El último asalto de un juez federal de tres décadas: Irurzun desafía el límite de edad constitucional a horas de su retiro forzoso

Un magistrado en contrarreloj

Cuando menos de 48 horas separan a un funcionario judicial de perder su cargo por imposición constitucional, todo se vuelve urgencia. Martín Irurzun, quien durante tres décadas ha tejido una red de influencia decisiva en la Sala II de la Cámara Federal, acaba de presentar ante la Corte Suprema de Justicia una batería de recursos para intentar lo que muchos consideran imposible: permanecer en su función más allá de los 75 años que cumplirá el próximo 18 de julio. Lo notable no es solo el gesto de resistencia, sino que ha ocurrido cuando la República entera está en receso invernal y los tribunales superiores prácticamente hibernan. La jugada judicial revela tanto la desesperación de quien ve cerrarse sus opciones como la creatividad institucional de alguien que ha navegado los laberintos de la justicia federal durante décadas.

El pedido inicial fue directo: solicitó de manera formal a la máxima instancia que trabaje durante el fin de semana y que interrumpa su feria judicial para resolver su caso antes de que expire el límite temporal. Un secretario de la Corte recibió el recurso y confirmó que estaba en el tribunal. Fue todo. Silencio burocrático. Porque en la práctica, nadie espera movimientos relevantes desde esos despachos mientras corre el invierno judicial. Irurzun llegará a medianoche del domingo como camarista federal; probablemente despierte el lunes como jubilado, al menos en teoría. Pero el juez no es de los que se rinden ante los calendarios. Mientras tramita esta primera medida cautelar —ya rechazada en instancias inferiores—, ha presentado además una demanda de fondo contra el Estado Nacional que apunta más alto: cuestiona directamente la validez constitucional del párrafo que lo expulsa del poder.

El ataque a la piedra angular de la reforma

La estrategia de Irurzun, asesorado por los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, desentierra una vieja discusión que la Corte creía zanjada. Su demanda sostiene que la Convención Constituyente de 1994 se extralimitó en sus facultades cuando incorporó la cláusula de los 75 años como límite obligatorio para los magistrados. La ley 24.309, que autorizó la reforma, nunca habilitó a los convencionales a fijar restricciones de edad. Solo les permitió modificar los mecanismos de designación y remoción de jueces, argumenta el expediente. Por lo tanto, la cláusula sería "nula de nulidad absoluta" en los términos del artículo 6° de esa ley declarativa. Más que una cuestión etaria, Irurzun enmarca su impugnación como una defensa de la inamovilidad judicial y del carácter vitalicio de los cargos, pilares que, sostiene, resultan esenciales para la independencia del Poder Judicial.

El argumento no es nuevo. Ya fue explorado en dos precedentes históricos que marcaron aguas en la jurisprudencia de la Corte. El caso Fayt, muchos años atrás, validó las pretensiones de un juez para continuar después de los 75. Pero luego, en el caso Schiffrin, el tribunal cambió de criterio y convalidó la cláusula de los 75 años como constitucional. Ahora Irurzun intenta revivir esa discusión arguyendo que las condiciones han variado: la salida de Juan Carlos Maqueda de la Corte modificó las mayorías, y el elenco de magistrados ya no es el que fue. Esta es una maniobra astuta. Busca no solo demostrar que la cláusula es inválida, sino que además el precedente que la avalaba ya no representa la voluntad actual del tribunal.

Pero la arquitectura que Irurzun está armando presenta complejidades exponenciales. Ha presentado una recusación preventiva contra todos aquellos ministros que hayan participado como convencionales en 1994 y votado a favor de la cláusula impugnada. Entre ellos figura el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien hace poco más de tres décadas fue convencional en Santa Fe y redactó uno de los votos fundamentales de la mayoría en el caso Schiffrin. Si Rosatti se apartara, quedarían solo tres miembros en la Corte. Un nuevo recusamiento podría dejar el tribunal con apenas dos jueces, lo que obligaría a llamar a conjueces para resolver. El mecanismo, en teoría posible, resulta prácticamente inviable en las pocas horas que restan antes del vencimiento del plazo.

La carrera contra el reloj que probablemente ya está perdida

Incluso en el entorno cercano a Irurzun reconocen que las probabilidades están en contra. "La suerte está echada", comentan en círculos que lo conocen. El magistrado barajó otra alternativa: solicitar una licencia cuando termine el receso invernal, una estrategia dilatoria que le permitiría ganar tiempo sin resignar formalmente el cargo mientras negocia en los pasillos. Pero eso serían semanas, tal vez meses, y requeriría cooperación de la administración judicial y probablemente de la propia Corte. Lo más probable es que el domingo a las cero horas, cuando cambie la fecha de calendario, Irurzun deje de ser camarista federal sin que ningún tribunal haya intervenido expresamente en su favor.

Lo que suceda en los próximos dos días tendrá implicancias que trascienden el caso personal de un magistrado que se retira. La vacante que deja Irurzun en la Sala II es estratégica. Quien la ocupe tendrá injerencia en todas las causas de corrupción que se resuelven en la Cámara Federal, un espacio de poder que el Gobierno nacional ha estado vigilando con particular interés. La composición del tribunal de apelaciones que revisa crímenes de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad, entre otras causas sensibles, será distinta. Si la Corte Suprema resolviera en favor de Irurzun —algo que en la práctica luce casi imposible—, la geometría del poder judicial seguiría siendo la misma. Si, como parece más probable, el magistrado se jubila conforme marca la Constitución, se abre una pugna por su reemplazo que será tan compleja como cualquier otra batalla institucional en Argentina. Las consecuencias de este desenlace, cualquiera sea, transcenderán los muros de Comodoro Py durante años.