La maquinaria de la justicia federal argentina volvió a trabarse esta semana por una razón tan simple como inquietante: dos juicios fundamentales sobre corrupción no pueden coexistir en el mismo calendario. Lo que comenzó como un conflicto de agendas escaló hasta obligar a uno de los tribunales a posponer las primeras audiencias de un proceso que es, en sí mismo, una bifurcación de uno de los escándalos de mal uso de fondos públicos más estudiados de la última década. El mecanismo de la justicia, que supuestamente debe ser inexorable, se detiene ahora por un problema que podría parecer administrativo pero que toca el corazón de cómo se garantiza —o no— el derecho a defensa en el país.
Los hechos son estos: Vialidad III, una de las causas derivadas del expediente que investigó irregularidades en obras de infraestructura en Santa Cruz, debería haber iniciado sus audiencias orales el pasado jueves. Sin embargo, uno de los tres acusados principales, Sandro Férgola, exfuncionario de la Dirección Nacional de Vialidad, también se encuentra en el banquillo en el proceso sobre los Cuadernos de las Coimas, ese otro megajuicio que ha marcado la agenda pública durante años. Lo problemático no es simplemente que Férgola comparezca en ambos casos: es que su defensor, el abogado Agustín Lombarda, se necesita simultáneamente en dos lugares donde la justicia opera con rigidez calendárica. Las audiencias de Cuadernos se realizan periódicamente los martes y jueves. Vialidad III tenía previsto ocupar también esos mismos días. Un abogado no puede estar en dos tribunales a la vez, y lo que parecería una obviedad se convirtió en un conflicto institucional que obligó a suspender la apertura del debate.
La trama de abogados y su imposibilidad práctica
Lo más revelador del incidente es que no fue accidental. Cuando el Tribunal Oral Federal N°2 comunicó que Vialidad III correríamos paralelo al caso Cuadernos, la defensa presentó inmediatamente lo que denominó una "imposibilidad material" de cumplir esa agenda. El tribunal respondió con una decisión aparentemente lógica: que Férgola designara otro representante legal. Pero aquí emerge la complejidad: Férgola no solo cuenta con Lombarda como defensor. Su segundo abogado es Enrique Arce, quien también participa en el proceso de Cuadernos, aunque en este caso defiende a un empresario diferente. Por consiguiente, Arce tampoco podía presentarse a las audiencias de Vialidad sin abandonar sus obligaciones en el otro proceso. Así, la solución propuesta por el tribunal se reveló tan impracticable como el problema original.
Lombarda, en su defensa pública de esta situación, presentó argumentos que trascienden lo meramente procedural. El abogado ha estado a cargo de la defensa de Férgola durante ocho años, desde que el caso comenzó a investigarse. Para Lombarda, los ocho años no son un dato menor: representan continuidad de estrategia, conocimiento profundo de los pormenores de la acusación y una relación de confianza entre cliente y defensor que, en teoría, es un pilar del sistema de justicia. "No es voluntad confrontar ni entorpecer el trámite, pero estamos en una situación física y objetivamente insuperable", fue su declaración, que resume el dilema: si un tribunal fija un cronograma que hace imposible que los abogados de elección del imputado cumplan sus funciones, en los hechos está obligando al acusado a prescindir de sus defensores de confianza. Es un punto que Lombarda llevó hasta el Colegio de Abogados, solicitando intervención institucional sobre esta colisión entre derechos de defensa y administración judicial.
Los acusados y el sendero de Lázaro Báez
Junto a Férgola, están en el banquillo dos exfuncionarios más de la Dirección Nacional de Vialidad: Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate. Los tres son acusados de haber direccionado la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, el mismo personaje central en el caso más amplio que ya culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión. Vialidad III es así una ramificación, un desagregado de esa trama más extensa de corrupción que el sistema judicial ha estado procesando durante años. Otros implicados en este mismo segmento del expediente llegaron a acuerdos de proceso abreviado y no enfrentarán un juicio oral. Entre ellos figura Martín Báez, hijo del empresario patagónico, quien optó por esa vía alternativa.
El cronograma de Vialidad III ahora depende de decisiones administrativas que los propios tribunales reconocen que están lejos de resolverse rápidamente. A mediados de julio, el tribunal comunicó que recién en septiembre podría reordenar el calendario, gracias a la asignación de nuevos jueces y el reacomodamiento de las subrogaciones. Mientras tanto, el debate quedará en suspenso. Cuando se reanude, tras la feria judicial de invierno, continuará desarrollándose los jueves, lo que significa que seguirá superponiéndose con las audiencias del caso Cuadernos. El problema no desaparece: se pospone, esperando que cambios estructurales en la asignación de recursos judiciales creen el espacio administrativo que hoy no existe.
En cuanto a Férgola en el proceso de Cuadernos, se lo acusa de haber operado como vínculo entre empresarios y Ernesto Clarens, quien a su vez es señalado como intermediario entre esos sectores empresariales y el matrimonio Kirchner. Esta red de conexiones, que el sistema judicial intenta desentrañar a través de dos procesos separados, evidencia cómo los hilos de la corrupción investigada se ramifican en múltiples direcciones, generando a su vez múltiples procesos que colisionan entre sí en sus agendas.
Lo que sucede en Vialidad III no es un incidente aislado sino un síntoma de una tensión estructural en el sistema: cuando múltiples causas complejas avanzan simultáneamente contra los mismos actores o defensores, la administración de la justicia requiere de una coordinación que, en la práctica, aparentemente no existe. Algunos observadores podrían interpretar esto como una ineficiencia que favorece a los acusados, permitiéndoles dilatar procesos mediante conflictos procedimentales. Otros podrían argumentar que refleja un colapso del sistema judicial que imposibilita garantizar derechos de defensa fundamentales. Lo cierto es que mientras estos debates internos continúan, los calendarios siguen sin encajar, y la maquinaria que debería funcionar como garante de rendición de cuentas se ve frenada por problemas que, en principio, deberían ser resolubles con mejor planificación y recursos.
