Una vivienda ubicada en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz pasó por una metamorfosis de diez meses que transformó una propiedad en buen estado estructural en un espacio con amenities de lujo. El costo final alcanzó los 245.929 dólares estadounidenses, cantidad que reviste particular importancia no por el número en sí, sino por la manera en que fue financiada y por quién la pagó. Se trata de la residencia del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. El dato que genera el mayor cuestionamiento no es el volumen de dinero invertido, sino que la totalidad del procedimiento se realizó mediante entregas de efectivo, sin documentación fiscal que respaldara los movimientos. Este mecanismo de pago, desarrollado sin registros tributarios y fuera de los canales formales, sentó las bases para que investigadores judiciales iniciaran indagatorias sobre un posible enriquecimiento ilícito del funcionario.
La anatomía de un gasto progresivo
Cuando Matías Tabar, el contratista encargado de la remodelación, fue contactado en agosto de 2024 vía WhatsApp por Adorni, el presupuesto inicial establecido rondaba los 95.000 dólares. El proyecto incluía intervenciones estructurales convencionales: cambio de pisos con porcelanato, pintura, revestimiento exterior y reformas en la galería y entrada principal. Sin embargo, durante los diez meses siguientes, el presupuesto experimentó expansiones sucesivas que triplicaron la inversión original. Una planilla en formato Excel, que Tabar presentó ante los tribunales de Comodoro Py, documenta cada movimiento con precisión: fechas de entregas de dinero, montos desembolsados, conceptos de gasto y proveedores involucrados.
Los saltos más significativos en el presupuesto provinieron de decisiones que transformaron la casa de una reforma estándar a una residencia con prestaciones premium. La incorporación de ventanas Renthaus de alta gama representó un desembolso de 33.000 dólares, un costo que prácticamente duplicó el presupuesto inicial de una sola partida. Paralelamente, se decidió intervenir radicalmente el área de piscina: la pileta original fue rellenada para reducir su profundidad y posteriormente revestida con piedra Bali y mármol travertino, un trabajo que consumió 13.810 dólares. A estos gastos se sumó la instalación de una bomba de calor para climatizar el agua, cuyo costo ascendió a 9.780 dólares, y una cascada ornamental que demandó 3.500 dólares adicionales. El conjunto de las mejoras acuáticas incluyó incluso un espacio de relajación con dos apoyacabezas para jacuzzi, cada uno valuado en 90 dólares.
Detrás de cada línea de la planilla
La cocina y los sistemas de climatización representaron otra línea importante de inversión. Una isla central en la cocina costó 4.900 dólares, mientras que los aires acondicionados, ventiladores e instalaciones relacionadas sumaron aproximadamente 4.000 dólares más. Se agregaron a ello bachas de cocina, dosificadores y revestimientos de mármol cuya enumeración se extiende a lo largo de la planilla. El sector de carpintería a medida fue solicitado en múltiples ocasiones: primero un pedido por 8.037 dólares, posteriormente otro por 19.002 dólares, luego bibliotecas y estantes por 7.500 dólares, y finalmente un último pedido al carpintero Marcelo por 9.200 dólares. En conjunto, la carpintería custom consumió 43.739 dólares, aproximadamente el 18% del presupuesto total. El mantenimiento del entorno también recibió atención: el sistema de riego y el céped del parque acumularon gastos superiores a los 4.000 dólares.
El mecanismo de pago operó de la siguiente manera: Tabar, quien actuó como intermediario y administrador del proyecto, recibía de Adorni entregas periódicas de dólares en efectivo en sumas redondas de 20.000, 30.000 o 40.000 dólares. Con ese dinero en mano, Tabar solicitaba presupuestos a contratistas especializados, obtenía la aprobación de Adorni y procedía al pago directo a los proveedores. La operatoria careció de cualquier documento formal que vinculara contractualmente al propietario con Tabar o con los distintos proveedores. Según la declaración testimonial de Tabar en los juzgados, el 14 de septiembre de 2024 se acordó el inicio de la obra sin la firma de ningún contrato formal. Las entregas de efectivo continuaron durante el desarrollo de los trabajos. El 18 de julio del año siguiente, quedaba un saldo final de 20.929 dólares para completar el costo total exacto. Tabar testificó que esos últimos dólares también le fueron abonados en efectivo cuando finalizó el trabajo.
El cuadro que no cierra
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito tomó un cariz diferente cuando estos gastos se cotejaron con los ingresos declarados por Adorni. Según cálculos presentados públicamente por Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, durante su gestión como jefe de Gabinete el funcionario habría percibido un promedio de 3 millones de pesos mensuales. Los gastos en efectivo documentados en la casa del country, más los movimientos adicionales investigados (viajes y otras inversiones), totalizan aproximadamente 800.000 dólares en dos años. Esto significaría que Adorni habría manejado alrededor de 30.000 dólares mensuales por fuera de su remuneración oficial. La brecha entre ingresos declarados y gastos verificados se amplió aún más cuando se incorporaron otros cuestionamientos: el uso de custodia de la Policía Federal para la esposa del jefe de Gabinete en actividades cotidianas, como viajes a salones de estética, traslado de hijos a establecimientos educativos y visitas a bares frecuentados por la pareja. Los costos operativos de esa protección, aunque no cuantificados públicamente, representan un gasto institucional adicional.
La presentación de estos datos provocó una respuesta del gobierno nacional. La administración de Javier Milei radicó una denuncia por "espionaje ilegal" contra el diputado Rodolfo Tailhade, del bloque Unión por la Patria, quien había formulado preguntas sobre estos gastos durante una sesión informativa en la que Adorni respondía interrogantes de la oposición respecto de su incremento patrimonial. Tailhade había cuestionado explícitamente en la Cámara de Diputados por qué la esposa del jefe de Gabinete contaba con custodia policial para realizar actividades de índole personal, argumentando que debería existir una justificación clara de esos privilegios. La denuncia contraataque buscaba desacreditar al legislador catalogando su accionar como violación de privacidad, mientras que el gobierno caracterizaba los cuestionamientos como un ataque politizado.
Respecto de la identidad y las características del contratista Tabar, la información disponible presenta un perfil que contradice narrativas que circulaban en espacios digitales afines al gobierno libertario. Tabar es uno de los socios del Grupo AA Arquitectura SRL, empresa constituida junto con Facundo Heine. Contrario a lo que podría especularse desde ciertos sectores, Tabar no es un crítico del gobierno actual. Votó a Javier Milei en los comicios presidenciales más recientes, tras haber votado anteriormente a Mauricio Macri. Sus redes sociales contienen publicaciones críticas del kirchnerismo por corrupción en obra pública, cuestionamientos dirigidos a Alberto Fernández y rechazo explícito al sindicalismo gremial, con menciones a figuras como Roberto Baradel y los Moyano. Allegados a Tabar han señalado que sus convicciones libertarias son lo suficientemente sólidas como para haberlo enfrentado en discusiones familiares con su padre y su hermana en defensa de la gestión mileísta. La ironía de que activistas libertarios en redes sociales lo acusaran de peronista luego de que emergieran estos datos no pasó desapercibida para su círculo cercano.
Implicancias presentes y futuras
Los elementos que emergen de esta investigación plantean interrogantes sobre múltiples dimensiones: la operatoria de un funcionario de alto rango que maneja recursos sin correlación evidente con sus ingresos formales, el rol de intermediarios en transacciones que evaden sistemas de control fiscal, y el acceso a servicios de seguridad estatal para fines que escapan a la justificación convencional. El hecho de que la totalidad de los pagos se haya realizado en efectivo, sin documentación tributaria, significa que estos gastos nunca ingresaron al registro fiscal formal, lo que presenta aristas tanto administrativas como penales potenciales. La escala de los gastos—casi un cuarto de millón de dólares—en una propiedad privada ubicada en un barrio cerrado de clase alta, financiados mediante un mecanismo sin papeles, constituye un patrón que demanda escrutinio institucional independientemente de la filiación política de los actores involucrados. Los tribunales federales continuarán evaluando si los fondos utilizados provienen de fuentes lícitas identificables o si representan enriquecimiento cuya origen no puede ser justificado dentro de los parámetros de la ley.
