Los conflictos que sacuden al planeta raramente llegan a las costas de la Argentina de manera directa, pero esta vez algo diferente sucede. Una tensión diplomática entre Washington, Londres e Irán, tejida en los últimos meses, ha encontrado un cauce inesperado en el reclamo histórico por las Islas Malvinas, transformando una disputa geopolítica lejana en el eje discursivo del Gobierno actual. Lo que en apariencia parece una estrategia nacional cuidadosamente orquestada resulta ser, en realidad, el aprovechamiento inteligente de circunstancias azarosas que el equipo comunicacional del Ejecutivo decidió capitalizar con rapidez.
Durante los últimos meses, la Administración Trump ha buscado reconfigurar varios aspectos de su política exterior. En marzo pasado, el presidente norteamericano solicitó al gobierno británico la utilización de la base militar en la isla Diego García, ubicada en el Océano Índico, con soberanía británica pero instalaciones estadounidenses. El propósito era preciso: utilizar esa infraestructura para operaciones contra Irán. El entonces primer ministro Keir Starmer rechazó categóricamente la solicitud, argumentando que las instalaciones solo podían emplearse con propósitos defensivos y que Estados Unidos no enfrentaba una situación de ataque que justificara tal intervención. Para Trump, este rechazo significó un doble golpe: no solo fue negada su petición por el aliado más histórico de Washington en materia militar, sino que además Londres le negaba también el aumento del financiamiento para la OTAN, resistiéndose a aportar el tres por ciento de su PBI que el magnate reclamaba a los socios europeos.
En medio de este clima de tensión transatlántica, circuló desde el Pentágono un cable diplomático que sugería la posibilidad de que Estados Unidos reconsiderara su histórica neutralidad respecto del conflicto por el archipiélago austral. Cuando Trump fue consultado directamente sobre si Washington estaba dispuesto a abandonar esa posición neutral que había mantenido durante décadas, respondió con una frase que daría mucho que hablar: "Yo estoy acostumbrado a revisar siempre mis posiciones". No fue una afirmación clara ni definitiva, sino una insinuación típica de su estilo negociador, donde la ambigüedad funciona como herramienta de presión. Sin embargo, el Gobierno argentino no esperó a que Trump aclarara sus intenciones. Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla aspectos cruciales de la administración, tomó esas palabras y las convirtió en materia prima para construir una escenografía política de dimensiones considerables.
La malvinización acelerada: de la insinuación al discurso presidencial
El jueves pasado, Javier Milei pronunció un discurso televisado de alcance nacional centrado en Malvinas, marcando un punto de inflexión en la agenda comunicacional oficial. El mensaje incluyó anuncios sobre explotación de recursos en el archipiélago, necesidad de militarizar el Atlántico Sur y, fundamentalmente, la reivindicación de una soberanía que presentaba como próxima a concretarse con apoyo estadounidense. Lo notable no fue tanto el contenido del reclamo, que es transversal en la Argentina y difícilmente genere oposición pública, sino el timing y la intensidad con que el Gobierno decidió posicionarse en el tema después de meses donde la iniciativa política le había sido esquiva. La crisis desatada tras la salida de Manuel Adorni había debilitado la capacidad del oficialismo para dirigir la conversación pública; ahora, con Malvinas como bandera, el Ejecutivo recuperaba protagonismo en un terreno donde la unidad nacional era casi garantizada.
Caputo definió la causa como "sagrada" en redes sociales, utilizando un lenguaje que trascendía el análisis racional de los hechos. El asesor no solo se limitó a acompañar el discurso presidencial, sino que añadió capas de significado propias, pronunciamientos que contrastaban con el tono más ponderado del Presidente. En uno de sus mensajes, escribió: "Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras Islas requiere ser una nación políticamente, económicamente influyente y militarmente respetable". La frase evoca, casi sin proponérselo, el lenguaje clásico del peronismo. Resulta extraordinario que un funcionario del Gobierno de 2025, heredero de una tradición liberal que en las últimas décadas ha rechazado enfáticamente el discurso militarista, utilice la expresión "militarmente respetable" vinculada a Malvinas. Desde el retorno de la democracia en 1983, todos los gobiernos han evitado deliberadamente asociar lo militar con la reivindicación del archipiélago, precisamente para no evocar la guerra de 1982. Caputo, sin embargo, abrió esa puerta.
La estrategia funcionó rápidamente a nivel de cobertura mediática. Empresas petroleras internacionales de primer nivel, como Halliburton y Schlumberger, anunciaron que no participarían en proyectos de explotación en Malvinas. ¿La razón? La existencia de Vaca Muerta, el colosal yacimiento de shale gas y shale oil en Neuquén que representa un negocio de magnitudes incomparablemente mayores que cualquier operación en el archipiélago. Para una empresa de servicios petroleros, la ecuación es simple: si debe elegir entre arriesgar su posibilidad de operar en Vaca Muerta o abstenerse de Malvinas, la opción es obvia. Esto demuestra que la presión argentina, refrendada por el reclamo internacional, tenía una base material real que no dependía únicamente de consideraciones políticas.
Las paradojas empresariales que cimientan la campaña
Sin embargo, bajo la superficie de esta campaña de "malvinización" existen paradojas que complican el relato oficial. El proyecto petrolero más avanzado en el archipiélago, denominado SeaLion, es ejecutado por un consorcio donde la empresa Navitas —israelí— participa con el 75 por ciento de las acciones, mientras que Rockhopper —inglesa— aporta el 35 por ciento restante. Para un Gobierno que ha construido su política exterior sobre la alianza estrecha con Israel, resulta incómodo sancionar a una compañía que pertenece a ese país. La situación se complica aún más cuando se considera que Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos a los hermanos Milei, posee accionariado significativo en empresas que controlan negocios en Malvinas desde al menos 2007.
Las conexiones de Elsztain con el archipiélago remontan incluso a antes de 2017, cuando se hizo público su rol como accionista de la holding controladora de la Falklands Island Company. Documentos y comunicaciones de 2008 sugieren que John Major, primer ministro británico durante los años noventa, realizó gestiones para facilitar la participación del empresario argentino en negocios petroleros en la zona. Estas son, evidentemente, situaciones incómodas para un Gobierno que presenta su postura como desinteresada defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo se sanciona a una compañía israelí cuando el aliado más importante es precisamente Israel? ¿Cómo se procesa esta contradicción sin que el relato oficial se derrumbe?
Lo intrigante es que voces políticas israelíes se han alineado con la posición argentina, generando una paradoja dentro de la paradoja. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, publicó en las redes sociales durante septiembre del año pasado que las Malvinas son argentinas, en lo que parecía ser una respuesta al reconocimiento británico del Estado palestino. Más recientemente, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel y aliado de derecha de Netanyahu, solicitó públicamente que su Gobierno reconozca la soberanía argentina sobre el archipiélago e imponga sanciones contra Gran Bretaña por la ocupación. Estas declaraciones, que suenan casi como si provinieran de un funcionario argentino, revelan dinámicas más complejas de lo que aparentan. La tensión entre Israel y el gobierno laborista británico, originada en cuestiones palestinas, encuentra un cauce de expresión en el conflicto malvinero, utilizando al archipiélago como escenario para una disputa distinta.
El rediseño presupuestario y sus implicancias estratégicas
Mientras el discurso sobre Malvinas capturaba la atención pública, ocurrieron en paralelo movimientos administrativos que revelan las intenciones más profundas del Gobierno. Caputo no solo vio el discurso, sino que vio la plata, en palabras de los analistas que observaron estos movimientos. El asesor presidencial ejecutó tres reasignaciones presupuestarias de magnitud significativa. La primera destinó treinta mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), organismos bajo su órbita política aunque formalmente sea asesor y no funcionario. La justificación: identificar agentes británicos y espías de la corona que, según Caputo, intentaban sabotear la política malvinera. En su cuenta en X, el asesor escribió una frase inquietante: "La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica, son espías. Márquenlos". ¿Qué significa "márquenlos" en boca de quien controla los servicios de inteligencia? Las palabras adquieren dimensiones nuevas cuando provienen de esa fuente.
La segunda reasignación destinó doscientos diecinueve mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas, moneda corriente en gobiernos que preparan incrementos de capacidad militar. Entre los proyectos contemplados figura la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, una iniciativa que ha sido debatida durante años. Esta base no solo cumpliría funciones de aprovisionamiento a la Antártida, sino que adquiriría importancia estratégica en un escenario hipotético de confrontación entre potencias en el Atlántico Sur. Si algún día se desatara un conflicto entre China y Estados Unidos, los grandes portaaviones norteamericanos no podrían transitar el Canal de Panamá, siendo el paso por el sur una ruta alternativa. La base en cuestión sería crucial para asistir a la flota estadounidense en ese escenario. China ha observado atentamente estos desarrollos, pues en el pasado intentó construir una infraestructura similar.
La tercera reasignación dirigió ciento diecinueve mil millones de pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), otra agencia bajo influencia directa de Caputo. Estas tres redistribuciones presupuestarias, en conjunto, revelan un patrón: mientras el Gobierno construía una narrativa sobre la recuperación de Malvinas, en realidad estaba financiando la inteligencia, la capacidad militar y las infraestructuras espaciales. El carácter nacionalista del discurso funcionaba como cobertura para decisiones que reordenaban la capacidad estatal en áreas donde Caputo tenía influencia determinante. No se trataba únicamente de recuperar un reclamo nacional, sino de utilizar ese reclamo como justificación para una expansión significativa de recursos en rubros específicos.
El telón de fondo geopolítico y la ambigüedad de Trump
La pregunta fundamental permanece sin respuesta definitiva: ¿hasta dónde llevará Trump su insinuación sobre la neutralidad estadounidense en Malvinas? El presidente norteamericano, acostumbrado a negociar en el mundo empresarial, es un maestro en la formulación de posiciones ambiguas que presionan al interlocutor sin comprometerse. Cuando dijo que revisa todas sus posiciones, no emitió una promesa sino una amenaza velada. El Gobierno argentino la interpretó como compromiso y construyó una escenografía política sobre esa interpretación, pero Trump podría retroceder sin mayores consecuencias, arguyendo que sus comentarios fueron mal entendidos o tomados fuera de contexto.
Lo que Trump sí dijo en privado a una periodista británica fue revelador: "Yo recuerdo la guerra de Malvinas y yo estuve allá. Y ustedes lo hicieron muy bien, lo hicieron rápido. Ahora no estarían en condiciones de hacerlo. Ahora son otro país". Más allá de la evidente imprecisión de sus palabras —Trump no estuvo en Buenos Aires en 1982—, el mensaje contenía una humillación deliberada hacia Gran Bretaña. Su afirmación de que el Reino Unido ya no tendría capacidad militar para defender las islas, bajo la actual composición de fuerzas, era tanto un dato geopolítico como una insinuación de que el equilibrio de poder había cambiado. Estas declaraciones, aunque menos directas que un apoyo explícito, proporcionaban material suficiente para que el Gobierno argentino construyera su narrativa de cambio inminente.
En cuanto a otros actores internacionales, China ha mantenido históricamente que las Malvinas pertenecen a Argentina, posición que sostiene incluso en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. La razón es estratégica: China busca consolidar un principio de unidad territorial que proyecta sobre su propio conflicto con Taiwán, donde reclama soberanía absoluta. Para Beijing, respaldar la posición argentina sobre Malvinas no es un acto de generosidad sino una inversión en un principio de política internacional que luego puede invocar en otros contextos. Israel, aunque aliado de Argentina, también ha expresado su posición en favor de la reivindicación malvinera, aunque por razones distintas vinculadas con sus tensiones con el gobierno laborista británico.
El giro nacionalista en un gobierno liberal: contradicciones visibles
Uno de los aspectos más llamativos de este proceso es la transformación discursiva que ha experimentado el Gobierno. Milei fue elegido con una plataforma liberal, anti-estatal y crítica del nacionalismo populista que caracterizó décadas de política argentina. Sin embargo, el discurso del jueves sobre Malvinas, y especialmente las intervenciones de Caputo en redes sociales, revelan un giro hacia un nacionalismo assertivo que contrasta vivamente con esos postulados originales. Cuando se escucha hablar de "militarmente respetable", cuando se invita a "marcar" a los supues
