El sistema institucional argentino se prepara para un momento de definiciones que podría reescribir parcialmente el mapa normativo del país. La Corte Suprema, al resolver un fallo sobre la venta de tierras a extranjeros, abrió la puerta a una batalla legislativa que trascenderá el debate sobre propiedad inmobiliaria. Todo indica que el 15 de octubre próximo la Cámara de Diputados votará sobre la suerte del DNU 70/2023, el megadecreto de 366 artículos que constituyó el basamento jurídico de la gestión presidencial iniciada en diciembre de 2023. Lo que está en juego no es un detalle administrativo, sino la posibilidad de que decenas de regulaciones actualmente vigentes simplemente desaparezcan, retrotraendo el orden legal a un estado anterior. Los hechos que desencadenaron esta crisis revelan tanto las tensiones entre poderes como las consecuencias no previstas de decisiones judiciales.
La sentencia del máximo tribunal constitucional sobre la Ley de Tierras funcionó como un catalizador. Al restituir un artículo del decreto que había sido suspendido por cautelares judiciales, la Corte abrió una grieta que la oposición legislativa no tardó en ampliar. El cálculo político es simple pero de alto riesgo: si Diputados rechaza el decreto —decisión que requiere mayoría simple entre los presentes, con mínimo de 129 legisladores en quórum—, y dado que el Senado ya lo había desaprobado en marzo de 2024, entonces la derogación se consumaría definitivamente. No se trata de una victoria simbólica. Las consecuencias serían tangibles y afectarían múltiples aspectos de la vida de ciudadanos y empresas. Según fuentes oficiales consultadas, existen al menos ocho puntos críticos cuya vigencia quedaría comprometida si el decreto cae.
El riesgo del retroceso normativo
Uno de los aspectos más preocupantes para analistas y actores institucionales es que varias de las disposiciones contenidas en el DNU 70/2023 jamás fueron ratificadas mediante leyes posteriores que les dieran solidez adicional. Esto significa que, en caso de rechazo, resucitarían normas derogadas sin que exista un marco legal alternativo que las sustituya. Entre los regímenes que volverían a regir encontramos disposiciones vinculadas al mercado de alquileres —la vieja legislación sobre locaciones—, cambios en el régimen de servicios de telecomunicaciones, y modificaciones en los protocolos de comercio exterior. La televisión satelital, un servicio que bajo el decreto permitía avances regulatorios, quedaría nuevamente atrapada en una normativa previa potencialmente obsoleta. El internet satelital, cuya proliferación representaba un aporte estratégico para la cobertura territorial, también vería truncadas sus perspectivas de expansión bajo el marco jurídico anterior. Asimismo, múltiples disposiciones sobre abastecimiento de bienes enfrentarían cambios retroactivos.
La sesión especial fue convocada por una coalición opositora heterogénea que incluye legisladores peronistas, representantes de Provincias Unidas, fuerzas de izquierda, y sectores de la Coalición Cívica. Diputados como Maximiliano Ferraro encabezan las firmas del llamado a sesionar. Desde otra corriente del mismo bloque, Elisa Carrió ha manifestado públicamente su posición: considera que el decreto es de "nulidad absoluta" y debe ser rechazado por ambas cámaras sin dilaciones. Sin embargo, no todas las voces de la oposición avanzan en línea recta hacia el rechazo. Dirigentes como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica pero con cercanía al oficialismo actual, sugieren buscar caminos alternativos. Según López, la restauración de normas derogadas mediante la simple votación de rechazo podría generar un caos de relaciones jurídicas ya consolidadas durante meses, afectando contratos, inversiones y expectativas empresariales que se han desarrollado bajo el marco del decreto vigente.
Las grietas en la solidez institucional
La historia reciente del DNU 70 está salpicada de conflictos judiciales. Desde su promulgación, múltiples demandas han cuestionado distintos aspectos del decreto. En varios casos, juzgados han expedido medidas cautelares que suspendieron temporalmente la aplicación de disposiciones específicas. El caso de la Ley de Tierras es paradigmático: estuvo suspendida durante meses por orden judicial hasta que la Corte Suprema resolvió a favor de su derogación. Estos conflictos no son meramente técnicos; expresan tensiones profundas sobre qué instancia —judicial o legislativa— tiene legitimidad para definir el alcance de los decretos de necesidad y urgencia. Argentina ha enfrentado históricamente dilemas sobre el uso y abuso de este instrumento. El decreto de necesidad y urgencia fue concebido para situaciones excepcionales; su invocación se volvió más frecuente en décadas recientes, y el DNU 70/2023 representa uno de los ejemplos más voluminosos de ejercicio de esa potestad. El decreto contiene desde derogaciones expresas de leyes hasta creaciones de nuevos regímenes regulatorios, abarcando prácticamente todas las áreas de política pública.
El contexto temporal es importante para comprender el alcance del conflicto. Entre la promulgación del decreto en diciembre de 2023 y la actualidad, han transcurrido casi dos años. Durante este período, actores económicos, ciudadanos y administraciones han tomado decisiones basadas en el nuevo marco normativo. Contratos de telecomunicaciones, operaciones inmobiliarias, acuerdos de suministro, y proyectos empresariales fueron estructurados considerando las nuevas reglas. Si el decreto fuera rechazado, todas estas relaciones jurídicas quedarían potencialmente en suspenso o sujetas a reinterpretación bajo normas anteriores. Algunos abogados especialistas han planteado que un rechazo retroactivo del decreto generaría litigios masivos sobre la validez de actos ejecutados bajo su vigencia. El impacto sobre la "seguridad jurídica", concepto central en economía institucional, sería inmediato y probablemente perturbador.
Desde el oficialismo, la estrategia consiste en evitar que se alcance el quórum de 129 diputados o, en caso de alcanzarlo, sumar votos suficientes para mantener el decreto en vigencia. Sin embargo, las matemáticas legislativas muestran una oposición fragmentada pero posiblemente cohesiva en este tema específico. La Coalición Cívica, el peronismo, los bloques provinciales y la izquierda han mostrado disposición a converger en este punto, aunque con motivaciones heterogéneas: algunos buscan una agenda de cambio normativo, otros temen los efectos del decreto sobre grupos vulnerables, y otros simplemente rechazan el uso de la potestad de necesidad y urgencia. La sesión del 15 de octubre será, entonces, un termómetro de la capacidad del Congreso para ejercer control sobre el Poder Ejecutivo a través de sus facultades constitucionales.
Opciones en juego y desenlaces posibles
Los actores políticos no permanecen pasivos. Desde ciertos espacios opositores se han planteado alternativas a un rechazo en bloque del decreto. Juan Manuel López, entre otros, propone que si hay consenso sobre la necesidad de restaurar ciertos regímenes —como protecciones de tenencia o limitaciones a la venta de tierras—, debería procederse mediante leyes específicas. Este enfoque permitiría: primero, revertir disposiciones cuestionables sin afectar la totalidad del decreto; segundo, dotarlas de legitimidad legislativa plena; tercero, evitar el colapso de relaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo, este camino es más lento y requiere negociación en torno a cada tema. La estrategia opositora de rechazar el decreto de manera integral busca justamente cerrar esa puerta de diálogos parciales.
En cuanto a las materias laborales contenidas en el decreto, estas transitan una ruta distinta. El Congreso sancionó en 2024 una reforma laboral que incorpora algunos elementos del DNU pero genera su propio marco normativo. Esto significa que si el decreto cae, la reforma laboral permanecería vigente por haber sido aprobada como ley, reduciendo parcialmente el impacto de un rechazo total. No ocurre lo mismo con abastecimiento, telecomunicaciones, o propiedad inmobiliaria, donde no existen leyes posteriores que reemplacen las disposiciones del decreto. Las consecuencias de un eventual rechazo del DNU 70 dependerán, en última instancia, de cómo actúen tribunales, administración pública y actores económicos frente al vacío legal o la reactivación de normas anteriores. Algunos escenarios contemplan decisiones judiciales que validen actos ejecutados bajo el decreto incluso si este es derogado, invocando principios de seguridad jurídica. Otros imaginan un período de confusión normativa donde distintas interpretaciones compitan por predominar. Lo que parece evidente es que ninguno de estos desenlaces sería neutro en términos de sus repercusiones sobre la economía, el comercio, y la vida cotidiana de millones de personas.
CONTENIDO: