Hace apenas una semana, el Presidente volvió a escenificar en las galerías del Congreso una de esas tensiones fundacionales que definen los sistemas democráticos modernos: la fricción inevitable entre quienes ejercen la autoridad ejecutiva y aquellas instituciones diseñadas para fiscalizarla. La escena fue contundente. Llevó a todo su gabinete al recinto, transformó el espacio legislativo en una manifestación de respaldo político y, cuando le preguntaron sobre las acusaciones que pesan sobre su jefe de Gabinete, respondió con calificativos dirigidos a quienes formaban la pregunta. Esta no fue una anécdota aislada, sino la evidencia más palpable de un patrón que crece en intensidad: la concepción del ejercicio del poder que prioriza la lealtad grupal por sobre la sujeción a reglas comunes. Lo que sucede en este momento trasciende los conflictos partidarios rutinarios. Toca la médula de cómo funcionan—o dejan de funcionar—las garantías institucionales que separan el poder concentrado del poder distribuido.
La arquitectura que sostiene la libertad individual
Todo régimen que pretenda preservar la autonomía de sus ciudadanos descansa sobre un acuerdo fundamental: los individuos aceptan ceder parcelas de su libertad natural para que una entidad colectiva—el Estado—ordene la convivencia. Esa transferencia de poder requiere de cerrojos. Dos instituciones cumplen esa función de guardiana: la justicia independiente y la capacidad crítica de la prensa. Ambas existen, en teoría, para impedir que quien concentra autoridad ejecutiva la utilice sin límites. Ahora bien, quien desea consolidar poder tiende, naturalmente, a ver estos contrapesos como obstáculos. Esta tensión no es nueva en la historia política argentina ni es exclusiva de un signo ideológico. Lo novedoso aquí es observar cómo se desarrolla bajo el estandarte de "la libertad" y con el discurso de quien se presenta como revolucionario liberal frente al establishment.
En las últimas semanas, varios funcionarios de rango han sido objeto de investigaciones judiciales. Algunos fueron expulsados del círculo íntimo apenas se conocieron sus inconsistencias patrimoniales. Otros, en cambio, reciben un blindaje que incluye movilizaciones políticas, descalificaciones públicas hacia quienes investigan y, cuando es necesario, reorganización de estructuras judiciales. Esta selectividad no es negligencia. Es un patrón que revela cómo se piensa la relación entre poder y accountability dentro de este gobierno.
El doble criterio y sus lógicas subyacentes
El contraste entre dos casos resulta ilustrativo. Un funcionario que trabajaba en infraestructura fue desvinculado tras descubrirse que no había declarado propiedades en el exterior. La decisión fue rápida, casi visceral, sin espacio para matices. En paralelo, el actual jefe de Gabinete enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que ha generado una movilización defensiva sin precedentes. Las preguntas obvias emergen: ¿qué diferencia hay entre ambas situaciones que justifique tratamientos opuestos? ¿Obedece a que en un caso las pruebas eran incuestionables mientras en el otro hay dudas genuinas? ¿O responde a cálculos políticos sobre quién es expendable y quién no lo es?
Quienes defienden al jefe de Gabinete argumentan que se trata de un exceso de celo investigativo, de que los montos en cuestión son relativamente menores y de que lo que realmente existe es una conspiración de sectores adversos para debilitar al gobierno. Este argumento contiene una presunción problemática: que la justicia y la prensa son "enemigos" cuando actúan de forma autónoma. En otras palabras, que la independencia institucional es incompatible con la lealtad al proyecto oficial. Esta mentalidad—que divide el mundo entre amigos y adversarios, sin lugar para diferencias legítimas—es el núcleo del fenómeno que se está observando.
Dentro del círculo íntimo presidencial circularía la idea de que el verdadero error del jefe de Gabinete habría sido la torpeza operativa, no la conducta en sí misma. Bajo esta lógica, el problema no es que haya acumulado patrimonio de origen dudoso mientras ocupaba un cargo público, sino que no tuvo la astucia de ocultarlo mejor. El remedío entonces no sería investigar, sino proteger. Y si proteger requiere atacar a jueces y periodistas, esa es una consecuencia aceptable del juego político.
La reorganización judicial como obra maestra administrativa
Mientras estas disputas ocupan las portadas, ocurre algo de mayor envergadura institucional: la reorganización sistemática del Poder Judicial. Desde 1983, cuando recuperó la democracia, Argentina no había visto a un ministro de Justicia con la capacidad operativa que hoy posee Juan Bautista Mahiques. A su disposición hay más de doscientas vacantes judiciales por cubrir. Esto no es un número administrativo. Es poder. Poder para reconfigurar el mapa de la magistratura según criterios que, observados con atención, revelan lógicas que trascienden la competencia técnica.
Tomemos un ejemplo concreto. La Cámara Penal Federal, donde se juzgan los delitos de corrupción pública, está siendo reorganizada. Dos jueces que llegaron a través de traslados desde otros tribunales serán desplazados invocando un fallo de la Corte Suprema que exige que ocupen esos lugares magistrados surgidos de concursos. El argumento formal es técnicamente correcto. Solo que ese mismo criterio no se aplica en otros casos. El padre de Mahiques, Carlos Mahiques, ocupa un cargo de camarista federal de Casación al que llegó mediante un traslado análogo. Fue repostulado recientemente en el Senado, recibió acuerdo y continuará en funciones incluso después de cumplir 75 años, la edad de retiro obligatorio para otros magistrados. Las excepciones se multiplican siguiendo un patrón: quienes procesaron a funcionarios cercanos al poder actual quedan fuera. Quienes podrían favorecer los intereses oficiales son retenidos o promovidos.
Un caso que ejemplifica bien la operación es el de una magistrada de la Cámara Comercial. Se comenta que será mantenida en su cargo más allá de lo que marcarían las normas de edad, fundamentalmente porque en una sala donde subroga tiene radicada una causa que inquieta a dos jerarcas deportivos investigados por desviación de fondos. El mismo ministro que dirige estas operaciones tiene vínculos cercanos con esos investigados. En consecuencia, la reorganización judicial no es una reforma administrativa neutra. Es un ta-te-ti de posiciones donde cada movimiento responde a intereses específicos, donde la lógica de la amistad y la enemistad reemplaza a la lógica de principios aplicables a todos por igual.
Fracturas en el núcleo del poder
Dentro del gobierno existe una pugna silenciosa pero visible entre facciones. El asesor presidencial Santiago Caputo perdió poder político cuando Mahiques reemplazó al anterior ministro de Justicia. Con ese cambio, Caputo perdió el acceso a la gestión judicial que antes ejercía a través de un viceministro leal. Hoy observa cómo Mahiques construye una estructura judicial independiente de su influencia. Su respuesta ha sido confrontacional. Emitió críticas contra el presidente de la Corte Suprema en redes sociales, con argumentos que incluían imprecisiones fácticas que un fact-checking básico hubiera evitado. Lo interesante del incidente no es la inexactitud en sí, sino lo que revela: Caputo supone que ciertos magistrados actúan buscando congraciarse con Milei. Esta suposición es notable porque si se examina la propia conducta de Caputo en las redes sociales, el nivel de adulación hacia el Presidente alcanza extremos que sugieren una obsecuencia demandante como mecanismo de supervivencia política.
El conflicto entre estas facciones se expresó también en la distribución de espacios durante la sesión de apoyo a Adorni en Diputados. Los aliados de Karina Milei ocupaban posiciones cercanas al palco presidencial. Los colaboradores de Caputo fueron ubicados en lugares periféricos, con un mensaje político claro: están dentro del gobierno pero separados del poder real. Esto no es una anécdota sobre protocolos. Es la materialización visible de una lucha por la jerarquía dentro de la estructura oficial.
Estos enfrentamientos internos tienen consecuencias que trascienden lo personal. Mientras Caputo buscaba designaciones judiciales de forma lenta y desorganizada, Mahiques actúa con método. La diferencia es que uno operaba desde la Justicia con criterios que podían ser discutibles pero vagos. El otro opera desde la Justicia con criterios que, aunque discutibles, son claramente visibles para quien quiera observar. Esto genera mayor resistencia, pero también mayor eficiencia en la concreción de objetivos.
La conspiración como explicación y sus límites
Existe en el discurso oficial una narrativa según la cual los investigadores, los jueces y los periodistas que cubren investigaciones forman parte de una conspiración orquestada para debilitar al gobierno. Una diputada llegó a incluir en esa trama a una ministra de seguridad de amplio respaldo electoral. Esta teoría tiene el beneficio de ser cómoda: convierte la fiscalización institucional en enemistad política, permitiendo que cualquier crítica o investigación sea descartada como persecución ideológica.
Sin embargo, los hechos son más complejos que la narrativa. Quien investiga al jefe de Gabinete es un fiscal que mantiene relaciones cercanas con el actual ministro de Justicia. Quien tiene a cargo una de las causas es un juez que fue elogiado públicamente por el Presidente cuando se lo consideraba para una vacante de la Corte. Estos no son enemigos del sistema. Son operadores de un sistema que ahora se reorganiza. Si existe coordinación, no es contra el gobierno. Es al interior del gobierno. Las ironías son inevitables.
Las preguntas que quedan flotando son más incómodas para el sistema que cualquier conspiración. Si un funcionario de alto rango ganara 4 millones de pesos mensuales como sueldo, ¿podrían acumular patrimonio significativo? ¿De dónde entonces proviene el enriquecimiento? ¿Existen sobresueldos pagados por el Estado? ¿O existe un sistema de remuneraciones paralelo, quizás canalizados a través de empresarios cercanos al poder o de fundaciones que actúan como intermediarios? Si esto es cierto para Adorni, ¿es cierto también para otros? ¿Se está protegiendo a una persona o se está protegiendo un mecanismo generalizado de enriquecimiento en función pública?
Implicancias y perspectivas en disputa
Lo que sucede en estos meses define el carácter institucional que tendrá Argentina en los próximos años. Un gobierno que logre reconstruir la magistratura según sus criterios, que haga que periodistas y jueces se abstengan de investigar no por ley sino por presión política, que normalice la idea de que la lealtad al líder prevalece sobre la sujeción a reglas comunes, habrá logrado algo que ninguno de sus predecesores alcanzó: la subordinación silenciosa de los contrapoderes sin necesidad de golpes institucionales formales. Esto se logra más eficientemente a través de cambios administrativos que a través de enfrentamientos frontales.
Alternativamente, si los contrapoderes logran mantener una autonomía real, si los jueces investigan sin temor a represalias políticas, si la prensa continúa cubriendo inconsistencias sin ser descalificada como "corrupta" por el poder ejecutivo, entonces los mecanismos de accountability funcionarían aunque de forma precaria. En este escenario, el costo político para el gobierno de mantener ciertos funcionarios bajo investigación sería mayor, generando incentivos para aceptar que algunos de los suyos sean juzgados. Ambas trayectorias son posibles. Ninguna es inevitable. El resultado dependerá de si instituciones y actores clave ceden ante la presión o si encuentran espacios para resistir.
