Las próximas horas serán decisivas para Miguel Licht, magistrado que comanda el Tribunal Fiscal de la Nación desde hace años. Mañana, el Consejo de la Magistratura se sentará a deliberar sobre su participación en el concurso para ocupar una banca en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Lo que en apariencia sería un trámite administrativo más dentro de los engranajes del sistema judicial se convierte en un caso complejo que sintetiza tensiones contemporáneas: el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en espacios donde prima la precisión argumentativa, las discrepancias entre lo declarado y lo comprobable en historiales profesionales, y la competencia política que atraviesa todo el poder judicial argentino.
Licht ubicado actualmente en tercera posición en el orden de mérito del concurso 457, descendió dos escalones tras las impugnaciones presentadas contra su candidatura. Ese desplazamiento no fue arbitrario ni resultado de un cambio de criterio inesperado. Los cuestionamientos se enfocaron específicamente en su capacidad para acreditar la antigüedad que había declarado en sus actividades como docente universitario. Para aspirar a puestos en la magistratura federal, no alcanza con enunciar los antecedentes en un papel: el reglamento de concursos vigente exige que cada aspirante presente constancias emitidas por las instituciones donde trabajó, que validen fehacientemente lo declarado. En este punto, la documentación presentada por Licht mostró inconsistencias notables.
La documentación incompleta que costó posiciones
El candidato sostuvo que se desempeñó como profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad de Belgrano durante más de una década. Sin embargo, cuando llegó el momento de respaldar esas afirmaciones con papeles, los registros resultaron fragmentarios e insuficientes. Licht exhibió un documento que probaba su designación en la UCA para el ciclo lectivo 2011, pero nada más allá de esa fecha puntual. Mencionó haber sido profesor adjunto en esa misma institución, pero indicó que no pudo entregar el certificado correspondiente a tiempo. También consignó su paso como profesor asistente, aunque la constancia que aportó provenía de otra universidad, no de la UCA donde decía haber ejercido esa función.
Este tipo de falencias documentales no constituyen meros tecnicismos procesales. En los concursos para magistrados federales, la comprobación mediante certificados constituye un requisito medular. Así lo han establecido tanto los reglamentos actuales como las propuestas de reforma elaboradas por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Bajo cualquiera de estos marcos normativos, la reducción de puntaje que recibió Licht resultaba ineludible. La jueza contencioso administrativa federal Alejandra Biotti fue quien impugnó su calificación. El resultado fue su descenso de la segunda a la tercera posición en el listado.
Lo paradójico radica en que estas impugnaciones sobre antecedentes académicos fueron presentadas en 2021, cuando el concurso estaba en marcha, y fueron resueltas ahora. Años después, en 2025, emergió un problema adicional que no fue considerado en esas impugnaciones: la publicación de un monumental tratado jurídico de mil páginas, autoría de Licht, que contenía citas a obras que no existen. El libro, titulado "Tratado de interpretación constitucional: aportes de la Halajá en la interpretación jurídica", fue identificado por múltiples especialistas en derecho como portador de referencias fabricadas a textos inexistentes y atribuidas a autores reales que jamás escribieron tales obras.
El episodio de la IA y las citas inexistentes
Cuando juristas de prestigio comenzaron a difundir sus hallazgos en redes sociales, quedó al descubierto que Licht había utilizado herramientas de Inteligencia Artificial en la redacción de su libro. El abogado Ricardo Ramírez-Calvo fue uno de los primeros en señalar públicamente que el volumen estaba "lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores". Dos de las obras ficticias fueron atribuidas al ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz. Ante la exposición, Licht reconoció posteriormente su recurso a la IA, argumentando que "la desprolijidad, el apuro y alguna intervención poco feliz de la IA pudieron jugarme una mala pasada", aunque subrayó que escribió con "honestidad intelectual".
Este episodio no fue casual ni aislado en el historial de Licht. El abogado Fernando Miguez presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura en la cual remarcaba antecedentes previos de conducta similar. Según Miguez, cuando Licht se desempeñaba como secretario letrado de la Corte Suprema, incluyó en su currículum vitae que había salido primero en el concurso para el Tribunal Fiscal, cuando en realidad había sido Gustavo Naveira quien obtuvo ese puesto. La denuncia enfatizaba que no se trataba de un error involuntario sino de una falsificación deliberada de antecedentes profesionales. De hecho, en 2018, Licht fue excluido de un concurso interno en la propia Corte Suprema a pedido de uno de los jueces precisamente por haber tergiversado su currículum.
Conviene situar estos hechos dentro del contexto político más amplio. El gobierno de Javier Milei había considerado a Licht como candidato potencial para la Corte Suprema. El magistrado cuenta con apoyo de sectores de la comunidad judía argentina y del embajador ante Israel, Axel Wahnish, rabino y asesor presidencial. Desde las redes sociales, Licht ha sido activo promotor de la agenda del Ejecutivo y crítico del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, particularmente respecto a sus pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de la emisión monetaria. Su libro sobre interpretación constitucional desde la perspectiva de la Halajá fue leído por analistas como una expresión de afinidad con la visión del Presidente sobre los vínculos entre derecho y tradición religiosa.
El procedimiento y sus instancias venideras
El mecanismo para resolver esta situación sigue pasos precisos establecidos en el ordenamiento del Consejo de la Magistratura. Mañana, la Comisión de Selección analizará las impugnaciones que determinaron el descenso de Licht. A continuación, los candidatos principales deberán someterse a entrevistas personales en las cuales recibirán puntajes adicionales que podrían modificar el orden definitivo de mérito. Una vez establecido ese orden, se conformarán ternas que serán sometidas a votación en el plenario del Consejo. Las ternas aprobadas se elevarán luego al Poder Ejecutivo, que seleccionará a uno de los tres integrantes y enviará ese pliego al Senado para su análisis y votación final. Solo tras la aprobación senatorial el candidato accedería efectivamente al cargo de camarista federal.
Debe mencionarse que Patricio Maraniello, juez de lo Civil y Comercial Federal, estuvo inicialmente en primera posición en el orden de mérito provisional. Maraniello alcanzó notoriedad mediática al otorgar una medida cautelar en favor de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para prohibir la divulgación de audios registrados en la Casa Rosada. Sin embargo, fue excluido del concurso a raíz de procedimientos disciplinarios abiertos en su contra por denuncias de abuso y maltrato laboral. Su exclusión fue la que permitió que Licht avanzara en las posiciones, aunque luego descendería por las impugnaciones sobre antigüedad docente.
En estos momentos, Licht ha mostrado actividad permanente contactando a varios consejeros para informarles que posee las constancias de sus cargos docentes y que estas no fueron consideradas debidamente en la evaluación inicial. Busca de este modo lograr su reposicionamiento en el lugar que ocupaba antes de las impugnaciones. Sin embargo, el análisis que realizará mañana la Comisión de Selección deberá ponderar si la documentación adicional que eventualmente presente colma las deficiencias anteriormente identificadas, o si persisten las inconsistencias que justificaron su descenso.
Las implicancias de este caso trascienden la trayectoria individual de un candidato. Plantean interrogantes sobre cómo el sistema judicial argentino debe lidiar con la proliferación de herramientas de generación de contenido mediante IA, particularmente en espacios donde la precisión, la verificabilidad y la honestidad intelectual resultan fundamentales. También exponen tensiones entre los estándares de evaluación requeridos en los concursos y la documentación que efectivamente se exige a los candidatos. Y, en un plano más político, reflejan las dinámicas de competencia y alineamiento que siguen estructurando el acceso a cargos en la magistratura federal, independientemente de los cambios de gestión en el Ejecutivo.