El reclamo que interrumpe el silencio

Tres décadas y dos años después de que la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina dejara 85 personas muertas en las calles de Once, el establishment judicial argentino vuelve a enfrentarse con un dilema que trasciende lo procesal: la velocidad de la justicia frente al paso del tiempo. El viernes pasado, durante la ceremonia de recordación en Pasteur al 633, la voz del titular de la mutual, Osvaldo Armoza, se elevó para exigir a los camaristas que resuelvan de una vez el debate constitucional sobre la viabilidad del juicio en ausencia de los acusados. La escena, cargada de simbolismo judicial e institucional, marcó un quiebre en lo que suele ser una jornada de silencio y luto: por primera vez en años, un funcionario de la entidad demandante interpelaba directamente a los magistrados que deben decidir sobre la continuidad del proceso. Este gesto expresó una frustración que no es nueva, pero que adquiere una urgencia renovada cuando se contemplan tres décadas de investigaciones, fallos contradictorios y promesas incumplidas.

La atmósfera del evento concentró a autoridades gubernamentales, diplomáticos internacionales y una custodia de seguridad sin precedentes. El presidente Javier Milei estuvo presente, como lo ha hecho en cada conmemoración desde su asunción en diciembre de 2023. Junto a él, su hermana Karina Milei y su colaborador de confianza Mario Suli completaron el círculo íntimo que presenció la ceremonia. Entre los funcionarios del Ejecutivo se contaban el jefe de Gabinete Diego Santilli, la senadora libertaria Patricia Bullrich, y los ministros de Salud, Seguridad y Defensa. La presencia simultánea de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado —ex pareja del fallecido fiscal Alberto Nisman— y de otros magistrados como Mariano Borinsky y Gustavo Hornos configuró una escena donde la institucionalidad judicial y ejecutiva se entrecruzaban bajo el peso de un crimen que permanece irresuelto desde hace más de tres décadas.

Los movimientos detrás de la ceremonia

Lo que ocurrió durante esos minutos en Pasteur reveló dinámicas judiciales que trascienden la formalidad del acto conmemorativo. Cuando Armoza mencionó los nombres de los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Angela Ledesma —los magistrados de la Cámara de Casación encargados de resolver sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia—, Barroetaveña se encontraba entre los asistentes en las primeras filas. Tras escuchar el reclamo, el camarista se comunicó con su colega Ledesma utilizando mensajería instantánea, con la intención declarada de acelerar los tiempos para convocar a una audiencia. La noticia trascendió horas después: había movimientos en el tribunal. Un sorteo se realizó casi inmediatamente después de la ceremonia para designar al juez que reemplazaría a Carbajo, cuyo período de subrogancia en la Sala ya había vencido. El designado fue Carlos Mahiques, magistrado que es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Simultáneamente, se fijó para el 10 de septiembre la fecha de la audiencia que antecede a la decisión sobre la viabilidad del juicio en ausencia.

Estos movimientos administrativos cobran relevancia cuando se los contextualiza en la historia de este caso. Desde el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, Argentina ha transitado un laberinto procesal que incluyó investigaciones inconclusas, traslados de expedientes, cambios de gobiernos y reformas legislativas. La ley de juicio en ausencia, sancionada en 2021, permitió avanzar en el proceso penal sin la presencia física de los acusados —fundamentalmente extranjeros de nacionalidades vinculadas al contexto del conflicto geopolítico de los noventa—. Sin embargo, su constitucionalidad ha sido cuestionada, generando un nuevo cuello de botella procesal precisamente en el tribunal que debe validarla. El hecho de que un juez ya tuviera listo su voto antes de esta ceremonia, y que inmediatamente después se acelerasen los tiempos, sugiere que existía una predisposición a resolver, aunque los tiempos formales de la justicia argentina históricamente no coinciden con las expectativas de las víctimas ni de sus familias.

La presencia presidencial y sus implicancias

La asistencia del presidente Milei a este acto marca un patrón: ha estado en todas las conmemoraciones desde que asumió. En otras gestiones presidenciales, la concurrencia ha sido irregular o ausente, un vacío que muchos familias de víctimas interpretaron como desinterés o, peor aún, como complicidad institucional con el olvido. La presencia consistente del mandatario actual, aunque no implica necesariamente una transformación en los tiempos judiciales, representa al menos un posicionamiento simbólico: que la muerte de 85 personas merece recordación oficial. Sin embargo, los hechos procesales ocurren en una dimensión paralela a los gestos políticos. La participación del embajador estadounidense Peter Lamelas y del embajador israelí Eyal Sela —además de funcionarios diplomáticos de otros países—, subraya que este caso trasciende las fronteras argentinas. La investigación sobre el atentado, según reportes históricos, siempre involucró hipótesis que remitían a actores geopolíticos internacionales, desde grupos terroristas hasta posibles encubrimientos estatales.

La sirena que sonó a las 9:53 de la mañana, reproduciendo la que retumbó el día del atentado hace treinta y dos años, marcó un momento de silencio donde desfilaron carteles con rostros y nombres de cada una de las víctimas. Entre ellas, Sebastián Barreiro, de apenas cinco años, la más joven. Este detalle no es menor: detrás de cada nombre hay una biografía truncada, una familia fracturada, un proyecto de vida aniquilado. La ritualización del duelo a través de la conmemoración anual responde a una necesidad social de mantener vigente la memoria, pero también revela una frustración estructural: que después de treinta y dos años, el juicio siga siendo materia de debate constitucional y no una conclusión histórica con sentencia firme.

Perspectivas sobre lo que viene

La audiencia prevista para mediados de septiembre inaugurará una fase que podría ser decisiva o, nuevamente, dilatorio. Los argumentos que se esgrimirán entonces girarán en torno a si es constitucionalmente válido juzgar en ausencia de los acusados, si las garantías de defensa se ven afectadas, y cómo se reconcilia el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas con los principios procesales penales. Distintos actores tienen perspectivas variadas. Desde la óptica de quienes demandan celeridad, la constitucionalidad del juicio en ausencia es un instrumento necesario para evitar que crímenes graves queden en la impunidad por fugitivos o por jurisdicciones reacias a extraditar. Desde otra lectura, más centrada en garantías procesales, la ausencia de los acusados genera un desequilibrio que cuestiona la equidad del proceso. Abogados especializados en derecho penal internacional han señalado que muchas jurisdicciones modernas admiten el juicio en ausencia bajo ciertas condiciones, aunque el debate sobre su constitucionalidad en Argentina no es trivial.

Lo que suceda en los próximos meses con esta resolución tendrá ramificaciones más allá del caso específico de la AMIA. Sentará un precedente sobre cómo Argentina lidia con crímenes de lesa humanidad cuando los perpetradores están fuera del alcance territorial, un escenario que no es exclusivo de este atentado. Además, el nuevo integrante del tribunal —Carlos Mahiques— lleva consigo la pregunta inevitable que genera toda designación en estos contextos: ¿La relación con el ministro de Justicia incidirá en su voto? Es una pregunta que la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos seguramente formularán. Las percepciones sobre la independencia judicial en Argentina han sido históricamente frágiles, y cada movimiento de este tipo reaviva esas preocupaciones. Sin embargo, también es posible que la designación sea mayormente administrativa y que el voto de Mahiques se alinee con lo que ya otros magistrados tienen decidido. La realidad es que, después de treinta y dos años, la urgencia por cerrar este capítulo es colectiva, aunque los mecanismos institucionales para lograrlo sigan siendo motivo de controversia.