La investigación en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, avanzó un nuevo escalón en los últimos días cuando el magistrado federal Ariel Lijo autorizó el acceso a la documentación tributaria que la agencia provincial de Buenos Aires custodiaba sobre él y su cónyuge, Bettina Angeletti. La decisión judicial representa un paso significativo en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, ya que amplía sustancialmente el alcance de las pesquisas sobre las finanzas del funcionario. Este movimiento procesal resulta relevante porque habilita a los investigadores a examinar de manera exhaustiva cómo se financiaron ciertas operaciones inmobiliarias y qué contradicciones podrían existir entre lo que el matrimonio declaró ante organismos de control y su realidad económica verificable.
El pedido para levantar el secreto de información fiscal en ARBA, la autoridad tributaria bonaerense, provino del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien dirige la investigación. La solicitud está directamente vinculada con los fondos utilizados en la compra y posterior remodelación de una vivienda ubicada en el country privado Indio Cuá, en el municipio de Exaltación de la Cruz. Según lo que surge de las actuaciones judiciales, el inmueble figura a nombre de Angeletti, y es precisamente sobre esta propiedad donde se concentran ahora las indagaciones. La medida busca determinar si existen omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas que Adorni presentó ante los órganos de fiscalización, y más específicamente, si los movimientos de dinero que financiaron estas operaciones guardan coherencia con los ingresos que el funcionario ha reportado en sus obligaciones tributarias.
El antecedente nacional y los nuevos alcances
Cabe recordar que a comienzos de abril, el mismo magistrado federal Lijo ya había adoptado una medida similar pero de alcance nacional. En esa oportunidad, autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario ante ARCA, el organismo de recaudación tributaria a nivel federal, respecto del matrimonio Adorni-Angeletti. Aquella decisión permitió que los investigadores accedieran a un espectro mucho más amplio de información: registros de cuentas bancarias, plazos fijos, líneas de crédito, operaciones de préstamos, movimientos con tarjetas de débito y crédito, e incluso posibles vínculos con billeteras virtuales o sistemas de dinero digital. Con el nuevo levantamiento de secretos ante la agencia provincial, los pesquisadores ahora cuentan con documentación complementaria que podría revelar activos, inversiones o transacciones que tengan especial relevancia en el territorio bonaerense.
Lo que subyace en esta estrategia investigativa es la intención de reconstruir la trayectoria patrimonial del jefe de Gabinete a lo largo del tiempo, identificando cómo evolucionó su patrimonio y contrastando esa evolución con los datos que él mismo consignó en sus declaraciones ante los organismos de control. En una investigación por enriquecimiento ilícito, este ejercicio resulta fundamental: se trata de establecer si una persona acumuló bienes, propiedades o valores de una magnitud que no se condice con los ingresos declarados durante el período objeto de análisis. En el caso de Adorni, los investigadores buscarían determinar si existe un desfasaje entre lo que ganó oficialmente y lo que invirtió en propiedades, refacciones y otros activos.
El testimonio del arquitecto y los pagos en efectivo
La decisión del juez Lijo estuvo precedida por declaraciones cruciales en la causa. Matías Tabar, el profesional arquitecto responsabilizado con supervisar y coordinar las refacciones de la casa en el country, compareció ante la Justicia y aportó información que resultó determinante para activar las nuevas medidas investigativas. Según su relato, Adorni lo canceló mediante pagos realizados en efectivo, sin que se emitieran facturas que registraran las transacciones. La cifra total involucrada en estos arreglos ascendería a US$245 mil, cantidad que fue abonada en dos tramos: primero US$55 mil en 2024 y posteriormente US$190 mil durante 2025. Estos pagos, al realizarse sin documentación formal que los respaldara, generan la clase de inconsistencia que típicamente llama la atención de los fiscales en investigaciones de este tipo.
La declaración de Tabar incluye además detalles sobre una comunicación contemporánea que tuvo con Adorni. El arquitecto relató que el funcionario lo contactó a través de WhatsApp, utilizando la funcionalidad de mensajes efímeros que desaparecen automáticamente después de ser leídos. Durante ese contacto, Adorni le expresó su intención de hablar con él, luego de lo cual ambos mantuvieron una conversación telefónica. En ese diálogo, según el relato del contratista, el jefe de Gabinete le ofreció asistencia para que su equipo de asesores lo ayudara respecto de su declaración ante la Justicia. Tabar indicó que consideró inicialmente esa propuesta, pero que después recibió asesoramiento externo que lo llevó a desestimar el ofrecimiento. Su decisión se fundó en la preocupación de que aceptar ese tipo de apoyo podría interpretarse como la construcción de una narrativa común coordinada entre ambos, algo que deseaba evitar. La renuencia de Tabar a colaborar en lo que hubiera podido parecer una estrategia defensiva coordinada le permitió preservar su credibilidad como testigo independiente.
Junto con su declaración testimonial, el arquitecto también suministró evidencia material que amplía el panorama de la investigación. Entregó a la Justicia su teléfono celular para que se examinaran las comunicaciones intercambiadas con Adorni, y proporcionó un listado detallado de los profesionales y obreros que efectivamente trabajaron en la obra: albañiles, plomeros, electricistas y otros oficios especializados. Este tipo de documentación permite a los investigadores corroborar de manera independiente si las obras realmente se llevaron a cabo, establecer sus características técnicas y costo estimado, e identificar si existe concordancia entre lo que Tabar declara y lo que otros actores involucrados pueden confirmar.
Alcances y perspectivas de la investigación
La aprobación judicial para acceder a registros fiscales provinciales amplía significativamente el espectro de información que los investigadores pueden analizar. Potencialmente, estos expedientes contienen declaraciones de bienes inmuebles, certificados de dominio, valuaciones fiscales, información sobre impuestos inmobiliarios pagados o adeudados, y cualquier otro dato que haya sido reportado por Adorni o Angeletti a la agencia tributaria bonaerense. La comparación de esta información con los antecedentes ya obtenidos a nivel nacional podría revelar discrepancias, activos no reportados, o una evolución patrimonial que resulte inconsistente con los ingresos declarados por el matrimonio durante los años bajo investigación.
Desde una perspectiva más amplia, los desarrollos recientes en la causa ilustran cómo las investigaciones por enriquecimiento ilícito frecuentemente requieren de un acceso progresivo a información sensible. Las autoridades judiciales comienzan por levantamientos de secreto más amplios a nivel nacional, para luego profundizar en jurisdicciones específicas donde existen activos o transacciones de interés. Cada nueva capa de información puede revelar inconsistencias o pistas que justifiquen medidas posteriores. En este caso, lo que comenzó como una indagación sobre los pagos realizados por refacciones se ha transformado en un escrutinio multidimensional de la situación patrimonial de un funcionario de alto rango del gobierno nacional.
Las consecuencias que pueden desprenderse de esta investigación son variadas y dependerán en última instancia de los hallazgos que los investigadores realicen en los registros que ahora pueden consultar. Si se confirma que existe una discrepancia sustancial entre los ingresos declarados y los activos acumulados, podría derivarse en una acusación formal por enriquecimiento ilícito, delito que contempla penas de prisión. Alternativamente, si los investigadores logran demostrar que los fondos utilizados provenían de fuentes lícitas no identificadas inicialmente, o que existe una explicación razonable para las operaciones cuestionadas, la causa podría tomar un rumbo distinto. Para el funcionario, la prolongación de una investigación de esta naturaleza genera una situación de exposición política y legal que impacta su desempeño en el cargo. Para la administración que lo contrata, la investigación representa un desafío en términos de gobernanza y credibilidad institucional. Para el sistema de justicia, estos procedimientos reflejan la tensión permanente entre la investigación de funcionarios públicos y las garantías que el debido proceso exige.
