El aparato estatal tiene grietas. A veces esas grietas se descubren años después, cuando documentos guardados en cajas polvorientas encuentran la luz y funcionarios que vieron cosas raras finalmente pueden hablar sin temor. Eso sucedió esta semana en una audiencia donde empleados de organismos de control expusieron ante un tribunal federal cómo empresarios aprovecharon contratos millonarios de infraestructura para transformar dinero público en efectivo, con destinos tan lejanos como Andorra o tan cercanos como los bolsillos de apoderados. Lo que emerge no es un delito aislado ni un error administrativo, sino un sistema montado con precisión: facturas falsas, proveedores fantasma, compras de dólares sin justificación, todo disfrazado de gastos comerciales ordinarios en los libros contables.

Durante casi dos décadas, gobiernos anteriores invirtieron recursos colosales en proyectos de obra pública. Esa magnitud de dinero circulando genera oportunidades, y donde hay oportunidades sin fiscalización rigurosa, germinan prácticas irregulares. Ahora, a través del testimonio de seis empleados de entes de control que comparecieron el jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, emergen detalles de cómo se operaba desde adentro. No se trata de sospechas ni de investigaciones inconclusas: son relatos de personas que estuvieron en las oficinas, vieron los números, circularon documentos a los bancos, y descubrieron incongruencias que los llevaron a preguntarse qué estaba pasando realmente.

El mecanismo: simple pero efectivo

Describir cómo funcionaba el esquema requiere entender una verdad elemental: todo delito financiero sofisticado tiene un corazón simple. El de este caso no es la excepción. Los empresarios que integraban uniones transitorias para adjudicarse obras —Isolux, Fainser, Sacde e Iecsa entre otros— recibían adelantos y pagos parciales del Estado. Hasta aquí, nada irregular. Lo que sucedía después sí. Contrataban a proveedores que emitían facturas. Esos proveedores, según indicios, no entregaban bienes ni servicios reales o la contraprestación no podía comprobarse. Las facturas se registraban contablemente como gastos comerciales legítimos vinculados a la obra. De esa manera, dinero público salía de las cuentas de las empresas sin respaldo documental, sin que un auditor interno pudiera cuestionarse demasiado.

Es un truco viejo, en realidad. Lo que lo distingue en este caso es la escala y los montos involucrados. Cuando el juego se desarrolla con decenas o cientos de millones de pesos, ya no estamos ante irregularidades contables sino ante desvío sistemático. Uno de los ejemplos que testigos expusieron involucra a Isolux, empresa que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio. El valor del contrato superaba los 2.000 millones de pesos. Durante la ejecución de ese proyecto, funcionarios de organismos de control detectaron que fondos estaban siendo derivados mediante intermediarios hacia el extranjero. Específicamente, los rastros apuntaban a que dinero había circulado a través de Nueva York hasta llegar a la Banca Privada de Andorra. Una testigo relató: "Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa". La admisión de ese límite es reveladora: el dinero seguía fluyendo hacia jurisdicciones donde los organismos locales no tenían alcance.

Cuando los dólares se convierten en dinero de bolsillo

Otro caso expuesto en la audiencia ilustra una variante del mismo esquema. La unión transitoria que ejecutaba el soterramiento del tren Sarmiento, integrada por Sacde e Iecsa, realizó operaciones de compra de dólares para tenencia. No se trata de compra de dólares para inversión o cobertura de riesgos cambiarios; la categoría "para tenencia" implica que el dinero era adquirido en moneda extranjera y mantenido en esa forma. En total, los movimientos rondaron los tres millones de dólares distribuidos en dos o tres operaciones. Cuando funcionarios circularon a Banco Santander Río —es decir, cuando formularon preguntas oficiales sobre qué sucedía con esos fondos—, la respuesta fue directa: los dólares habían sido entregados en efectivo a apoderados de la unión transitoria. María Marta Criscuolo, una de las testigos, relató el hallazgo con precisión de quién ha visto números que no cierran: "Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo".

Lo que ese testimonio revela es la transformación de dinero procedente de contratos públicos en efectivo entregable a individuos específicos, sin registros bancarios posteriores que permitan auditar su destino. Una vez que el dinero sale del sistema financiero en forma de billetes, el rastro se disuelve. Es el punto final de una lógica delincuencial: convertir fondos públicos en recursos disponibles para uso privado, sin huellas que perseguir.

La audiencia de esta semana marca un hito porque permitió que documentos que permanecían bajo secreto fiscal —información que ni siquiera los acusados podía consultar libremente— fueran sometidos al debate público y al derecho de defensa. Los testigos comparecieron con nombres y apellidos: Verónica Iglesias, Carlos Alberto Stafforini, María Marta Criscuolo, Diego Quintas, Fernando Francisco Lerendegui y Pedro Alfredo Puyo. Cada uno aportó perspectivas desde organismos de control que habían detectado inconsistencias en su momento. Los abogados defensores accedieron a documentación escaneada apenas horas antes de la audiencia, con indicación de mantener "extrema cautela" sobre su manejo. Eso sugiere que la información contenía datos sensibles: registros fiscales y bancarios de los imputados, exactamente lo que sustentaría la acusación.

Las implicancias de descubrir lo que se sabía pero no se decía

El hecho de que funcionarios de organismos como Arca (administrador de recursos y cobros aduaneros, que sucedió a la AFIP en algunas competencias) tuvieran conocimiento de estas operaciones años atrás pero que la información permaneciera resguardada bajo secreto fiscal plantea interrogantes sobre cómo se gestionaba el conocimiento institucional. No se trata de negligencia pura ni de desconocimiento: los datos estaban allí, las anomalías fueron detectadas, pero el sistema permitía que esa información circulara en carriles paralelos sin convertirse en acción pública. Ahora, en el contexto de un juicio, esos datos emergen como pruebas. Lo que permanecía confidencial deviene público. Los imputados conocen, por primera vez, la magnitud de lo que fue detectado sobre sus operaciones.

Para los próximos días están citados nuevos testigos. María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luís Giordano, Marcelo Pablo Costa y Eliseo Devoto comparecerán el martes 30 para aportar información adicional. Cada nombre representa otra persona que tiene datos, que vio algo, que participa en la reconstrucción de un rompecabezas que tardó años en armarse. El fiscal a cargo de la acusación, Fabiana León, ha basado la estrategia procesal en esta información acumulada: documentos confidenciales, testimonios directos, registros que solo las instituciones tenían.

La revelación de estos mecanismos no implica necesariamente culpabilidad establecida, sino la presentación de evidencia que permite al tribunal evaluar si los hechos responden a irregularidades administrativas o a acciones deliberadas de desvío. Las perspectivas sobre lo sucedido pueden variar: algunos verán en estos testimonios la confirmación de que sistemas de control existían y operaban, capaces de detectar anomalías; otros destacarán que esos sistemas tardaron años en convertir detección en acción legal. Las consecuencias de cómo el tribunal interprete esta evidencia se extenderán más allá del caso específico: marcarán precedentes sobre cómo se fiscaliza el uso de dinero público en grandes obras, cuáles son los estándares de responsabilidad para empresarios y funcionarios, y qué tipo de controles deben estar en marcha para evitar que dinero estatal desaparezca en operaciones de dudosa legitimidad.