Un sutil pero revelador cambio de prioridades ocurre en los pasillos de la Casa Rosada. Mientras la administración libertaria ha predicado durante meses su firme determinación de derogar las PASO —el sistema de elecciones primarias que considera un desperdicio de recursos estatales—, los últimos movimientos del Ejecutivo pintan una realidad más compleja. La suspensión de las primarias, objetivo que se suponía estratégico para garantizar la candidatura de Javier Milei en 2025, quedó en segundo plano. En su lugar, el Gobierno desplegó toda su maquinaria política para asegurar la aprobación, durante la jornada del miércoles, de dos iniciativas que considera fundamentales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de inocencia fiscal. Este corrimiento de focos no es menor. Habla de cálculos políticos reales, de urgencias concretas y de la manera en que el poder ejecutivo reordena sus batallas legislativas según coyunturas que evolucionan con velocidad.

Cuando la economía vence a la política electoral

Desde hace semanas, Diego Santilli, ministro coordinador, recorrió provincias, mantuvo encuentros de café con gobernadores y realizó sondeos informales. La conclusión que extrae es tranquilizadora para los intereses del Presidente: una mayoría significativa de mandatarios provinciales verbalizó su respaldo para que las PASO desaparezcan, al menos de manera temporal. Sin embargo, la propia confianza que transmite Santilli desde su gestión contiene una paradoja reveladora. "Los números para suspender las PASO ya los conocemos y somos optimistas. Pero necesitamos sacar otras leyes antes", expresaron colaboradores cercanos al funcionario, en declaraciones que capturan la lógica que orienta las decisiones ejecutivas en este momento.

¿Qué explica este ordenamiento de prioridades? Los proyectos económicos que compiten por atención legislativa no son secundarios en la visión del Presidente. Ambos apuntan hacia un mismo vector: la consolidación de un equilibrio fiscal que sea genuinamente sostenido en el tiempo. La reforma del Banco Central, por su parte, implica modificaciones institucionales en la entidad que maneja la política monetaria nacional. La ley de inocencia fiscal, por otro lado, busca generar un marco regulatorio específico. Juntas, estas iniciativas representan lo que desde Balcarce 50 se considera una arquitectura fundamental para sostener los resultados macroeconómicos que el Gobierno ha logrado hasta aquí. Perder esta ventana legislativa significaría postergar meses las transformaciones que el Presidente estima cruciales.

La red de gobernadores y sus cálculos propios

La construcción de mayorías legislativas no ocurre en el vacío. Santilli y su equipo, junto con Eduardo Menem, subsecretario de gestión institucional, tejieron una red de contactos que se extiende por todas las jurisdicciones. Los aliados más seguros provienen de diferentes espacios políticos: los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), los dirigentes de la línea macrista Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los independientes Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), e incluso el peronista Raúl Jalil de Catamarca. Cada uno de estos mandatarios no solo ha anticipado su voto, sino que comanda a legisladores que responden a su estructura política provincial.

Lo interesante radica en cómo cada gobernador formula su propia justificación. Jalil, por caso, descalificó las PASO como "una encuesta cara", postura que le acarreó críticas ácidas de otros gobernadores peronistas alineados con Axel Kicillof. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, llegó más lejos en su último encuentro con Santilli, confirmando apoyo no solo a la suspensión de las PASO sino también a la reforma del Banco Central, a la que respalda como medida correcta. Figueroa definió las primarias como un "gasto innecesario", empleando una terminología que se aproxima más a la lógica fiscalista que a críticas de fondo sobre el sistema electoral.

Pero la fotografía no es uniforme. Alfredo Cornejo, gobernador radical de Mendoza, mantiene una postura incómoda para el Ejecutivo: aliado en otras cuestiones, pero resistente a la suspensión de PASO porque las considera una herramienta electoral valiosa en su provincia. Osvaldo Jaldo, mandatario peronista de Tucumán y también aliado, no solo rechaza la desactivación de las primarias sino que viene escalando el tono de sus críticas contra la política económica del Gobierno. En Tucumán, según fuentes cercanas al gobernador, el voto de los legisladores para el miércoles permanecía sin definición hasta días antes de la sesión. Maximiliano Pullaro en Santa Fe y Gustavo Sáenz en Salta adoptan una estrategia diferente: discuten ley por ley, aprovechando cada iniciativa para canalizar demandas propias. Este modus operandi refleja la dinámica real del federalismo argentino, donde cada gobernador intenta extraer el máximo valor político de su apoyo.

Los subsidios como moneda de cambio en el tablero federal

No todo en esta construcción de mayorías reposa en acuerdos abstractos o ideológicos. El Gobierno realizó concesiones concretas dirigidas especialmente a los gobernadores del Norte, centradas en incrementos de subsidios hacia las denominadas "zonas cálidas" del país. Estas decisiones fueron "bien vistas" entre los mandatarios que integran este grupo geográfico. Durante la reunión de martes pasado, uno de los interlocutores de Santilli comentó un fenómeno que resume la transformación en curso: "Diego hace política y nosotros también. Hay un cambio de actitud". Este cambio de actitud no es retórica. Implica que el Gobierno reconoce la necesidad de negociar con gobernadores desde una lógica que no es puramente ideológica, sino que incorpora demandas territoriales reales.

Santilli, tras aquella reunión federal, formuló una declaración que ilustra la nueva orientación: "Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos". La frase revela algo importante: el Gobierno admite, de manera implícita, que la retórica anti-establishment de sus primeras etapas requería modulación cuando se enfrentaba a gobernadores que controlan territorios, recursos y bancadas legislativas. Santilli recibió un mandato explícito del Presidente: hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la reelección de Milei el próximo año. Este objetivo supraordenado rige cada decisión que toma en materia de negociación federal.

La ausencia de proyectos provinciales alternativos

Un factor que favorece los cálculos del Gobierno es la fragmentación del espacio opositor en términos de proyectos presidenciales. Según una alta fuente legislativa libertaria, "la ventaja que hoy tenemos es que los gobernadores, en su mayoría, no tienen por ahora un proyecto nacional ni un candidato presidencial al que apoyar". Esta observación contiene implicaciones profundas. Significa que, en ausencia de una alternativa clara, los gobernadores tienden a privilegiar sus propios intereses electorales a nivel provincial. Y resulta que apoyar (o al menos no obstruir) la reelección de Milei puede presentarse como la opción menos riesgosa. Un gobernador que se opone frontalmente al Presidente enfrenta represalias presupuestarias, pérdida de influencia federal y vulnerabilidad ante futuras negociaciones. Uno que coopera, por el contrario, puede negociar concesiones incrementales.

La espada legislativa oficialista graficó el objetivo con una claridad casi brutal: "Nuestro objetivo 1, 2, 3, 4 y 5 es la reelección de Milei". Todo lo demás —la reforma de PASO, la modificación de instituciones—, se subordina a este norte. Incluso la presentación del presupuesto 2027, que ingresará al Congreso a mediados de septiembre, será diferente respecto al año pasado. El Presidente decidió no presentarlo mediante cadena nacional ni en persona ante el Congreso, como ocurrió en 2024. Desde Presidencia confirmaron este cambio sin ofrecer explicaciones detalladas, pero la decisión sugiere una recalibración de gestos y símbolos políticos.

Las grietas en la coalición y los imponderables

Aunque el panorama se presenta favorable para los planes ejecutivos, no faltan grietas. Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, se encuentra en franca disputa con el caudillo local Carlos Rovira y ha decidido tomar distancia del Gobierno. Este movimiento no es irrelevante a la hora de contabilizar votos y buscar aliados. Las cuentas legislativas que Santilli ajusta incluyen márgenes de maniobra acotados. El resultado del miércoles determinará si la apuesta del Gobierno por priorizar las leyes económicas ante la suspensión de PASO fue el cálculo correcto.

Lo que ocurrirá después de la aprobación (o no) de estas iniciativas abre múltiples escenarios. Si el Ejecutivo logra sus objetivos legislativos, habrá demostrado capacidad de construcción de mayorías heterogéneas basada en negociación federal. Si fracasa, enfrentará el interrogante de si sus cálculos sobre el consenso de gobernadores fueron sobreestimados. En cualquier caso, la estrategia de priorizar leyes económicas sobre suspensión electoral contiene un mensaje político claro: el Gobierno considera que su reelección depende menos de eliminar las PASO que de consolidar resultados macroeconómicos mediante reformas institucionales. Los próximos meses dirán si este ordenamiento de prioridades fue estratégicamente acertado o si, por el contrario, dejó vulnerabilidades que otros actores políticos sabrán explotar.