Los entretelones de uno de los mayores escándalos de corrupción que sacudió la administración pública argentina durante la década pasada continúan saliendo a la luz a través de testimonios que revelan no solo el funcionamiento de las redes ilícitas, sino también las tensiones internas entre los propios protagonistas del entramado delictivo. Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, presentó ante los tribunales federales un relato pormenorizado sobre cómo operaba el esquema de traslado de dinero de sobornos, qué rol jugaban las personas utilizadas como pantalla legal y cuáles fueron las fricciones que surgieron entre quienes se suponía actuaban en conjunto para enriquecerse ilícitamente. Su declaración judicial no solo añade capas de complejidad al entendimiento de la corrupción sistemática, sino que también pone en evidencia cómo la violencia y el control formaban parte de las dinámicas internas de estos círculos.
El papel de las mujeres como testaferros invisibles
Según el relato que Horovitz brindó en su comparecencia ante la justicia, fue utilizada como testaferro para encubrir la real propiedad de una flota de vehículos de remise que operaba desde uno de los domicilios de Centeno. Este mecanismo, que no era excepcional sino más bien sistemático en esquemas de este tipo, permitía a los funcionarios y sus allegados ocultar el origen de sus ganancias ilícitas mediante la inscripción formal a nombre de terceros. La mujer explicó que Centeno la registró como monotributista autónoma, aunque sin la categoría de monotributo, lo que la dejaba en una situación legal ambigua y vulnerable. Este tipo de arreglos administrativos funcionaba como un escudo para los verdaderos beneficiarios, transfiriendo riesgos legales hacia personas que, en muchos casos, carecían de real conocimiento sobre la magnitud de lo que estaban facilitando.
Una vez que la gestión gubernamental finalizó y los beneficios económicos dejaron de fluir, la estructura comenzó a desmoronarse rápidamente. Centeno procedió a vender los vehículos de manera acelerada, pero necesitaba que Horovitz compareciera en los trámites administrativos para completar la transferencia de propiedad. La mujer describió cómo fue obligada a participar activamente en el desmantelamiento de la flota que, según su relato, llegaba a estar compuesta por entre ocho y diez automóviles. Algunos estaban a nombre de Centeno, otros a nombre de testaferros adicionales, formando una red de capas que dificultaba rastrear la verdadera cadena de propiedad. Este patrón refleja una sofisticación elemental pero efectiva: dispersar la titularidad legal para evitar que un solo punto de quiebre pudiera colapsar toda la estructura.
Los conflictos por la distribución desigual de ganancias ilícitas
Más allá de los mecanismos técnicos de ocultamiento de patrimonio, el testimonio de Horovitz revela algo igualmente significativo: las disputas internas sobre cómo se dividían los beneficios entre los participantes de la red. Centeno, según relató su expareja, estaba profundamente disconforme con la porción que le correspondía en relación con los riesgos que asumía. La frase que Horovitz recordó sintetiza esta tensión: "Lo llevé a afanar y me tiró estas migajas". Estas palabras, pronunciadas por Centeno en momentos de evidente irritación tras bajar de su automóvil, revelan una jerarquía de poder en la que él se consideraba a sí mismo un actor subordinado cuya contribución no era adecuadamente recompensada.
La identidad de quién estaba en la otra punta de esta relación de insatisfacción es crucial para comprender la estructura de poder. Roberto Baratta, quien ocupaba un rol de confianza dentro del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión en cuestión, aparece en el testimonio como la persona responsable de determinar qué cantidad de dinero llegaba a manos de Centeno. Baratta funcionaba como una especie de gestor de recursos ilícitos, distribuyendo los beneficios extraídos de contratos públicos entre diversos actores del esquema. La frustración de Centeno sugiere que consideraba injusta esta distribución, que creía estar asumiendo mayores riesgos operacionales sin recibir una compensación proporcional. Este tipo de conflictos no es accidental: en estructuras delictivas complejas, las disputas sobre dinero y reconocimiento del aporte de cada miembro son prácticamente inevitables.
El trasiego de dinero: método y logística
El testimonio incluye detalles específicos sobre la logística del traslado de fondos que iluminan cómo operaba la mecánica cotidiana de la corrupción. Centeno se movía con dos tipos de contenedores: sobres de papel madera y un botinero, un pequeño bolso de cuero utilizado para transportar efectivo. Horovitz describió que su expareja llegaba con sobres llenos y se retiraba con bolsos vacíos, invirtiendo la dirección de la transferencia. Este patrón sugiere que Centeno actuaba como un distribuidor en la cadena logística de dinero: recibía los fondos en sobre (forma más discreta que maletas voluminosas) y probablemente los redistribuía a través de los bolsos hacia otros receptores en la cadena. El dinero en efectivo seguía siendo el método preferido porque no dejaba rastros electrónicos ni bancarios.
Centeno incluso instruyó a Horovitz sobre las técnicas específicas de empaque del dinero, demostrando una familiaridad práctica con el manejo de grandes volúmenes de efectivo. Le mostró cómo acomodar los fajos en diagonal o longitudinalmente dentro de los bolsos para maximizar la capacidad de almacenamiento, y le explicó cómo podía estimarse el volumen de dinero simplemente por el peso. Este tipo de conocimiento operacional refleja cuántas veces había realizado esta tarea. Para mediados de los 2000, cuando estas operaciones alcanzaban su máxima intensidad, el trasiego de dinero en efectivo era un aspecto tan normalizado en ciertos círculos gubernamentales que los involucrados desarrollaban verdadera expertise en cómo hacerlo de manera eficiente.
Violencia y control en el núcleo familiar
El relato de Horovitz no se circunscribe únicamente a los aspectos técnicos y jerárquicos de la estructura delictiva. La mujer presentó un cuadro oscuro sobre su relación con Centeno que incluye episodios de violencia y control coercitivo. Cuando intentó abandonar el domicilio que compartían, Centeno respondió con una reacción que ella describe como descontrolada, impidiéndole irse físicamente. Este tipo de comportamientos, aunque no constituyen el eje de la investigación judicial, forman parte del contexto en el cual la corrupción ocurría. Las personas involucradas en esquemas ilícitos, especialmente aquellas que ocupan posiciones de poder aunque sea relativo, frecuentemente reproducen patrones de violencia en sus espacios privados. Horovitz también mencionó que fue amenazada con armas de fuego por parte de Centeno en un momento de conflicto.
La reacción de la hija de Centeno —advirtiendo a Horovitz que si continuaba testificando contra su padre la demandría— añade una dimensión familiar al conflicto. Este tipo de presiones, que buscan desalentar la cooperación de testigos potenciales, son comunes en casos de corrupción donde la lealtad familiar se entrelaza con los intereses económicos ilícitos. Horovitz respondió con determinación, afirmando que si era llevada a juicio por represalias, todos los involucrados terminarían implicados. Su decisión de declarar a pesar de estas amenazas y de su deseo declarado de vengarse de Centeno por los malos tratos sufridos representa un quiebre significativo: cuando las dinámicas de poder internas se fracturan, los propios participantes del esquema se convierten en delatores.
Enriquecimiento visible y preguntas sin respuesta
A pesar de sus quejas sobre las "migajas" que recibía, Centeno logró acumular un patrimonio considerable durante los años de operación del esquema. Horovitz subraya que su expareja compró una flota de vehículos de remise, adquirió un departamento y obtuvo una propiedad en Olivos, una de las zonas residenciales de mayor valor adquisitivo en la zona metropolitana. Este enriquecimiento, que sin duda habría sido imposible a partir de sus ingresos formales como chofer, resulta evidente incluso para quienes lo rodeaban. La pregunta implícita que Horovitz le formula a Centeno en su testimonio —"¿No ves todo lo que te hiciste?"— subraya la incongruencia entre sus reclamos de injusticia y su visible prosperidad económica. Sin embargo, la perspectiva de Centeno parece haber sido que, considerando su rol en la operación, merecía aún más.
El contraste entre la percepción de Centeno sobre su compensación y la realidad de sus adquisiciones sugiere una distorsión psicológica común en personas insertas en estructuras corruptoras de larga data: la sensación de estar siendo defraudado a pesar del enriquecimiento. Esto puede ocurrir porque la referencia de comparación es el beneficio que observan que otros están obteniendo, no su situación económica anterior. Si Baratta o De Vido estaban acumulando fortunas significativamente mayores, entonces la frustración de Centeno, aunque injustificada moralmente, resultaba psicológicamente comprensible dentro de la lógica del esquema delictivo.
Implicancias y proyecciones futuras del caso
El testimonio de Horovitz proporciona a los investigadores y a los tribunales evidencia directa sobre cómo funcionaba operativamente la corrupción en el sector público durante esos años. No se trata solo de números en contratos públicos o de transferencias bancarias sospechosas, sino de la mecánica cotidiana: quién recibía qué, cuándo, cómo se trasladaba, cuáles eran las insatisfacciones internas. Este tipo de detalles granulares resulta crucial para sostener las acusaciones en juicio y para establecer las responsabilidades específicas de cada actor. La cooperación de un testigo que fue víctima de violencia y que ahora declara contra su expareja añade complejidad narrativa pero también credibilidad, porque su motivación es múltiple: justicia, venganza personal, y aparentemente, un deseo de que se conociera la verdad sobre lo ocurrido.
Las declaraciones vertidas tienen implicaciones que trascienden lo individual. La corrupción en el sector de obras públicas durante la década anterior dejó cicatrices en la administración del Estado, en proyectos que no se ejecutaron o se ejecutaron deficientemente, y en recursos públicos que debieron haberse invertido en servicios para la ciudadanía. Los testimonios que desglosan cómo operaban estas redes contribuyen a un entendimiento más profundo de cómo los sistemas de control fallaron y cómo la cultura institucional permitió estas prácticas. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones judiciales para procesar la complejidad de estos casos, para sentenciar adecuadamente a todos los involucrados, y para recuperar los recursos malversados. La diferencia entre revelaciones públicas y castigos efectivos, entre conocimiento de la corrupción y su real prevención futura, permanece como una brecha significativa en la experiencia argentina.
