Hace más de una década que Alfredo Antonio García guarda una amargura difícil de digerir. El empresario, dueño de un comercio dedicado a la venta de materiales de construcción ubicado estratégicamente entre Avellaneda y Lanús, compareció esta semana ante el Tribunal Oral Federal 7 para contar su experiencia como proveedor del programa de viviendas denominado Sueños Compartidos, iniciativa gestionada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Su testimonio no fue menor: expuso un patrón de incumplimientos financieros que, según su relato, lo llevó al borde de la quiebra. Lo significativo radica en que su declaración irrumpió en medio de un juicio complejo que investiga presuntos desvíos de fondos públicos en una institución que gozaba de considerable visibilidad mediática y respaldo político, cuestionando así la gestión de recursos destinados a un objetivo tan sensible como la provisión de viviendas para sectores vulnerables.
Los primeros pasos de una relación comercial conflictiva
La conexión entre García y el programa de viviendas nació de una proximidad geográfica. A solo pocas cuadras del corralón del comerciante, la fundación había establecido un mercado de frutas como parte de sus iniciativas. Los primeros contactos fueron tentadores: algunas compras iniciales de materiales específicos como codos y perfiles para equipar el espacio parecían indicar un vínculo comercial estable. Sin embargo, la relación se tiñó de una formalidad incómoda desde el principio. El secretario de Pablo Schoklender, una de las principales figuras en la conducción del programa junto a su hermano Sergio, se presentó en el corralón con una propuesta: el "doctor" Sergio Schoklender deseaba conocer personalmente al proveedor. García rememora ese encuentro con una precisión casi cinematográfica. El funcionario llegó equipado con una estética que el comerciante no olvidó: pantalón negro, remera negra, chaleco negro, botines negros y anteojos oscuros. Un detalle particularmente molesto para García: Schoklender encendía un cigarrillo tras otro, un hábito que el vendedor encontraba especialmente desagradable. "Discúlpeme doctor pero si va a fumar, me voy", recuerda García que le expresó durante ese primer encuentro cara a cara. Pese a las fricciones iniciales, decidió confiar. Comenzó a proveer materiales para la radio del programa y para la Universidad de las Madres, otra iniciativa de la fundación.
El quiebre: cheques rechazados y deudas impagables
Las tensiones latentes explotaron cuando García giró veinte cheques de cinco mil pesos cada uno. El resultado fue categórico y demoledor: todos fueron devueltos. Ninguno fue acreditado. Para un pequeño comerciante con proveedores propios a quienes debía rendir cuentas, este rechazo en bloque significaba algo más que un simple inconveniente administrativo. García vio comprometida su relación con sus propios abastecedores, perdió credibilidad comercial y quedó endeudado. "A mí me hicieron un agujero con mis proveedores. Me arruinaron", declaró ante el tribunal con una frustración que aún reverberaba en sus palabras después de tanto tiempo. El patrón que emergía de aquellos años iniciales mostraba una clara asimetría: mientras la fundación demoraba sistemáticamente sus pagos o directamente no los realizaba, García debía mantener su cadena de suministro activa. A diferencia de otros clientes, su empresa no recibía dinero en efectivo de inmediato. En cambio, recibía promesas de pago diferidas: cheques a 30, 60, 90 y hasta 120 días. Una estructura que, en el contexto de un pequeño negocio con gastos fijos, resultaba insostenible.
Tras aquel primer tropiezo, la relación comercial no desapareció por completo, pero se redujo considerablemente. García continuó haciendo ventas puntuales al programa, aunque con la guardia constantemente levantada. La confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente en los negocios. El comerciante aprendió la lección: suministraba productos de manera más cautela, siempre observando cómo se comportaba la fundación respecto a sus obligaciones de pago. Esa cautela iba a ser confirmada cuando, posteriormente, llegó lo que él describe como el episodio que terminó de sellarlo todo.
La aparición de efectivo y la indignación final
En algún momento posterior, García presenció una escena que avivó su sentimiento de injusticia. Vio a un individuo identificado como Emilio Pérsico transportando una caja llena de dinero en efectivo por las instalaciones de la fundación. Para alguien que había recibido cheques rechazados y pagos fraccionados en largas cuotas, la visión de efectivo circulando libramente representaba una contradicción flagrante. "Para todos había efectivo", expresó García en su testimonio, subrayando esa disparidad. La indignación lo llevó a tomar una decisión drástica: interrumpió sus entregas. "Les dije: 'Esos sueños yo no los comparto con nadie', porque mis gastos nadie los comparte", relató. La frase resonó como un acto de ruptura definitiva, un rechazo tanto a la organización como a la filosofía que supuestamente sustentaba el programa.
No obstante, la historia no terminó allí. Pablo Schoklender volvió a contactar a García tiempo después, en un intento de reanudar la relación comercial. Le ofreció una narrativa de cambio: su hermano Sergio ya no estaba a la cabeza del programa, le dijo. Las cosas habían evolucionado. Esta vez, aseguró, los pagos fluirían sin demoras. García nuevamente cedió a la persuasión. Para ese período, el programa estaba ejecutando las etapas finales de Tecnópolis, un proyecto de relevancia pública. Se necesitaban materiales para los asfaltos de las calles interiores del complejo. García envió dos equipos completos de cemento, seiscientas bolsas en total por equipo. Nunca cobró esa última remesa. Nunca recibió pago alguno.
Dimensiones más amplias de la investigación judicial
El testimonio de García forma parte de un expediente judicial considerablemente más extenso que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados al programa. Según lo planteado en el proceso, los hermanos Schoklender habrían apropiado aproximadamente el 23% del presupuesto total asignado a Sueños Compartidos. Una de las sociedades comerciales utilizadas para canalizar estos fondos fue Meldorek SA, empresa de la cual Sergio Schoklender adquirió el 90% de las acciones. Los movimientos financieros asociados a esta firma revelan un patrón que trasciende los incumplimientos con pequeños proveedores: la empresa realizó adquisiciones de lujo incluyendo aviones y vehículos de alta gama, entre ellos un Ferrari. Estos detalles sugieren una desconexión radical entre la misión declarada de la fundación —proveer viviendas a sectores desfavorecidos— y la realidad de cómo se administraban y distribuían los recursos. El fiscal Diego Velazco sostiene la acusación. Los imputados incluyen, además de los Schoklender, a funcionarios del período kirchnerista como el exministro Julio De Vido y el exsecretario José López. La complejidad de la trama sugiere responsabilidades que trascienden a las autoridades locales de la fundación.
Las respuestas y el contexto del litigio
Ante las acusaciones incorporadas a través del testimonio de García y otros medios de prueba, Emilio Pérsico negó categóricamente su participación en irregularidades. Desde su perspectiva, su organización, el Movimiento Evita, nunca colaboró operativamente con Sueños Compartidos. Sostuvo que su participación se limitó a ejecutar obras en la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación directa con el gobierno porteño de entonces. Además, aseguró que nunca estuvo presente físicamente en las oficinas del programa y que la relación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo nunca fue particularmente cercana. Estas aclaraciones ponen de relieve una característica del caso: múltiples actores involucrados en distintos niveles, con participaciones que se solapan, divergen o se contradicen según los testimonios. El juicio oral, iniciado en marzo después de más de quince años desde los hechos investigados, se desarrolla contra el reloj de la prescripción penal, un factor que añade urgencia a las deliberaciones judiciales.
Más allá de los hechos específicos que García detalla, su comparecencia representa algo más amplio: la voz de los actores económicos de menor escala que interactuaron con instituciones públicas o semi-públicas durante ese período. Mientras que las investigaciones se concentran en el nivel de las decisiones financieras mayores y el destino de los fondos hacia firmas comerciales vinculadas, los pequeños comerciantes como García enfrentan las consecuencias inmediatas e individuales de la mala gestión. Su experiencia toca dimensiones que frecuentemente permanecen invisibles en los grandes procesos judiciales: el impacto concreto en las economías domésticas de empresarios modestos, la ruptura de confianza institucional, y la frustración de quienes esperaban que sus servicios contribuyeran a un objetivo social legítimo.
Las implicancias de este caso se extienden hacia varios horizontes. Por un lado, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en instituciones que manejan fondos destinados a fines sociales. Por otro, evidencia vulnerabilidades en las cadenas de pago y en la protección de pequeños proveedores frente a organismos de mayor envergadura. Asimismo, el transcurso de más de quince años entre los hechos y la resolución judicial genera reflexiones sobre los tiempos de la justicia y cómo las víctimas de irregularidades administrativas experimentan dilaciones prolongadas. Diferentes actores extraerán conclusiones distintas de este proceso: algunos verán en él un ejemplo de la importancia de investigar exhaustivamente cualquier desvío de fondos públicos, independientemente de la reputación o trayectoria política de quienes los administren. Otros lo interpretarán como ilustrativo de cómo instituciones dedicadas a objetivos progresistas o de derechos humanos pueden reproducir dinámicas de corrupción similares a las de cualquier otra estructura burocrática. Lo que permanece indiscutible es que los hechos narrados generan tensiones significativas respecto a cómo se ejerció la administración de recursos en un período determinado, con consecuencias reales y mensurables para quienes como García depositaron confianza en esas instituciones.
