En la mañana de este martes, decenas de activistas pertenecientes a distintas organizaciones territoriales convergieron en los alrededores de un exclusivo emprendimiento residencial ubicado en la zona de Paso del Rey, partido bonaerense de Moreno. El objetivo: visibilizar el descontento de sectores populares respecto a las políticas de asistencia estatal que el Ejecutivo ha impulsado redefinir o desmantelar. El hecho reviste importancia no solo por la movilización en sí, sino porque marca una estrategia de los movimientos barriales: trasladar la protesta hacia los espacios donde conviven los responsables de las decisiones que afectan sus condiciones materiales. Esta táctica representa un giro en la geografía del conflicto social, llevando el reclamo desde las avenidas centrales hacia los territorios privados de la clase política.
El petitorio rechazado y el monto en disputa
Los manifestantes, nucleados en el Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores —una de las vertientes de la central sindical conducida por Hugo Yasky, histórica figura del kirchnerismo—, se apostaron en los accesos al country "Don Segundo" con documentos que demandaban tanto la continuidad como el incremento de beneficios. Según expresó Omar Muñoz, uno de los coordinadores de la protesta, el petitorio no halló recepción: el personal de seguridad del barrio privado se negó a recibirlo. El documento contenía un reclamo específico: mantener vigente el programa Volver al Trabajo e incrementar su monto, que actualmente se ubica en $78.000. La cifra, en el contexto inflacionario actual, representa un ingreso que múltiples análisis económicos consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia en el territorio bonaerense.
La negativa a recibir el petitorio no fue un detalle menor. Funcionó como cristalización de una brecha más amplia: la distancia física y simbólica entre quienes diseñan políticas sociales y quienes las padecen. Los manifestantes portaban banderas de agrupaciones como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y carteles que cuestionaban de manera directa lo que denominaban "el chantaje de Pettovello". La consigna apuntaba a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya cartera es responsable de las decisiones presupuestarias sobre los fondos destinados a programas de transferencia de ingresos. Muñoz señaló que, si bien se especulaba sobre una posible desocupación de la propiedad por parte de la funcionaria, los activistas contaban con información que indicaba su permanencia en el sitio.
El contexto judicial que mantiene el programa en pie
Para entender la magnitud de esta protesta, es necesario retroceder algunos meses en la cronología de decisiones gubernamentales. A fines de abril, el juez federal con asiento en Campana, Adrián González Charvay, dictaminó un fallo que frenaba la eliminación del plan Volver al Trabajo. La resolución judicial operó como freno a una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que buscaba desactivar el programa a partir del 9 de abril. En su lugar, el Gobierno proponía implementar un sistema de vouchers dedicados a capacitación laboral, una estrategia que modificaría sustancialmente la naturaleza de la asistencia: pasaría de transferencias monetarias directas a bonos condicionados a participación en talleres o cursos. Desde la cartera ministerial, se argumenta que el plan permanece activo precisamente porque "la cautelar así lo marcó", instalando la narrativa de que no hay voluntad de eliminación sino cumplimiento de una sentencia.
Sin embargo, la situación anterior a la orden judicial había generado una crisis de magnitudes considerables en el movimiento social. Entre los días previos al anuncio de desactivación, distintos núcleos piqueteros—agrupados en estructuras como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha—coordinaron jornadas de protesta que incluyeron acciones de considerable envergadura. El 7 de abril, militantes bloquearon accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando congestión vial en puntos estratégicos, y enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad marcaron esa jornada como especialmente tensa. Estas protestas evidenciaban el rechazo visceral a la eliminación de un programa que, para amplios sectores, representa la diferencia entre subsistencia y precariedad total.
La estrategia de desplegar conflictividad en territorios de la élite política
La concentración en Moreno no fue episódica ni aislada. Días atrás, el 31 de marzo, la misma Unión de Trabajadores de la Economía Popular había realizado una movilización frente al country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz, donde reside Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación. Los manifestantes replicaron allí el mismo reclamo por la preservación y ampliación del plan Volver al Trabajo. Este patrón de protestas dirigidas hacia los domicilios de funcionarios marca un viraje táctico en la conflictividad argentina contemporánea: ya no se trata únicamente de cortes de rutas o concentraciones en plazas públicas, sino de un despliegue de presencia en espacios que las élites consideran resguardados.
Muñoz articululó durante la protesta un mensaje que trascendía el reclamo circunstancial: "Llamamos a la unidad del campo popular. Milei logró dividir las peleas, pero necesitamos unificar la lucha". La frase condensa una lectura sobre la fragmentación del movimiento social durante el actual período político. Según los activistas, la administración nacional habría logrado profundizar divisiones preexistentes entre distintas agrupaciones barriales, de modo que la capacidad de coordinación y presión conjunta se vio reducida. La invocación a la "unidad" funciona como diagnóstico implícito: la dispersión debilita la capacidad de resistencia. La manifestación en sí misma fue ordenada: los participantes se ubicaron en sectores laterales de la colectora de la autopista del Oeste, evitando obstaculizar la circulación o los accesos al barrio privado, lo que sugiere un cálculo táctico sobre cómo ejercer presión sin ofrecer pretextos para represión o desalojo.
Desde la cartera ministerial se respondió a la protesta con una descalificación: los voceros sostuvieron que "el reclamo muestra lo que la sociedad no quiere más, los piquetes". La afirmación condensa una perspectiva desde la cual toda acción de calle es interpretada como anacrónica o contraproducente. Propone una lectura donde el "piquete" funciona como significante negativo, no como herramienta histórica de negociación que caracterizó buena parte de la conflictividad laboral argentina desde los años noventa. La bifurcación entre ambas perspectivas—la de los manifestantes que ven en la protesta una expresión legítima de reclamo, y la oficial que la estigmatiza—abre interrogantes sobre cómo se procesarán los conflictos distributivos en los próximos períodos.
Implicancias y perspectivas sobre la continuidad del programa
Los desenlaces posibles del conflicto en torno al plan Volver al Trabajo ofrecen múltiples aristas. Por un lado, la existencia de una cautelar judicial crea un escenario donde el Gobierno carece de iniciativa para desactivar unilateralmente el programa. Esto abre la posibilidad de que el Ejecutivo busque reformular la política mediante otros mecanismos: presupuestarios (reducción de fondos sin eliminación formal), administrativos (cambio en criterios de elegibilidad) o legislativos (sanción de nuevas normas). Por otro, la continuidad de movilizaciones contra políticas sociales podría generar costos políticos crecientes si la coordinación del movimiento popular logra consolidarse. Un tercer escenario contemplaría la persistencia de tensiones institucionales donde el Poder Judicial actuaría como árbitro de decisiones que, en principio, deberían resolverse en espacios de negociación colectiva. Cualquiera de estas trayectorias implicaría redefiniciones en la arquitectura de la protesta social y en la capacidad del Estado para ejecutar su agenda redistributiva, sin que exista claridad sobre cuál prevalecerá.
