Cuando Andrés Edgardo Vázquez presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción el viernes 21 de febrero, los números saltaban a la vista: su patrimonio había aumentado en poco más de $383 millones durante 2025. Un crecimiento considerable que lo llevó de poseer bienes valuados en $620,6 millones al cierre de 2024 a declararlos por $1.004,1 millones un año después. Sin embargo, detrás de esa cifra macroeconómica se esconden inconsistencias que disparan las alertas sobre cómo explicó ese salto patrimonial y, aún más relevante, qué es lo que sigue sin explicar ante la autoridad de control.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asumió sus funciones hace apenas dos meses, el 18 de diciembre de 2025, tras el decreto 890/2025 que formalizó su designación con la renuncia de Juan Alberto Pazo. Su trayectoria en la administración pública se remonta a 1990, cuando comenzó como contador en lo que entonces era la AFIP, donde transitó distintas direcciones, incluyendo la de Inteligencia Fiscal. A lo largo de su carrera acumuló cuestionamientos de diversa índole: investigaciones penales vinculadas al casino flotante de Buenos Aires y otras relacionadas con protecciones que habría otorgado desde su anterior posición a figuras políticas y empresarios durante gobiernos anteriores.
El vacío explicativo en las cuentas
Lo que distingue esta nueva declaración jurada no es solo su magnitud, sino el patrón de inconsistencias que atraviesa sus registros contables. Para justificar un incremento patrimonial de $383,5 millones, Vázquez consignó ingresos netos por $158 millones durante el año. No obstante, cuando se analizan los campos complementarios del formulario que la Oficina Anticorrupción requiere completar, surge un descalce matemático de $225,6 millones. En términos prácticos, eso significa que aproximadamente el 59% del crecimiento patrimonial declarado carece de justificación documentada en los rubros establecidos por el organismo de control.
El formulario de declaración jurada contempla cuatro campos específicos para explicar las variaciones en el patrimonio de un funcionario: los ingresos netos del período, la diferencia de valuación de los bienes mantuvieran, los cambios en deudas contraídas y los gastos personales realizados. En su declaración de 2024, Vázquez había informado gastos personales por casi $180 millones, cifra equivalente al 98,19% de sus ingresos netos declarados en ese entonces, además de deudas que incluían expensas adeudadas al consorcio del edificio Los Molinos Building por $1,3 millones y una deuda con American Express de $641.838. Sin embargo, en su presentación de 2025, dejó en cero precisamente esos tres últimos campos: revaluación de bienes, deudas pendientes y gastos personales. La acción de no completar esos espacios genera un espacio vacío donde debería haber explicaciones sobre cómo financió su crecimiento patrimonial.
Una reconstrucción de los datos propios del formulario que Vázquez presentó revela que la revaluación de sus bienes durante todo 2025 alcanzó aproximadamente $188,7 millones, un monto que debería haber figurado en el campo destinado a esa variable pero que dejó registrado como cero. Incluso asumiendo ese número como válido, persisten $194,9 millones cuyo origen no aparece justificado ni en ventas de activos ni en ingresos formales. Si se considera que Vázquez no declaró gasto alguno durante todo el año —lo que equivale a suponer que no consumió un peso en doce meses—, la brecha sin explicación se reduce a aproximadamente $36,9 millones. Una cifra que sigue demandando origen documentable.
Recomposición acelerada de activos sin origen claro
Durante 2025, la composición de los activos financieros de Vázquez experimentó una transformación acelerada. Sus tenencias en ese rubro saltaron de $16,4 millones a $108,2 millones, representando un crecimiento de 6,6 veces en términos nominales. Ese aumento incluyó la adquisición de una obligación negociable de Edenor valuada en $61,1 millones, un plazo fijo en dólares superior a US$20.000 y una cuenta comitente. Adicionalmente, Vázquez incorporó dos vehículos donde previamente no declaraba ninguno: un automóvil Mini John Cooper Works modelo 2024 tasado en $77,2 millones y un Ford EcoSport Titanium por $10,4 millones. Para estos tres bienes en conjunto, valuados por $148,7 millones, consignó como origen de fondos "venta de activos". No obstante, el único inmueble que figura como desprendido de su patrimonio durante 2025 fue una casa de 127 metros cuadrados localizada en Garín, que Vázquez valuó en $15,2 millones al inicio del ejercicio pero dejó registrada como cero al cierre, sin que conste la operación ni su resultado final.
Este procedimiento de hacer desaparecer bienes del registro sin documentar transacciones no constituye un patrón aislado en las declaraciones de Vázquez. En su presentación de 2024 ya se advertía una dinámica similar: un departamento con cochera de 160 metros cuadrados ubicado en Capital Federal, valuado en $88,5 millones, y una cochera porteña de 12 metros cuadrados por $4,2 millones, ambos registrados al inicio del ejercicio, desaparecieron del listado al cierre sin que se documentara transacción alguna. Paralelamente, una quinta de 300 metros cuadrados en Pilar pasó de representar el 50% de su titularidad al 100% sin que Vázquez declarara compra complementaria, manteniéndose en cero el campo reservado para bienes recibidos por herencia, legado o donación. Estas inconsistencias han llamado la atención de los órganos de control administrativo y judicial.
Otro dato relevante en la declaración 2025 es la desaparición de ingresos por alquiler. En 2024, Vázquez había informado rentas del suelo por $10,9 millones, cifra que pasó a cero en la nueva presentación. Sin embargo, un departamento de 64 metros cuadrados ubicado en Quilmes continúa registrado en su patrimonio con la anotación de "destino alquiler", lo que genera una incógnita adicional sobre por qué dejó de percibir ingresos de esa propiedad. Es relevante consignar que los valores que Vázquez utiliza en sus declaraciones juradas son valuaciones fiscales, no precios de mercado. A modo de referencia, el departamento de 318 metros cuadrados donde reside, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, está registrado en $440,3 millones, equivalente a un valor de aproximadamente US$958 por metro cuadrado al tipo de cambio vigente al cierre de 2025.
El silencio sobre las propiedades estadounidenses
Sin embargo, la omisión más significativa en la declaración de Vázquez concierne a sus tenencias inmobiliarias en Estados Unidos. Tanto en la declaración de 2024 como en la de 2025, Vázquez no consignó inmuebles ni participaciones accionarias en el exterior. Solo declaró la existencia de tres cuentas bancarias en territorio estadounidense: con saldos de US$1.807,69 al cierre de 2024 y US$7.804,74 al cierre de 2025. Esta ausencia adquiere particular relevancia considerando que investigaciones documentaron que Vázquez adquirió tres departamentos en territorio estadounidense, específicamente en Miami, por un monto superior a US$2,1 millones. Estas propiedades fueron adquiridas mediante una estructura societaria constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controlaba dos compañías constituidas en Panamá. La operación fue documentada públicamente en diciembre de 2024, aproximadamente dos meses después de que Vázquez fuera designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI).
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación por presunto enriquecimiento ilícito tras conocerse la información pública sobre estas propiedades. En abril de 2025, la procuraduría solicitó la indagatoria de Vázquez ante la justicia federal, tras concluir que omitió comunicar a la Oficina Anticorrupción y a la propia ARCA que es el dueño y beneficiario final de esas propiedades ubicadas en Miami. Sergio Rodríguez, titular de la PIA, fue explícito en su conclusión jurídica: "Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial". El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi tiene en su despacho la solicitud de indagatoria, mientras que actualmente el juez, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la propia PIA aguardan una respuesta oficial de autoridades estadounidenses respecto a la titularidad y composición accionaria de esas propiedades.
Desde el ámbito gubernamental, Vázquez transmitió a diversos interlocutores que los inmuebles de Miami pertenecen a un tercero que nunca identificó públicamente ni ante los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo, esta versión contrasta con la estructura societaria documentada, donde figuraría como beneficiario final. Los registros utilizados para la adquisición y la estructura de tenencia de esas propiedades generan interrogantes sobre cómo un funcionario público, responsable de la administración tributaria y aduanera de la República Argentina, mantiene activos significativos fuera del país a través de entidades opacas mientras omite declararlos ante los órganos de control designados para supervisar precisamente ese tipo de comportamientos.
Implicancias y perspectivas futuras
La acumulación de estas inconsistencias —el descalce contable de $225,6 millones, la recomposición de activos sin origen documentado, la desaparición de bienes sin transacciones registradas, y la sistemática omisión de propiedades estadounidenses— genera un escenario donde las preguntas sobre la transparencia patrimonial de quien encabeza ARCA se multiplican. Algunos analistas consideran que estos patrones podrían indicar deficiencias en los procedimientos de declaración que el propio Vázquez debería fiscalizar en otros contribuyentes. Otros sostienen que las explicaciones proporcionadas hasta el momento resultan insuficientes para cerrar las brechas aritméticas y conceptuales que las declaraciones presentan. Desde perspectivas alternativas, se señala que ciertos incrementos patrimoniales pueden resultar de operaciones complejas de revaluación de activos o de estructuras societarias que, aunque legales, generan opacidad.
Lo que resulta indiscutible es que el proceso judicial seguirá su curso. El fiscal Marijuan, el juez Martínez de Giorgi y la PIA aguardan información de autoridades estadounidenses que podría confirmar o desmentir la estructura de propiedad de los inmuebles en Miami. La respuesta oficial de Estados Unidos constituirá un elemento decisivo para que los tribunales argentinos determinen si existió omisión dolosa en las declaraciones juradas o si se tratara de un error administrativo. Mientras tanto, Vázquez continúa al frente de un organismo cuya función esencial es garantizar la recaudación tributaria y aduanera, precisamente los mecanismos de control que sus propias declaraciones parecen desafiar. El desenlace de esta investigación tendrá implicancias no solo sobre la trayectoria personal del funcionario, sino también sobre cómo se percibe la coherencia entre quiénes supervisan el cumplimiento tributario y cómo ellos mismos cumplen con sus obligaciones de transparencia patrimonial ante el Estado.
