La aprobación de un pliego judicial sobre tablas, el miércoles pasado, no fue simplemente un traspié administrativo más. Fue el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda que atraviesa las estructuras del poder ejecutivo: una fragmentación sin precedentes en las filas del oficialismo que amenaza con comprometer la capacidad de gobernar en el Congreso. Lo que sucedió en las últimas horas dentro de las paredes del Senado revelaron grietas tan profundas que varios legisladores reconocieron, privadamente, haber llegado a tocar fondo. El episodio de María Verónica Michelli, la magistrada cuyo nombramiento fue aprobado contra los deseos explícitos del presidente y su círculo íntimo, funcionó como catalizador de conflictos que venían fermentando bajo la superficie desde hacía semanas.
Los números no mienten: el gobierno que hace apenas meses celebraba una victoria electoral arrasadora en las legislativas ahora se ve obligado a negociar pliego por pliego en un Senado donde sus propios aliados no responden con disciplina. La sesión de martes reveló que Patricia Bullrich, quien conduce el bloque libertario desde el recinto, había comunicado a sus pares una decisión que desafiaba directamente las órdenes emanadas desde la Casa de Gobierno: invocaría su "objeción de conciencia" para no acompañar el veto presidencial a Michelli. La noticia circuló como un reguero de pólvora entre los despachos de legisladores y funcionarios. La exministra de Seguridad acababa de poner su renuncia a disposición del presidente en una conversación previa, lo que intensificó aún más la sensación de que algo fundamental estaba quebrándose en la arquitectura del poder.
El origen del caos: una candidata con los antecedentes equivocados
Retrocedamos un poco para entender cómo llegamos a este punto de ruptura. El gobierno había enviado el pliego de Michelli sin haber realizado una verificación elemental: la futura jueza era cuñada de un reconocido periodista que había publicado investigaciones sobre irregularidades financieras en organismos estatales. Este detalle, que cualquier búsqueda en internet habría revelado instantáneamente, pasó desapercibido en los escritorios del Ministerio de Justicia. Las críticas internas apuntaron con dureza hacia Juan Bautista Mahiques, quien conduce esa cartera, y hacia Karina Milei, la secretaria general de Presidencia que lo había colocado en el cargo. Algunos legisladores del bloque llegaron a comentar, sin ocultar su sarcasmo, que no había sido necesario desplegar equipos de inteligencia para descubrir quién era Michelli; una simple consulta a un motor de búsqueda habría bastado.
Pero los errores no terminaban allí. Juan Carlos Pagotto, senador menemista que preside la Comisión de Acuerdos, había ocultado el dictamen que avalaba el pliego. Contaba con las firmas necesarias para presentarlo, pero la Presidencia le había pedido que lo guardara bajo siete llaves. Cuando esta operación fue expuesta públicamente, el caso Michelli explotó en la primera plana de la política nacional. La reacción inmediata en los despachos libertarios fue buscar culpables. Bullrich fue señalada por haber "armado mal" la estructura de la comisión: si una alianza opositora podía formar mayoría sin necesidad del oficialismo, como quedó demostrado, entonces algo estaba profundamente mal en la estrategia legislativa.
La noche de los reproches: una reunión de bloque sin precedentes
Lo que sucedió en la reunión de bloque posterior a la sesión fue apenas la punta del iceberg. Las 24 horas anteriores habían sido de una tensión casi insoportable. Senadores ultraoficialistas, alineados directamente con las instrucciones que bajaban desde los círculos cercanos a la hermana del presidente, desataron una batería de críticas contra la jefa de la bancada. Los nombres que se mencionaban repetidamente eran Nadia Márquez, legisladora por Neuquén, y Joaquín Benegas Lynch, quien representa a Entre Ríos. Sus intervenciones fueron cargadas de acusaciones: Bullrich estaba jugando su propio partido, priorizaba sus intereses personalistas por encima del proyecto presidencial. Los testigos divergen en los detalles. Algunos afirman que el debate alcanzó decibeles muy altos, que llegó a los gritos. Otros sostienen que aunque las imputaciones fueron severas, se mantuvieron dentro de ciertos límites de decoro parlamentario. Lo cierto es que la temperatura política subió a extremos peligrosos.
El detonante de toda esta tormenta había sido la decisión de Bullrich de anunciar, el lunes precedente, que ejercería su derecho a abstenerse de respetar la orden presidencial sobre Michelli. Esa declaración pública funcionó como una bomba de fragmentación lanzada directamente al corazón del bloque. Cuando se supo que la senadora había colocado su continuidad al frente de la bancada como moneda de cambio en su conversación con el presidente, los sectores karinistas del gobierno comenzaron a tejer narrativas conspirativas. La peor de ellas: Bullrich y el ministro de Economía estarían coordinados en una maniobra para sabotear los acuerdos judiciales que la hermana presidencial había negociado personalmente con Mahiques.
La realidad resultó ser, como frecuentemente ocurre, menos dramática que la ficción política. Durante una reunión de coordinación parlamentaria celebrada el miércoles, Bullrich había propuesto tratar aproximadamente cincuenta pliegos en la sesión del jueves, dejando para otra ocasión el pliego de Michelli y el resto de los casos pendientes. Pero cuando el bloque opositor pidió detalles sobre cuál sería exactamente la lista de acuerdos a tratarse, Bullrich, presionada por la dinámica de la reunión, sugirió tomar la orden del día estándar, contar cincuenta pliegos desde el comienzo y trazar una línea allí. Todo lo que quedara por encima de esa línea se rezagaba. Fue así, accidentalmente, como el hijo del presidente de la Corte Suprema quedó fuera de la sesión del jueves. Las teorías de conspiración que circularon después fueron simples construcciones narrativas, fruto de una desconfianza tan profunda que cualquier decisión técnica era interpretada como maniobra política.
Las cicatrices de la interna: un sistema de gobierno fracturado
Lo verdaderamente preocupante no es el caso Michelli en sí mismo, ni siquiera los errores administrativos que rodearon su nombramiento. Lo inquietante es lo que estos eventos revelan sobre cómo está funcionando el gobierno desde adentro. Un senador oficialista, harto de la intoxicación constante que generan las disputas internas, ofreció un análisis mordaz sobre cómo operan las luchas de poder dentro del bloque: después de cada conflicto, bastaba con escuchar cierto programa radial a la mañana siguiente para identificar al "culpable del día". Aquel legislador o funcionario que apareciera brindando una entrevista matutina era, invariablemente, quien necesitaba "blanquearse", quien había estado en el centro del quilombo más reciente. Cuando estalló la polémica sobre los tuits de una cuenta relacionada con periodismo, Martín Menem fue el entrevistado del turno. Ahora le tocaba a Mahiques ocupar ese lugar incómodo. El patrón era predecible, aunque no por ello menos corrosivo.
Esta dinámica de internas permanentes, donde diferentes sectores del gobierno compiten por influencia y recursos, genera un costo político difícil de cuantificar pero innegable en sus efectos. El bloque libertario llegó a una sesión legislativa sin coordinación clara sobre qué se iba a tratar, generó confusiones sobre el orden de los pliegos, permitió que la oposición formara mayorías sin necesidad del oficialismo en comisiones clave, y expuso públicamente divisiones que debilitan la capacidad negociadora del Ejecutivo. Para las sesiones futuras, la pregunta que flota en el aire es si estas fracturas se pueden soldar o si, por el contrario, continuarán ampliándose.
Las consecuencias de lo ocurrido en estas últimas horas trascienden lo anecdótico o lo meramente político. Un gobierno que no logra disciplinar su propio bloque legislativo enfrenta limitaciones objetivas para ejecutar su agenda parlamentaria. La capacidad de negociar se erosiona cuando los propios aliados no confían entre sí, cuando diferentes sectores del oficialismo persiguen objetivos contrapuestos y cuando la toma de decisiones en el Ejecutivo no genera certeza sobre cuál será la posición del bloque en el recinto. Algunos observadores ven en estos hechos un síntoma de que la gobernabilidad inicial, que parecía consolidada tras el triunfo electoral del año pasado, está en riesgo. Otros sostienen que se trata de turbulencias normales en todo proceso de gobierno y que, una vez que se canalicen las tensiones, el bloque recuperará su cohesión. Lo que parece indudable es que los próximos meses serán decisivos para determinar si estas grietas se convierten en fracturas irreparables o si el oficialismo logra reconstruir la unidad que necesita para avanzar con su agenda legislativa.
