El municipio bonaerense de Morón atraviesa una de sus crisis institucionales más complejas en años recientes, desencadenada por un episodio que combina hechos delictivos graves con fracturas políticas profundas. La desaparición de Luna Suyai Ortigoza, quien hasta hace poco dirigía el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la localidad, ha generado turbulencias que trascienden el plano administrativo para instalarse como epicentro de una batalla de poder entre facciones internas del peronismo y la oposición. El 21 de mayo pasado, un allanamiento realizado en el domicilio de Ortigoza ubicado en Castelar arrojó el secuestro de medio kilo de cocaína, hecho que desencadenó una serie de consecuencias políticas que aún no encuentran cauce de resolución clara. Desde entonces, la funcionaria permanece en condición de prófuga, mientras que las instituciones locales se ven obligadas a procesar tanto las implicancias penales del caso como sus repercusiones en el entramado del poder municipal.
La desaparición que estremeció la administración local
Los hechos que enmarcan este episodio resultan tanto o más relevantes que el hallazgo en sí mismo. Ortigoza fue removida de su puesto apenas veinticuatro horas después de que se ejecutara el operativo en su domicilio, una decisión que marca el punto de quiebre formal entre su vinculación con la administración municipal y la condición de prófuga en la que se encuentra desde entonces. La investigación de los hechos recae sobre la Fiscalía 9 del Departamento Judicial de Morón, institución que continúa su labor de búsqueda y recopilación de elementos probatorios. Dos semanas de ausencia total de la funcionaria han transcurrido sin que se registren capturas o apariciones públicas. En ese contexto, la propia estructura del municipio se vio sometida a presiones crecientes, derivadas no solo de la gravedad de los cargos sino de las complejidades políticas que rodean el caso.
Ortigoza se inscribe en una familia política vinculada históricamente al partido Nuevo Encuentro, organización que mantiene una presencia significativa en el barrio San Juan de Morón. Su trayectoria administrativa en el sector de políticas de género la había colocado en una posición relevante dentro de la estructura municipal. Sin embargo, su designación como directora del centro de políticas de género ocurrió recién el 16 de junio de 2025, una fecha que resulta posterior tanto al allanamiento como a su desvinculación inicial. Este detalle cronológico abre interrogantes sobre los circuitos administrativos y las decisiones que prevalecieron en el seno del municipio durante ese período de incertidumbre.
La grieta interna y sus actores visibles
Detrás del caso Ortigoza se despliega un conflicto político de envergadura considerable dentro del peronismo local. De un lado, el intendente Lucas Ghi, funcionario que responde a la gestión de Axel Kicillof a nivel provincial. Del otro, Martín Sabbatella, exintendente de Morón que mantiene ambiciones electorales para 2027 y responde a los espacios cercanos a Cristina Kirchner. Esta división trascendental ha moldeado prácticamente cada decisión administrativa en los últimos meses. La propia Ortigoza, si bien pertenece a la familia política del sabbatellismo, se alineó del lado de Ghi en esta contienda interna, mientras que el resto de su grupo familiar mantiene lealtad hacia Sabbatella. Esta ruptura intrafamiliar resulta paradigmática de las fracturas que atraviesan la política moronense.
El intendente aprovechó la ocasión para remover de sus cargos a varios dirigentes cercanos a Sabbatella. Entre ellos figuraba Cinthia Frías, quien se desempeñaba como secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad. Estas decisiones administrativas obedecen a una lógica de reorganización del poder municipal que enfatiza lealtades políticas sobre criterios de continuidad institucional. La estructura municipal de Morón refleja así una realidad común en muchas jurisdicciones bonaerenses: la captura de la máquina administrativa por parte de facciones que compiten por la hegemonía local.
Paralelamente al caso de Ortigoza, existe otro incidente de relevancia criminal que complica el panorama institucional. Karen Yael Cufré, empleada de la Secretaría de Seguridad y con funciones en el centro de monitoreo municipal, fue detenida en febrero acusada de integrar una red delictiva dedicada a extorsiones virtuales. Este caso adquirió dimensiones trágicas cuando una de las víctimas, el soldado Rodrigo Gómez, de apenas 21 años, se quitó la vida en la quinta de Olivos en diciembre del año anterior. La conexión entre empleados municipales y actividades criminales organizadas sugiere problemas estructurales en los mecanismos de selección y supervisión de personal que van más allá de casos individuales.
La interpelación como arma política y sus escaramuzas
Ante la gravedad de los sucesos, el Concejo Deliberante de Morón aprobó un pedido formal de interpelación dirigido al intendente Ghi. La votación, realizada el jueves de la semana anterior, reunió dieciséis voluntades, cifra que corresponde a dos tercios de la cámara legislativa local y que resulta necesaria para avanzar con este tipo de iniciativas. Los votos provinieron de bloques sabbatellistas, de la bancada alineada con La Libertad Avanza y de diversos monobloques, todos ellos convergentes en la intención de cuestionar al intendente respecto a su gestión en materia de seguridad e integridad administrativa. Por el contrario, Ghi recibió el respaldo de sus propios concejales y del Frente Renovador, suma que apenas alcanzó ocho votos, insuficientes para bloquear la iniciativa que fue presentada sobre tablas, es decir, sin aviso previo.
El mandatario municipal fue convocado a comparecer ante la cámara el jueves a las nueve de la mañana para ofrecer explicaciones sobre los temas materia de la interpelación. Sin embargo, Ghi optó por no presentarse personalmente. En su lugar, enviará a un funcionario de su gabinete, decisión que encuentra sustento legal en lo prescripto por el artículo 107 inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, norma que autoriza al intendente a concurrir de manera directa o a través de sus secretarios. La identidad del representante que acudirá en su nombre aún no ha sido definida públicamente, lo que añade una capa adicional de incertidumbre respecto a cómo será procesado este episodio en el seno del Concejo.
El decreto que formaliza la interpelación menciona de manera específica tanto el caso de Ortigoza como el de Cufré, reconociendo así que ambos hechos constituyen materia relevante para el análisis y el escrutinio parlamentario local. Esta amplitud temática permite a la oposición argumentar que sus cuestionamientos trascienden la mera búsqueda de información y responden a preocupaciones legítimas respecto a la seguridad y la probidad administrativa en la gestión municipal.
Narrativas enfrentadas y alcances de una ruptura
El entorno del intendente sostiene una hipótesis que resulta central para entender cómo procesa la administración estos eventos: la interpelación constituiría un movimiento coordinado entre el sabbatellismo y los bloques opositores con el objetivo deliberado de destituir a Ghi. Para sostener esta interpretación, los allegados al mandatario invocan un mensaje de audio atribuido a Gabriel Barquero, dirigente peronista de proximidad a Sabbatella, en el cual supuestamente se afirma la intención de "echar a un intendente" y se resalta la experiencia de Martín en tales menesteres. La referencia remite a un precedente histórico: en 1999, siendo Sabbatella presidente de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Morón, se impulsa y aprueba la destitución de Juan Carlos Rousselot, entonces intendente peronista de la localidad. Este paralelismo histórico adquiere fuerza narrativa en el discurso del oficialismo.
Por su parte, el Partido Justicialista de Morón emitió un comunicado en el que calienta el tono de la controversia. El texto acusa a los concejales de La Libertad Avanza y al sabbatellismo de representar "el contubernio de la recalcitrante derecha que gobierna la Nación aliada con sectores que, cegados por el odio y el rencor", acompañan un proyecto cuyo objetivo explícito sería "vulnerar la voluntad popular" y "desplazar al compañero intendente Lucas Ghi". Esta caracterización inscribe la batalla local en una matriz nacional donde la polarización entre el gobierno nacional y las fuerzas que lo resisten estructura la lectura de los conflictos subnacionales.
Desde las filas del sabbatellismo, se rechaza categóricamente tanto la autenticidad del audio de Barquero como las imputaciones de propósitos destituyentes. Los voceros de este sector afirman que "A [el exintendenteRamiro]Tagliaferrolo interpelamos seis veces, nunca concurrió él; el único que fue destituido fue Rousselot". Este argumento factual busca desmentir la narrativa de una alianza coordinada destinada a remover al intendente. Según la perspectiva sabbatellista, la interpelación responde únicamente a propósitos informativos y no alberga en su esencia un carácter destituyente. Los comunicados emanados de este sector enfatizan que han buscado victimizar al intendente presentando "ese hecho jurídico e institucional" como un intento de destitución cuando en realidad constituye un ejercicio legítimo de supervisión legislativa.
Consecuencias abiertas y escenarios posibles
Los hechos que atraviesan actualmente la política moronense dejan abiertos múltiples escenarios de desarrollo. Por una parte, la permanencia de Ortigoza en condición de prófuga representa un interrogante que trasciende los límites de la política local: ¿qué mecanismos de búsqueda se activan cuando una funcionaria acusada de narcotráfico desaparece? ¿Cuál es la eficacia del sistema penal bonaerense en casos que combinan elementos de corrupción administrativa con delitos de drogas? Estas preguntas abren líneas de análisis que van más allá de lo anecdótico. El caso de Cufré, por su parte, expone vulnerabilidades en los procesos de selección y supervisión de personal municipal, aspectos que requieren revisión institucional independientemente de quién ocupe la intendencia. La participación de una empleada municipal en una red de extorsiones virtuales que derivó en el suicidio de una persona indica fallas sistémicas que ninguna facción política puede soslayar sin costos institucionales.
La interpelación pendiente representa tanto una oportunidad como un riesgo. Si es conducida con seriedad, podría generar un espacio de discusión sobre gobernanza y seguridad pública. Si es capturada enteramente por la lógica facticia, contribuirá apenas a profundizar la erosión institucional ya visible en Morón. La decisión del intendente de no comparecer personalmente, aunque amparada legalmente, puede ser interpretada de múltiples formas: como ejercicio legítimo de atribuciones legales o como evasión de responsabilidad ante el Concejo. La comparecencia de un delegado permitirá una continuidad formal de los procedimientos, pero no cancelará las tensiones subyacentes que han generado este episodio. Finalmente, la perspectiva hacia 2027, cuando se definirán nuevas candidaturas en Morón, sugiere que estos conflictos irán intensificándose en la medida en que los actores políticos busquen posicionarse desde ahora para esa contienda futura.
