La república argentina navega simultáneamente dos realidades irreconciliables. En un plano, la magia deportiva de un futbolista excepcional consigue lo que la política no logra: atenuar, aunque sea por instantes, la animosidad que fractura a la sociedad. En otro, más subterráneo y de consecuencias más duraderas, se despliega una operación de reconfiguración del Poder Judicial que podría rediseñar la arquitectura institucional durante décadas. Ambos fenómenos comparten una fecha común: ocurren ahora, en simultáneo, y uno captura toda la atención mediática mientras el otro avanza sin que la ciudadanía comprenda sus implicancias profundas.

Los indicadores de estado emocional que relevaban organismos especializados en análisis de opinión pública reflejaban un panorama desalentador: casi cuatro de cada diez ciudadanos confesaban experimentar enojo, mientras que más de un tercio se sumergía en melancolía o desmotivación. Ese clima psicológico colectivo resultaba sorprendentemente similar al que caracterizó el confinamiento obligatorio de 2020, una etapa que funcionó como catalizador para la irrupción posterior de nuevas fuerzas políticas. Ahora, cuando ese desasosiego amenazaba con solidificarse en descomposición social, emergió un antídoto inesperado: la actuación de un jugador en la selección nacional que, mediante tres anotaciones de extraordinaria factura frente a Argelia, logró generar una suspensión temporal de los antagonismos que dividen la ciudadanía. Ese efecto pacificador —probablemente más valioso que los propios goles— revelaba algo esencial sobre la condición humana: existe una capacidad para trascender las grietas ideológicas cuando se presenta algo que nos trasciende a todos.

La maquinaria silenciosa de las designaciones judiciales

Pero mientras los espectadores aún reverberaban esa emoción colectiva, en los pasillos del Senado de la Nación se fraguaba una pugna que los medios convencionales apenas mencionaban. La institución legislativa había alcanzado un número de votos suficiente para destituir a través de un mecanismo democrático a Manuel Adorni, funcionario de rango ministerial. Si se consumaba esa acción parlamentaria, se trataría del primer voto de censura contra un jefe de Gabinete desde la incorporación de ese cargo en el ordenamiento constitucional nacional. La magnitud del fracaso político que significaría semejante desenlace obligaba al Presidente a considerar seriamente la solicitud de renuncia del funcionario. Y aquí emerge una de las conexiones más reveladoras: el distanciamiento progresivo de una funcionaria ministerial de peso, Patricia Bullrich, no constituía un gesto de azar político sino el resultado de análisis legislativo profesional. Alguien con la trayectoria parlamentaria de Bullrich poseía la capacidad de prever, con meses de anticipación, que la estructura oficial se dirigía hacia un punto de quiebre institucional.

El Senado, desde entonces, se convirtió en un territorio de arenas movedizas para la alianza gobernante. La crisis desatada por Adorni paralizó el funcionamiento de ese cuerpo e interrumpió el flujo normal de decisiones de trascendencia institucional. Entre esas decisiones obstruidas figuraba un torrente de propuestas de magistrados que aguardaba ser procesado. El Ministerio de Justicia había preparado la remisión de trescientos candidatos para integrar distintos escalafones del poder judicial. El Consejo de la Magistradura, por su parte, ya había elevado trece ternas de candidatos al ministerio mencionado. Y la propia Cámara alta ya había otorgado su aprobación a setenta y cuatro postulantes, entre los que se encontraba una candidata que representaba un símbolo de los conflictos de interés del gobierno: una mujer vinculada por matrimonio a un notable periodista que había realizado investigaciones sobre integrantes del círculo presidencial. Esa aprobación parlamentaria no sólo dejaba al ejecutivo en una posición política comprometida sino que creaba una realidad legal ambigua con consecuencias impredecibles.

El calendario institucional como arma de presión política

Existe un calendario institucional que opera como metrónomo inexorable de la política judicial. Hacia septiembre próximo, casi la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistradura deberían abandonar sus cargos debido a que sus mandatos expiraban coincidiendo con una renovación de autoridades. Ese fenómeno concentrado en tiempo aceleraría exponencialmente el proceso de designación de magistrados. Los cálculos técnicos indicaban que antes de finalizar el año calendar vigente, el oficialismo tendría la capacidad de cubrir un volumen de vacantes equivalente a aproximadamente un tercio de todo el Poder Judicial. Una cifra sin precedentes en la historia contemporánea de la república. Entre esos cargos vacantes se contaban posiciones estratégicas: dos integrantes de la Cámara Federal con sede en la Capital, magistrados que finalmente habrían de revisar causas aún en tramitación en instancias inferiores, entre las que figuraban asuntos de relevancia política inmediata. Otro camarista, próximo a alcanzar la edad jubilatoria, vería vencer su designación sin que el Ministerio de Justicia hubiera avanzado trámites de prórroga. Ese criterio disonaba con las decisiones tomadas respecto de magistrados que integraban otros tribunales, ofreciendo un panorama de selectividad que no escapaba a los observadores del sistema.

Las conversaciones desarrolladas en ámbitos informales anticipaban que el Senado sesionaría el ocho de julio para sancionar una nueva ola de designaciones judiciales. Pero la convocatoria a Adorni ante la justicia estava fijada para el dos de julio. Si lograba postergarse esa indagatoria, el trámite judicial también quedaría demorado automáticamente. Esto significaba que un sector sustancial del gabinete y una porción significativa del aparato judicial interesada en las nuevas designaciones estaban ejerciendo presión sobre un funcionario cuyos fundamentos políticos se habían erosionado completamente. Un aspecto de esa operación resultaba particularmente relevante: el Ministerio de Justicia había aprobado un decreto que simplificaba los procedimientos administrativos para la designación de magistrados. Ese instrumento normativo incluía explícitamente los cargos de la Corte Suprema. Ese detalle muy específico indujo a analistas políticos a formular una hipótesis audaz: el Presidente habría experimentado un cambio de criterio y estaría considerando la posibilidad de proponer candidatos para completar el máximo tribunal, algo que había rechazado públicamente en ocasiones anteriores.

Un episodio posterior proporcionó verosimilitud a esa conjetura. Un juez integrante de la Corte realizó una visita al Presidente en la cual sugirió la candidatura de dos magistrados: un integrante de la Cámara de Casación y una mujer que desempeñaba funciones en un tribunal federal especializado en delitos económicos. Alrededor de esa iniciativa se desplegaron interpretaciones múltiples. La más evidente hacía referencia a la persistencia de ese magistrado: por segunda ocasión intentaba influir en la composición de la Corte después de haber experimentado un fracaso ruidoso cuando su anterior ahijado político no logró alcanzar esa institución. Resultó particularmente notable que entre los recomendados no figurara la persona que próximamente asumiría la Procuraduría General de la Nación, algo que sería lógico si el movimiento respondiera a un esquema territorial coherente. Una tercera particularidad radicaba en que hubiera hecho circular ambos apellidos con aparente premura. Aunque un memorable personaje solía bromear diciendo que "en la Argentina resulta preferible ser candidato a algo que ser algo", en una era dominada por agresividad política, la precandidatura genera desgaste evitable.

Cuando los fallos judiciales revelan conexiones incomodas

La postulación de uno de esos candidatos expuso públicamente una de sus decisiones más cuestionadas como integrante de una sala de tribunal colegiado. Se trataba de la absolución de cuatro financistas que habían gestionado ante una institución bancaria suiza la apertura de cuentas destinadas a los descendientes de un constructor vinculado a gobiernos anteriores. El volumen transferido superaba los veintiún millones de dólares. Esos empresarios, todos empleados de una firma especializada en operaciones financieras, fueron eximidos de sanción penal. La única consecuencia que enfrentaron fue una medida disciplinaria de contenido leve. Esa determinación fue adoptada por dos magistrados, uno de los cuales es el postulado para la Corte. Un tercer juez emitió su voto en sentido contrario, marcando su disconformidad con la decisión mayoritaria. Los cuatro financistas habían sido identificados por un arrepentido que había decidido colaborar con la justicia, proporcionando detalles sobre su participación en la estructuración de una sociedad comercial constituida en una jurisdicción centroamericana, mediante cuyas cuentas circuló el dinero bajo escrutinio.

Especialistas en derecho penal señalaban anomalías sustanciales en ese fallo. La más sobresaliente: fueron condenados los individuos que iniciaron toda la operación de transferencia, así como aquellos que la culminaron, pero los que actuaron como intermediarios entre ambos extremos —precisamente los que facilitaron la maniobra ilícita— resultaron absueltos. Esa geometría invertida de responsabilidades despertaba inquietud en ámbitos académicos y profesionales. La dimensión internacional de esa preocupación resultaba inevitable porque esa causa de lavado de dinero había merecido reconocimiento de un organismo multilateral especializado en combatir esos delitos, justamente por la claridad de sus sentencias y la recuperación de activos ilícitos que alcanzaba cifras superiores a cincuenta y cinco millones de dólares. El nuevo capítulo de ese caso proporcionaba impunidad a quienes desempeñaban roles cruciales. Los especialistas observaban que el Código Penal vigente restringía severamente la aplicación de medidas disciplinarias leves en delitos graves, además exigía consentimiento expreso del fiscal. En este caso, el fiscal había rechazado expresamente ese beneficio. Sin embargo, la Cámara anuló el pronunciamiento fiscal, algo que ocurría en circunstancias excepcionales, eludiendo así ese requisito legal. Otra rareza procedural consistía en que la defensa de los financistas logró que sus clientes accedieran a un juicio separado del que originalmente habían integrado, permitiendo así que dos magistrados suspendieran el debate público oral y acordaran la medida disciplinaria. El tribunal de primera instancia había rechazado ese pedido. También lo había hecho el Estado a través de su representación legal como querellante.

Para numerosos especialistas en derecho penal con trayectoria de prestigio, ese fallo contenía consecuencias que trascendían el caso específico. Ponía en cuestionamiento los compromisos internacionales asumidos por la nación en materia de persecución de operaciones de blanqueo de capitales. El magistrado candidato a integrar la Corte no podía ignorar esa envergadura, habida cuenta de que participaba regularmente en reuniones de ese organismo multilateral especializado. Más allá de la envergadura institucional, existía un conjunto de detalles que circulaba en conversaciones de pasillos judiciales. Uno de los financistas absueltos no era una figura desconocida en la arena política electoral: durante la campaña de dos mil veintitrés, su apellido había aparecido asociado a aportes de dinero provenientes de un sector industrial que gozaba de protección estatal mediante un régimen especial territorial. Similar a lo que había ocurrido con el constructor mencionado, ese financista habría actuado como intermediario entre esos empresarios del sector textil y la estructura electoral de un candidato presidencial. El financista fue defendido por un ex funcionario ministerial que ahora ocupa un cargo importante en la administración. Simultáneamente, tres de los descendientes del constructor fueron asistidos legalmente por el actual viceministro de Justicia. Fue precisamente en esa función defensiva que el viceministro intentó contaminar la investigación mediante testigos falsos, buscando generar acusaciones que permitieran arrebatar el expediente al juez que lo tramitaba. Ese juez finalmente fue procesado por su resistencia, pero posteriormente una Cámara revocó esa decisión. Quiénes suscribieron esa revocación: justamente los dos magistrados que absolvieron a los financistas. Uno de los promotores informales del viceministro durante ese episodio había sido el actual ministro de Justicia, su superior jerárquico en la administración.

Circulaban también versiones de fuentes muy confiables indicando que uno de los financistas absueltos había prestado colaboración en la confección de cuentas falsas atribuidas a un integrante de la Corte Suprema en el extranjero. Las murmuraciones de los tribunales siempre habían señalado a un magistrado de la Corte como responsable intelectual de esa maniobra. Ese magistrado rechazaba indignado semejante acusación. La indagación sobre esa supuesta maniobra estaba a cargo de alguien que anteriormente había sido cercano a ese magistrado y que ahora desempeñaba funciones diferentes, aunque con poderes investigativos. Como era costumbre, ese expediente permanecía en estado dormido. Eventualmente, si el Presidente decidía no completar la Corte Suprema, esa intrincada trama de conexiones podría quedar en estado latente. Pero si modificaba su decisión, esos vínculos complejos entre magistrados, funcionarios y operaciones judiciales deberían constituir materia de reflexión seria.

Cuando el escándalo penal interrumpe las operaciones administrativas

La capacidad del sistema judicial para obstaculizar iniciativas del ejecutivo no se limitaba al terreno de las designaciones. Otra operación administrativa de envergadura consideraba sustancial fue interrumpida por un escándalo de naturaleza penal. Se trataba de la extensión del contrato de administración de terminales aéreas por treinta años, con opción a otros diez adicionales, a favor de un empresario. Esa operación había avanzado en la estructura administrativa correspondiente cuando era conducida por un funcionario que luego fue descubierto durante un procedimiento de allanamiento portando más de dos millones de dólares en efectivo, sustancias psicoactivas de alto riesgo y equipamiento de vigilancia electrónica. Ese funcionario reportaba directamente a un asesor presidencial de influencia considerable. Su sucesora en el cargo, quien adoptaba informalmente una denominación que hacía referencias a su estilo operativo agresivo, procedió a cancelar ese acuerdo una semana antes de la realización del torneo futbolístico continental. En el acta que formalizaba esa cancelación se establecía la apertura de nuevas negociaciones. Resultaba relevante conocer la posición que adopataría la secretaria de asesoría jurídica, que también reportaba al asesor