Desde hace más de veinticinco años, un conjunto de actores provenientes de tradiciones religiosas distintas trabaja cotidianamente en iniciativas de acercamiento y colaboración mutua. Esta experiencia prolongada genera ahora un cuestionamiento directo a caracterizaciones internacionales recientes que pintan al país con trazos de discriminación sistemática. El Instituto del Diálogo Interreligioso —organización que nuclea a representantes de comunidades judía, cristiana e islámica— emitió una reflexión fundamentada en la observación concreta de cómo conviven en territorio argentino personas de orígenes, culturas y convicciones religiosas disímiles. Lo que emerge de este análisis es una perspectiva que contrasta de manera significativa con los discursos que circulan en ciertos espacios globales.
Una tradición de acogida y mestizaje religioso
La Argentina posee una historia migratoria que la define como nación. A diferencia de otras regiones del mundo, este territorio experimentó oleadas sucesivas de poblamiento protagonizadas por personas que llegaban desde Europa, Asia, el Oriente Medio y otras latitudes. Entre fines del siglo diecinueve y buena parte del veinte, millones de individuos desembarcaron en puertos porteños, se establecieron en ciudades del interior, formaron familias y criaron generaciones enteras. Esa masa demográfica heterogénea trajo consigo lenguas variadas, costumbres, creencias y prácticas religiosas. Con el tiempo, la convivencia entre estas comunidades desarrolló patrones de coexistencia que, según quienes llevan décadas estudiándola desde adentro, se caracterizan más por la colaboración que por la fractura. Los hospitales públicos argentinos, las escuelas estatales, las instituciones de bien común funcionaron históricamente como espacios donde judíos, cristianos, musulmanes, ateos y creyentes de otras tradiciones compartieron cotidianamente tareas, aprendizajes y desafíos comunes. Este tejido de convivencia no emergió de decretos desde arriba, sino de la necesidad práctica de vivir juntos bajo un mismo techo institucional.
El relato que sostienen los líderes religiosos que integran el Instituto apunta a que esa tradición de acogida sigue siendo vigente. Argumentan que el país continúa siendo un destino donde personas de cualquier creencia pueden establecerse, educarse, atenderse médicamente y participar en la vida cívica siempre que respeten el orden constitucional. Este punto resulta particularmente significativo cuando se lo contrasta con otros contextos nacionales donde la libertad de culto ha sido históricamente más restringida o donde minorías religiosas enfrentan obstáculos institucionales explícitos para ejercer su fe. En Argentina, tanto la Constitución como la legislación vigente consagran la libertad religiosa como derecho fundamental. Este marco normativo ha permitido que comunidades de fe diversas desarrollen sus propias estructuras, celebraciones y espacios de encuentro sin depender de autorizaciones especiales.
El diálogo concreto versus la generalización abstracta
Quienes encabezan iniciativas de diálogo interreligioso sostienen un argumento metodológico importante: las caracterizaciones generales que etiquetan a un país completo con rótulos como "racista" o "xenófobo" desconocen la complejidad de las dinámicas cotidianas reales. Toda sociedad humana, según estos actores, enfrenta episodios puntuales de intolerancia, prejuicio, expresiones violentas y discriminación. Estos hechos no deben minimizarse ni ignorarse; antes bien, exigen respuestas firmes desde el plano educativo, judicial y ético. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre reconocer la existencia de comportamientos discriminatorios aislados y caracterizar a una nación entera como estructuralmente intolerante. El Instituto del Diálogo Interreligioso plantea que las generalizaciones, especialmente cuando provienen de espacios internacionales o de actores con alcance mediático significativo, pueden terminar estigmatizando no solo a gobiernos o elites políticas, sino a millones de personas cuya práctica cotidiana contradice esos estereotipos.
La perspectiva que ofrecen líderes religiosos como Guillermo Marcó, Omar Abboud y Daniel Goldman —respectivamente vinculados a instituciones católicas, islámicas y judías— surge de una experiencia de largo aliento. No se trata de afirmaciones teóricas o de posiciones doctrinarias abstractas, sino de testimonios derivados de encuentros reiterados, de proyectos colaborativos, de respuestas conjuntas frente a crisis humanitarias. Cuando estos actores hablan de "fraternidad" como rasgo genuino de la Argentina, lo hacen apoyándose en miles de interacciones verificables: acuerdos entre comunidades religiosas para defender derechos humanos, iniciativas compartidas en respuesta a necesidades sociales, redes de solidaridad que operan más allá de las fronteras denominacionales.
El rol inspirador de la doctrina pontificia
La influencia del papa Francisco en la fundación y orientación del Instituto del Diálogo Interreligioso resulta pertinente para entender el marco conceptual que guía a estos actores. Francisco ha desarrollado a lo largo de su pontificado una teología del encuentro que desafía la lógica de la confrontación. Su encíclica "Fratelli tutti" —publicada en 2020— propone que la fraternidad ofrece contribuciones sustanciales tanto a la libertad como a la igualdad. Esta perspectiva trasciende las divisiones religiosas: no se trata de que una tradición de fe subsuma a las otras, sino de que distintas comunidades reconozcan su dignidad mutua y colaboren en la construcción de bien común. El Instituto surgió en sintonía con este pensamiento, lo que explica por qué sus voceros enfatizan el encuentro como método y como valor fundamental. Para ellos, comprender a un país nunca puede reducirse a la estigmatización; requiere, en cambio, acercamiento real, escucha, disposición a ser transformado por el diálogo.
Esta posición no implica ingenuidad respecto de los conflictos o tensiones que existen. Los dirigentes del Instituto reconocen explícitamente que manifestaciones de intolerancia, violencia y discriminación ocurren en territorio argentino. Su argumento es que estos fenómenos, aunque condenables y merecedores de abordajes decididos desde la educación y la justicia, no representan el espíritu mayoritario de la población ni caracterizan la cultura de convivencia que se ha consolidado a través de generaciones. La diferencia es crucial: entre un país donde ciertos grupos sufren discriminación puntual (fenómeno presente en prácticamente cualquier sociedad humana) y un país cuya identidad nacional es fundamentalmente racista o intolerante, media una brecha enorme.
Las implicancias de esta posición en el escenario global
Cuando representantes de comunidades minoritarias —judía e islámica, históricamente vulnerables a diversos tipos de discriminación— sostienen que la Argentina es un espacio donde pueden convivir y desarrollar sus tradiciones de manera segura, ese testimonio adquiere particular densidad. No se trata de simplemente negar acusaciones externas, sino de afirmar, desde la experiencia vivida, que existe un sustrato de respeto mutuo y cooperación. El hecho de que estas voces emitan esta posición "no desde la lógica de la confrontación" sino "desde la experiencia concreta de encuentro" sugiere que intentan escapar de los esquemas binarios que a menudo dominan los debates públicos globales. En un contexto donde las simplificaciones tienden a prevalecer sobre el conocimiento profundo, estos actores proponen un antídoto: la construcción paciente de vínculos, el reconocimiento de la dignidad de cada persona, la aceptación de que las diferencias pueden enriquecer en lugar de debilitar.
Las caracterizaciones que circulan en espacios internacionales respecto de la Argentina generan consecuencias concretas. Pueden afectar la percepción global del país, influir en decisiones de inversión o cooperación, condicionar la manera en que comunidades de fe en el exterior se relacionan con Argentina. También pueden impactar internamente: cuando narrativas externas presentan a la nación como estructuralmente intolerante, pueden reforzar sentimientos de desesperanza, polarizar debates públicos o legitimar comportamientos discriminatorios al normalizarlos como parte de la "identidad nacional". Desde esta perspectiva, la intervención de líderes religiosos buscando ofrecer un contrarrelato fundamentado en sus observaciones cotidianas cobra importancia estratégica.
El rechazo explícito que formula el Instituto respecto de toda forma de discriminación —judeofobia, islamofobia, cristianofobia, racismo, xenofobia— coexiste con una crítica a la estigmatización de religiones, pueblos o naciones enteras. Esta posición plantea un desafío interesante: cómo se puede cuestionar narrativas generalizadas sin caer en la negación de problemas reales, cómo se puede defender a un país sin minimizar sus defectos estructurales, cómo se puede promover convivencia sin eludir las responsabilidades que los estados tienen respecto de proteger a minorías. Los próximos años mostrarán si esta perspectiva del diálogo, promovida desde espacios religiosos, logra competir efectivamente con narrativas más simplificadas que circulan en plataformas globales. También permitirán evaluar si las iniciativas de colaboración interreligiosa pueden traducirse en políticas públicas concretas que fortalezcan aún más la convivencia. Lo que parece claro es que la tensión entre caracterizaciones globales de países y las complejidades que actores locales observan en la realidad cotidiana seguirá siendo un tema de relevancia en años venideros, con implicancias para cómo se construyen narrativas nacionales y cómo se narran historias de convivencia en un mundo cada vez más interconectado.
