A seis meses del inicio del período legislativo, la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación sin precedentes en democracia: su cuerpo legislativo de mayor jerarquía no ha sancionado ni una sola ley. Los enfrentamientos internos dentro del justicialismo bonaerense, lejos de resolverse en espacios políticos públicos, han colonizado las estructuras del Senado provincial, congelando su funcionamiento mientras la administración de la institución devora 428 millones de pesos diarios sin producir una sola norma que incida sobre la vida de 17 millones de habitantes. La última sesión ordinaria registrada fue el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces, las pugnas por el poder dentro de las distintas corrientes peronistas han impedido convocar a sesiones, transformando al Senado en una vitrina de tensiones que deberían procesarse en otra ámbito.

Un presupuesto que no genera leyes

La continuidad operativa de la institución presume un costo anual de 156.204 millones de pesos, aprobado en la estructura presupuestaria de diciembre pasado y sujeto aún a posibles ajustes por efectos inflacionarios. Extendiendo este gasto en el tiempo, desde que arrancó el nuevo período legislativo en marzo, la provincia ha invertido aproximadamente 78.102 millones de pesos en los primeros seis meses para sostener un organismo que permanece inactivo legislativamente. Mensualmente, la cifra alcanza los 13.017 millones. Estos números adquieren dimensión cuando se considera que la casi totalidad de este presupuesto —el 92,8 por ciento— se destina a gastos de personal. La estructura administrativa del Senado comprende 1.062 empleados estables más 316 cargos políticos, conforme a los registros oficiales publicados en el Boletín Oficial a mediados de diciembre pasado. Ninguna ley ha sido modificada, ningún proyecto ha avanzado en comisiones, ningún instrumento legislativo ha tenido tratamiento durante este extenso paréntesis. Los contribuyentes bonaerenses financian una máquina que, por ahora, funciona exclusivamente como estructura administrativa.

La batalla por el poder dentro del oficialismo

El responsable de este bloqueo legislativo no radica en conflictos entre bloques opositores, sino en las fracturas internas del peronismo bonaerense. El bloque oficial, aún bajo la denominación de Fuerza Patria, agrupa a 24 senadores que integran una estructura con 14 legisladores vinculados a distintas vertientes cercanas a Cristina Kirchner, siete aliados del gobernador Axel Kicillof y tres provenientes del espacio de Sergio Massa. A pesar de contar con mayoría propia (mitad más uno en la cámara), esta coalición se encuentra fracturada por disputas de carácter interno que trascienden las simples diferencias políticas. Se trata de una pugna territorial por el control de recursos, cargos y, eventualmente, la dirección del espacio para los próximos comicios provinciales. La conflictividad alcanzó un punto crítico en torno a la designación de autoridades del cuerpo. Sergio Berni, quien fuera funcionario de seguridad y actualmente senador, desafió públicamente en diciembre a la vicegobernadora Verónica Magario —quien preside la institución— respecto de la aplicación de los reglamentos internos. Aunque Berni finalmente desistió de escalar el enfrentamiento hacia instancias judiciales y se quedó con la presidencia del bloque peronista, la tensión persiste. El episodio evidencia que las diferencias no son meramente procedimentales sino expresiones de una lucha más profunda por influencia.

Los actores involucrados mantienen posiciones contradictorias que revelan la complejidad de la disputa. Magario responde políticamente al gobernador Kicillof. Berni, aunque reconoce públicamente que considera "ridícula" la interna, simultáneamente ensalza a Kicillof como un "gran candidato a Presidente" y reclama espacios políticos propios. Su esposa, Agustina Propato, se ha autoproclamado precandidatura a gobernadora para la sucesión de Kicillof. Paralelamente, Berni recibió en fechas recientes en territorio provincial a Miguel Pichetto y reafirmó su vinculación con Cristina Kirchner, utilizando así la plataforma legislativa como escenario de posicionamiento político personal. Estas maniobras, multiplicadas entre los distintos actores del bloque oficial, han creado un sistema de bloqueos recíprocos donde ningún sector logra imponer su agenda sin correr el riesgo de debilitar su posición futura.

Las consecuencias institucionales de la parálisis

La inactividad legislativa ha generado consecuencias concretas que exceden el mero recuento de sesiones no realizadas. Los enfrentamientos internos se trasladaron hacia la distribución de las presidencias de comisiones, espacios institucionales que comportan poder real sobre temas críticos. La Cámpora, identificada con el kirchnerismo, logró hacerse con la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, un cargo de enorme relevancia porque interviene en los procesos de designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Aún más significativo: esta comisión es clave para cubrir cuatro sillones vacantes en la Corte Suprema de Justicia bonaerense, vacancias que generan una crisis institucional en el máximo tribunal provincial. La Corte bonaerense ha expresado públicamente su preocupación, señalando que se encuentra en una condición "inéditamente desintegrada". Su presidente, Sergio Torres, advirtió hace cuatro meses que "postergar las designaciones es debilitar el sistema", sin obtener respuesta alguna de la dirigencia política. Un proyecto de autarquía judicial fue presentado en abril pasado pero no ha tenido ni siquiera debate preliminar en la institución paralizante.

Respecto de la relación con la oposición, la situación no es menos compleja. La Libertad Avanza impulsaba una designación específica en la Comisión de Asuntos Constitucionales mediante un pacto que no llegó a concretarse, optándose finalmente por asignar el lugar a Sergio Vargas, un militante libertario pero distante de las estructuras de Javier Milei. Este resultado evidencia que tampoco existe acuerdo suficiente entre el oficialismo peronista y la oposición libertaria para avanzar en temas sensibles de la agenda legislativa. La Libertad Avanza ha buscado introducir en la agenda bonaerense la aprobación de la Boleta Única Papel, un instrumento que ya es ley en el orden nacional pero que no rige en la Provincia, con el propósito de adaptar el régimen electoral bonaerense a la normativa nacional. Sin embargo, cuando las sesiones recomiencel próximo miércoles —tal como fuera citado por Magario—, la oposición difícilmente contará con quórum suficiente, puesto que el peronismo en sus múltiples vertientes retiene la mayoría absoluta del recinto.

Una comparación histórica: peor que la pandemia

La magnitud de la parálisis adquiere mayor claridad cuando se la compara con períodos legislativos anteriores, incluso aquellos atravesados por crisis severas. Durante 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligaba a restricciones de circulación y concentración de personas, el Senado bonaerense logró realizar dos sesiones en mayo bajo la conducción de Teresa García, una senadora kirchnerista que mantuvo operativa la institución a pesar de las tensiones ya perceptibles con Magario. En 2021, la actividad fue mayor: sesiones registradas el 4 de abril, 18 de mayo y 30 de junio. En contraste, en lo que va de 2026, pasados seis meses desde la apertura del período legislativo, no existe registro alguno de sesión ordinaria. Ni siquiera la emergencia sanitaria global detuvo tan completamente el funcionamiento de la institución. Este dato contextualiza la excepcionalidad de la situación actual, que no responde a limitaciones externas sino a decisiones políticas internas.

La comparación con el año 1984, cuando Argentina retornaba a la democracia tras siete años de dictadura militar, resulta igualmente elocuente. En aquella oportunidad, cuando se reconstruían desde cero las instituciones democráticas, el Senado bonaerense registró 16 sesiones ordinarias en el transcurso del año. Cuarenta y dos años después, con las estructuras institucionales plenamente consolidadas y sin crisis sistémica de por medio, la cámara ha realizado cero sesiones en los primeros seis meses. La erosión del funcionamiento legislativo no es gradual sino abrupta, señalando que los obstáculos son coyunturales y removibles mediante decisiones políticas.

Perspectivas abiertas: qué sucede cuando el Senado vuelva a sesionar

La convocatoria del próximo miércoles abre interrogantes sobre el futuro funcional de la institución. Algunos analistas sostienen que la reanudación de sesiones podría significar un cambio de dinámica, permitiendo que los proyectos acumulados en comisiones comiencen a transitar los trámites legislativos ordinarios. Otros señalan que los factores que motivaron la parálisis persisten: las disputas internas dentro del peronismo no han sido resueltas sino suspendidas, y es probable que las tensiones reaparezcan una vez que se requiera consenso para votar cuestiones concretas. Desde una perspectiva adicional, la ausencia prolongada de actividad legislativa podría haber generado una acumulación de demandas normativas cuya resolución resulte urgente, acelerando la actividad una vez que el cuerpo reinicie su funcionamiento. Por el contrario, algunos sectores advierten que la inactividad prolongada tiende a cristalizarse, generando nuevos obstáculos cuando se intenta retomar la normalidad. La magnitud del costo fiscal incurrido sin retorno legislativo plantea además preguntas sobre la sostenibilidad política de mantener esta estructura en su configuración actual, aunque las decisiones al respecto corresponden exclusivamente a la dirigencia provincial.