La investigación sobre el movimiento de divisas vinculado con $LIBRA continúa exponiendo una red de conexiones que trasciende los perfiles aparentemente inconexos de sus protagonistas. Lo que comenzó como un seguimiento de transferencias digitales ha desembocado en el descubrimiento de vínculos profundos entre personajes que parecerían no tener nada en común: un adulto mayor retirado del sistema laboral y un profesional del comercio de valores en mercados digitales. Ambos recibieron depósitos multimillonarios provenientes de un empresario tras un encuentro de relevancia política, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estas operaciones y quiénes fueron los verdaderos orquestadores detrás de movimientos que trasladaron más de cinco millones de dólares en cuestión de días.
El punto de partida: dos receptores, un mismo patrón
Los días inmediatamente posteriores al 30 de enero de 2025 marcaron un hito en esta investigación. En esa fecha, Hayden Davis —el empresario estadounidense al centro de la polémica— se reunió en la sede del Ejecutivo nacional. Horas después, comenzó una cascada de movimientos de dinero digital que alcanzó dos destinos específicos en territorio nacional. El primero fue Orlando Mellino, un jubilado que hasta hace poco transitaba su vida sin mayores conexiones con el ecosistema de las monedas virtuales, quien recibió poco más de un millón de dólares. Cuatro jornadas después, fue el turno de Camilo Rodríguez Blanco, un ciudadano de nacionalidad colombiana con residencia en Argentina, reconocido en círculos especializados por su actividad educativa en materia de operaciones bursátiles en plataformas digitales. Este último vio depositarse en sus cuentas una suma superior a los cuatro millones de dólares.
Que ambos individuos compartan representación legal en el expediente que tramita en los tribunales federales es un dato que no escapa al análisis. Pero el denominador común trasciende esta circunstancia procesal. Existen al menos dos elementos adicionales que tejen una trama sugestiva de coordinación: un inmueble en común y una supuesta vinculación societaria que uno de ellos afirmaba mantener con terceros. Estas pistas sugieren que lejos de tratarse de destinatarios casuales, ambos integraban un esquema previamente articulado.
Las raíces de la operación: una familia con historia de negocios cuestionables
Adentrarse en los antecedentes de Orlando Mellino obliga a explorar el círculo más cercano que lo rodea. Su hijo, Diego Mellino —apodado "Dieguito" en círculos íntimos— y su expareja, Susana Georges, conforman un núcleo que históricamente ha mostrado disposición para incursionar en emprendimientos de diversa índole. Esta vocación empresarial no siempre derivó en resultados armoniosos con la ley. Ambos estuvieron envueltos en una causa penal de considerables proporciones tramitada ante la justicia local de Campana, vinculada con operaciones de importación que sorteaban prohibiciones legales. De esa contienda judicial emanaron consecuencias tangibles: embargos y limitaciones para salir del territorio nacional.
La arquitectura financiera que madre e hijo construyeron a lo largo de los años revela una sofisticación que contrasta con la apariencia discreta de sus actividades públicas. Desplegaron una malla de entidades comerciales a través de jurisdicciones extranjeras, particularmente en Estados Unidos e Hispanoamérica. Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH, ORDI INC y Los Mejores del Tablón S.R.L conforman parte de ese entramado. También existe Modo Domo S.R.L, radicada en Miami, que fue constituida originalmente por Susana pero que Diego integró rápidamente en calidad de administrador. Esta sociedad resultó siendo alcanzada por la mencionada causa de contrabando que los paralizó legalmente. La pregunta que flota en los reportes investigativos es elemental pero perturbadora: ¿sirvieron estos vehículos corporativos para operaciones en el ámbito de las criptomonedas? ¿Constituyen estos antecedentes el preludio de una incursión más ambiciosa en mercados financieros digitales?
Las conexiones que revelan el tejido: de la "sociedad" a la casa compartida
El colombiano Rodríguez Blanco cultivaba una peculiar presentación ante terceros: se refería a sí mismo como socio comercial de Diego Mellino. Esta afirmación, repetida en conversaciones y tratativas, sugiere una relación profesional formalizada. Simultáneamente, existía un vínculo territorial que reforzaba la proximidad entre ambos: un inmueble modesto ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López, específicamente en la zona de Florida. Con una superficie aproximada de setenta metros cuadrados, la vivienda funcionó como residencia del trader colombiano durante un lapso que se extendió entre 2023 y 2025. El alquiler mensual rondaba los setecientos dólares. Información de mercado local señala que Susana Georges intentó comercializar esta propiedad a través de intermediarios inmobiliarios, pero las gestiones no prosperaron. Tras el estallido mediático del caso $LIBRA, Rodríguez Blanco abandonó el lugar, se retrajo del contacto con conocidos y dejó de mantener comunicaciones, según relatos de personas que lo frecuentaban.
La existencia de esta propiedad actúa como eslabón material que une a los personajes. No se trata de una mera casualidad geográfica, sino de un punto de intersección que refuerza la hipótesis de una operación coordinada. El hecho de que Susana Georges intentara venderla con posterioridad, combinado con el abrupto abandono del inmueble por parte de Rodríguez Blanco una vez que la investigación ganó visibilidad pública, añade capas de complejidad a la narrativa de los hechos.
El movimiento del dinero: trazabilidad de fondos que revelan el circuito real
Los instrumentos de investigación forense aplicados por el órgano persecutor permitieron establecer con precisión el destino de los fondos. De la suma ingresada en poder de Rodríguez Blanco, aproximadamente 695.990 dólares fueron transferidos hacia una cuenta a nombre de Mauricio Novelli, el lobista que habría actuado como intermediario entre el mandatario nacional y Davis. Esta operación de traspaso ocurrió durante la noche del 3 de febrero de 2025. La coincidencia temporal resulta significativa: menos de veinticuatro horas después, Novelli concurrió a una sucursal bancaria ubicada en Martínez, acompañado por integrantes de su grupo familiar, para acceder a una caja de seguridad portando bolsos. Esta visita se materializó once jornadas previas al lanzamiento oficial de la criptomoneda que posteriormente quedó bajo sospecha de constituir un esquema de defraudación.
Otro segmento de los fondos recibidos por el trader fue canalizado hacia la adquisición de $LIBRA, en sincronía temporal notable con publicaciones de promoción en redes sociales emanadas del máximo responsable ejecutivo, quien simultáneamente mantenía conversación telefónica con Novelli. Peritajes técnicos del ámbito judicial permitieron establecer esta correlación. Cada movimiento aparenta haber sido ejecutado dentro de un cronograma predeterminado, lo que descarta la eventualidad y refuerza la presunción de coordinación.
Los interrogantes que persisten: ausencia de convocatorias y líneas abiertas de investigación
Pese a la claridad con que emergen estas conexiones desde el análisis de registros transaccionales, la instrumentación de actos de investigación no ha avanzado hacia etapas que impliquen confrontación directa con los implicados. Eduardo Taiano, el fiscal que dirige la pesquisa con apoyo de organismos especializados en análisis de transacciones digitales, ha podido identificar de manera inequívoca a Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco como receptores de los fondos provenientes de Davis. Sin embargo, hasta el momento, ni la acusación ni la autoridad judicial competente —bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi— han convocado a estos sujetos para obtener sus explicaciones de forma directa. Este vacío procesal deja en suspenso la oportunidad de que los imputados brinden su versión de los hechos, una brecha que resulta particularmente significativa cuando se contempla la magnitud de los montos involucrados y la complejidad del circuito detectado.
Respecto de Orlando Mellino, testimonios de personas que lo conocen sugieren que su participación en este tejido delictivo pudo haber sido involuntaria. La posibilidad de que fuese utilizado como instrumento sin su comprensión cabal de los mecanismos desplegaría un escenario de victimización. No ocurriría lo mismo con su hijo Diego ni con Susana Georges, según apreciaciones de quienes los frecuentan. Su trayectoria previa en esquemas de negocios —algunos de dudosa legalidad— y su demostrada capacidad para estructurar entramados corporativos complejos contrastan marcadamente con la imagen de sorpresa que podría corresponderle al jubilado. Intentos de contacto directo con Diego Mellino y con su representante legal no obtuvieron respuestas.
Proyecciones y consecuencias probables del despliegue investigativo
El devenir de esta investigación presenta múltiples derroteros posibles que alterarían sustancialmente el panorama actual. Por una parte, la profundización de los actos pesquisidores podría confirmar que se trata de un esquema singular donde cada participante cumplió funciones específicas y ejecutó instrucciones emanadas de una coordinación previa. En ese escenario, la responsabilidad penal se distribuiría de manera diferenciada según el grado de conocimiento y voluntariedad de cada sujeto. Alternativamente, la investigación podría revelar que el entramado es más vasto de lo que actualmente se conoce, incluyendo a otros actores públicos o privados que facilitaron o se beneficiaron de estas operaciones. Una tercera posibilidad radica en que la ausencia de citaciones de los imputados perpetúe un estado de indefinición procesal que obstaculice el esclarecimiento de los móviles y las mecánicas concretas del esquema. Cada uno de estos desenlaces comportaría implicancias distintas para la integridad del proceso judicial, para la confianza institucional y para el precedente que se establezca respecto de cómo la justicia aborda operaciones financieras de esta complejidad e impacto público. Los próximos movimientos del fiscal y del juzgado determinarán qué camino se transitará.
