael Bontempo. Cada uno de ellos aparece en el expediente con responsabilidades específicas en la cadena que permitió que fondos destinados a construcción de viviendas terminaran en manos privadas o en financiamiento de actividades políticas.
Versiones contrapuestas y la voz de Pérsico
Cuando consultado directamente sobre su participación en Sueños Compartidos, Emilio Pérsico presentó una versión completamente distinta a la ofrecida por Schoklender. Según su relato, el Movimiento Evita nunca trabajó directamente en el programa nacional, sino únicamente en obras vinculadas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las que mantenía coordinación directa. Negó haber estado presencialmente en las oficinas centrales del programa y caracterizó la relación entre su organización y la Fundación Madres como conflictiva.
Schoklender, por su lado, insistió en que Pérsico transformó tareas registradas del programa en "becas", un movimiento administrativo que según su interpretación paralizó la continuidad de las obras. Esta contraposición de versiones es típica de expedientes donde intervienen múltiples actores con incentivos diversos para presentar su participación como menor o nula. Lo que sí emerge con claridad del registro es que durante el período en que Pérsico estuvo vinculado al programa, hubo una aceleración de paralización de obras y una transformación de su estructura operativa.
El tribunal oral número cinco iniciará en los próximos días la fase de alegatos, comenzando por las argumentaciones del fiscal Velazco. Esta etapa resultará decisiva para determinar responsabilidades específicas de cada actor acusado. Los interrogantes sobre qué sucedió exactamente con el dinero, quién tomó las decisiones en cada eslabón de la cadena y cómo se justifican las diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado deberán encontrar respuesta en las conclusiones de los magistrados. La complejidad del caso radica precisamente en que no se trata de un único acto de corrupción sino de un sistema institucionalizado de desviación de recursos que atravesó múltiples estructuras públicas y privadas durante años.
Las implicancias de un sistema que funcionó hasta colapsar
Lo que este proceso judicial pone al descubierto es la fragilidad de los mecanismos de control sobre programas de gran envergadura cuando operan sin supervisión efectiva y con participación de actores con capacidad de decisión política sin contrapeso institucional. Sueños Compartidos fue concebido como respuesta a una necesidad habitacional masiva, un objetivo legítimo que se vio capturado por dinámicas de financiamiento político y enriquecimiento privado. Los pequeños proveedores que aguardaban meses para cobrar, los constructores que debieron paralizar obras por falta de fondos, y las familias que nunca recibieron las viviendas que les corresponderían, son los verdaderos damnificados de un esquema administrativo que priorizó otros objetivos por sobre su misión original.
Las decisiones que se adopten en los próximos alegatos del tribunal tendrán consecuencias que se proyectan en múltiples direcciones. Por un lado, establecerán precedentes sobre cómo se juzgan las responsabilidades en estructuras complejas donde intervienen funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos. Por otro, enviarán mensajes sobre los límites legales para la utilización de instituciones de bien público con fines de financiamiento electoral o político. Simultáneamente, los laudos judiciales determinarán si es posible recuperar recursos públicos y en qué medida se castiga el involucramiento de distintos niveles de responsabilidad en un esquema que funcionó durante años sin intervención preventiva de organismos de control.
