A pocas horas de que miles de estudiantes, docentes y personal administrativo de instituciones educativas de todo el país se movilicen hacia las plazas centrales, la Universidad de Buenos Aires transformó sus espacios académicos en escenarios de denuncia y visibilidad. Durante toda la jornada del lunes, entre las primeras luces del amanecer y el caer del atardecer, la institución más antigua de Argentina ejecutó una estrategia de comunicación contundente: abrir las puertas de sus facultades para que la ciudadanía presenciara en vivo cómo funciona la educación superior que hoy enfrenta una crisis de recursos sin precedentes. Lo que cambió fue la narrativa: en lugar de contenerse tras muros académicos, la Universidad decidió que sus aulas se convirtieran en tribunas públicas donde el conocimiento se exhibiera como un bien colectivo amenazado.
Una jornada de puertas abiertas con propósito político
La iniciativa de clases públicas no fue casual ni espontánea. Respondió a una intención muy deliberada: visibilizar el deterioro que padece el sistema universitario público argentino y poner en el centro del debate la Ley de Financiamiento Universitario, normativa sancionada por el Congreso nacional hace varios meses pero que, según denuncian las autoridades académicas, permanece en la práctica incumplida. Cuatro sedes de la UBA simultáneamente abrieron sus puertas: la facultad de Ciencias Económicas en la Avenida Córdoba, la histórica casa de Derecho en Figueroa Alcorta, Medicina en Paraguay y Veterinaria en Chorroarín. Cada una de estas instituciones presentó sus disciplinas al público general, permitiendo que cualquier persona accediera a ver cómo se enseña, cómo se investiga y cómo se trabaja en estos espacios que ahora enfrentan restricciones graves por falta de presupuesto.
En Ciencias Económicas, por ejemplo, se dictaron cuatro disertaciones diferentes a lo largo del día: por la mañana, los estudiantes de otras facultades y ciudadanos pudieron asistir a explicaciones de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1; luego, entrada la tarde, se dieron clases de Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores. No se trataba simplemente de académica: era pedagogía convertida en acto de resistencia. Cada fórmula explicada, cada concepto desarrollado, cada respuesta a una pregunta de un asistente ocasional, funcionaba como un recordatorio de que eso que estaban presenciando —ese intercambio de saberes, esa transmisión de conocimiento— es lo que está en riesgo.
Los decanos como voceros de la crisis institucional
La presencia de las máximas autoridades académicas reforzó el carácter de manifestación silenciosa pero efectiva. En Derecho, el decano Leandro Vergara optó por un espacio simbólicamente cargado: las escalinatas del edificio. Desde allí, a partir de las 10 de la mañana, dirigió su clase hacia quienes se acercaban, transformando uno de los lugares más emblemáticos de la Universidad de Buenos Aires en un aula abierta. La elección del espacio no fue decorativa: esas escalinatas son sitio de encuentro, de deliberación, de historia política universitaria. Ponerlas al servicio de la enseñanza pública era, en sí mismo, un comunicado.
Medicina llevó la estrategia más allá. A partir de las 11:30, el decano Luis Ignacio Brusco compartió responsabilidades y visibilidad con los decanos de Odontología, Pablo Rodríguez, y de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson. La suma de autoridades en un mismo acto reforzaba un mensaje que trascendía lo individual: era la institución completa, los campos de la salud en su integralidad, quienes se presentaban ante la sociedad pidiendo que reconociera lo que estaba en juego. Veterinaria, por su parte, llevó la jornada hacia las 13 horas, cuando el decano Alejo Pérez Carrera y el profesor Carlos Blanco desarrollaron con detalle un tema de contenido técnico: la topografía de la región del antebrazo. La especificidad del tema no minimizaba su importancia; al contrario, subrayaba que la Universidad forma profesionales en disciplinas precisas que requieren recursos, laboratorios, bibliografía, dedicación exclusiva de docentes.
El contexto de una crisis de financiamiento sin antecedentes recientes
Las clases públicas ocurrieron en un momento de tensión máxima entre el sistema educativo superior y el poder ejecutivo nacional. Hace días, la cartera de Capital Humano, conducida por Sandra Pettovellio, había lanzado una intimación dirigida a los rectores de todas las universidades públicas: debían presentar planes de contingencia para enfrentar paros docentes y no docentes, dejando clara una exigencia: garantizar el dictado de clases incluso en contextos de suspensión total de actividades académicas en algunas casas de estudio. El tono de esa comunicación oficial revelaba la intención de fragmentar la resistencia universitaria, obligando a cada institución a actuar de manera aislada ante un escenario de colapso presupuestario.
La reducción de transferencias al sistema educativo superior ha sido dramática durante los primeros meses de gestión iniciada en diciembre de 2023. Aunque la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada meses atrás, con acuerdos transversales en el Congreso, la ejecución presupuestaria por parte del Ejecutivo no se materializó. Las universidades reportan que los fondos destinados a investigación, infraestructura, mantenimiento y becas estudiantiles se desvanecieron. Lo que hace una década o quince años hubiera generado crisis políticas mayúsculas ahora ocurre casi con naturalidad en los márgenes del debate público, aunque sus consecuencias sean profundas: laboratorios sin insumos, centros de investigación paralizados, estudiantes sin apoyo económico para sostenerse.
La marcha federal como corolario de semanas de resistencia
Las clases públicas del lunes funcionaban como antesala a un acto de magnitud nacional previsto para el martes 12 de mayo. La marcha federal, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, sería la cuarta manifestación multitudinaria desde el inicio de la actual gestión presidencial. El epicentro de la movilización se fijaría en Plaza de Mayo a las 17 horas, aunque replicarías en ciudades de todo el territorio nacional. La UBA confirmó que sus contingentes partirían a las 14 desde Plaza Houssay, en la esquina de Córdoba y Junín, hacia el corazón político del país.
Lo que hacía singular esta convocatoria era que no se trataba de una protesta genérica contra la austeridad. Era específica: reclamaba el cumplimiento inmediato de una ley ya sancionada. Eso significa que el conflicto no versaba sobre si había que aumentar el presupuesto universitario, sino sobre si el Ejecutivo ejecutaría lo que el Congreso ya había decidido. Paralelamente, la Central General del Trabajo (CGT) concentraría desde Diagonal Sur y Bolívar a partir de las 15; las dos CTA desde Diagonal Norte y San Martín; mientras que el Partido Justicialista nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, convocaban para las 15:30 en Diagonal Sur y Perú. La heterogeneidad de espacios políticos convergiendo en torno a la educación pública como eje revelaba la profundidad del descontento y el alcance transversal de la crisis.
Implicancias y perspectivas hacia adelante
Los eventos del lunes y martes represaban consecuencias que trascendían lo coyuntural. Por un lado, la estrategia de clases públicas permitía a la Universidad de Buenos Aires y sus pares nacionales comunicar directamente a la ciudadanía qué significaba el colapso financiero: no era un debate de números en una planilla de Excel, sino la suspensión concreta de actividades de investigación, la degradación de infraestructura, la imposibilidad de sostener becas, la salida de docentes hacia el exterior. Por otro, los paros y movilizaciones sucesivas comenzaban a fragmentar la vida académica de manera que podría resultar irreversible si la situación se prolongaba: estudiantes rezagados en materias, investigaciones interrumpidas, créditos y posgrados en riesgo.
Desde la perspectiva de quienes conducen la política económica nacional, la presión universitaria representaba un costo político que podía tolerarse en el corto plazo, considerando que las universidades públicas concentran población que tiende hacia sectores ideológicamente diversos pero que comparte insatisfacción con políticas de ajuste. Sin embargo, vista desde una óptica institucional más amplia, la persistencia de la crisis educativa superior portaba riesgos de mediano y largo plazo: fuga de talento científico hacia el exterior, desaceleración de investigación en disciplinas críticas para la competitividad nacional, descenso en la calidad de formación profesional. Algunos analistas señalaban que la negociación sobre cumplimiento de la ley debería encontrar puntos de convergencia si ambas partes reconocían que la educación superior es un bien estratégico de Estado. Otros sugerían que la confrontación continuaría escalando mientras no existiera voluntad política real de ejecutar lo sancionado legislativamente. Lo cierto es que las aulas abiertas del lunes y la marcha federal del martes marcaban un punto de no retorno en la escalada: la Universidad de Buenos Aires y sus hermanas nacionales ya no se defendían en silencio, sino que presentaban públicamente lo que estaba en riesgo de perderse.
