Las amenazas contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, volvieron a materializarse de manera concreta. Esta vez, el episodio involucró la detección de individuos provistos de equipamiento fotográfico profesional en las inmediaciones de su domicilio en Santa Fe, un hallazgo que desencadenó la apertura de una causa penal y puso nuevamente bajo la lupa la seguridad del máximo magistrado del país. El descubrimiento ocurrió durante la tarde de un domingo, cuando el personal de custodia advertía movimientos sospechosos en la puerta de la residencia: dos personas portaban un trípode y una cámara aparentemente orientada hacia la vivienda.
El dispositivo de seguridad que acompañaba al juez detectó a los sujetos cuando se disponía a trasladarlo desde Santa Fe hasta Buenos Aires. Según consta en los registros oficiales, Roberto Varela, director de seguridad de la Corte Suprema, fue quien reportó el incidente a través de los canales correspondientes. La información de relevancia residía en que una de las personas identificadas poseía nacionalidad venezolana, un dato que inmediatamente adquirió peso investigativo. Sin embargo, los reportes no especificaban si los individuos actuaban en carácter de profesionales de la comunicación o si respondían a otra motivación.
El fiscal activa la maquinaria investigativa
Carlos Stornelli, fiscal federal, consideró que los indicios merecían una investigación exhaustiva y formalizó una causa para esclarecer si Rosatti estaba siendo objeto de vigilancia coordinada. La decisión adoptada por el magistrado instructor Julián Ercolini, quien recibió el expediente, contempló un abanico de diligencias orientadas a desentrañar la intención detrás de los movimientos detectados. Entre las medidas dispuestas figuraron la toma de declaraciones indagatorias a los miembros del equipo de custodia y a efectivos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, así como la solicitud de material audiovisual capaz de documentar lo sucedido. Paralelamente, se encargó profundizar la investigación respecto de la identidad y antecedentes de las personas identificadas en el lugar.
Una decisión particularmente relevante en el expediente fue la orden de certificar todos los antecedentes delictivos que involucraran al juez Rosatti como víctima, con el propósito de establecer conexiones potenciales entre hechos aparentemente desvinculados. Ercolini consideró prudente revisar causas que se encontraban en plena instrucción, ampliando de este modo el horizonte investigativo más allá del suceso inmediato. Esta perspectiva responde a una lógica que ha ganado terreno en los ámbitos judiciales: la posibilidad de que incidentes aislados constituyan, en realidad, capas de una estrategia de hostigamiento más amplia.
Una trayectoria de amenazas documentadas
La sospecha de que exista un patrón detrás de estos hechos no surge de la nada. Meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una sentencia de cuatro años de prisión contra Damián Berruet, quien intentó sustraer una camioneta oficial asignada a Rosatti en los alrededores del Palacio de Tribunales el 30 de mayo de 2024. Durante el proceso judicial, el fiscal Diego Luciani presentó un análisis que trascendía el delito específico: argumentó que los movimientos previos del acusado revelaban patrones de reconocimiento y coordinación, indicadores de que el hecho no podía ser catalogado como un acto espontáneo o aislado. Luciani enfatizó ante los magistrados que detrás del intento de robo operaba un "hostigamiento y asedio" de la cual Rosatti venía siendo víctima desde 2019.
El catálogo de incidentes acumulados a lo largo de estos años presenta características que desafían la casualidad. En noviembre de 2023, la residencia de Rosatti en Santa Fe fue objeto de un intento de robo. Posteriormente, aparecieron pintadas e inscripciones públicas de carácter ofensivo dirigidas al magistrado. A esta lista se sumaron hallazgos de artefactos que resultaron sospechosos y debieron ser desactivados por especialistas. Dentro del Consejo de la Magistratura, se registró el robo de documentación sensible, particularmente las declaraciones juradas del juez. En el plano digital, se detectaron múltiples intentos de acceso no autorizado a sistemas informáticos vinculados a Rosatti. Finalmente, se descubrió la creación de cinco líneas telefónicas registradas bajo su nombre sin su consentimiento, un indicador de suplantación de identidad sistemática. Durante su intervención en el juicio, Luciani insistió repetidamente en que "el objetivo era Rosatti", subrayando que el patrón de ataques múltiples sugería una coordinación de fondo que permanecía sin esclarecer plenamente.
La cadena de eventos que envuelve al presidente de la Corte Suprema presenta, desde una perspectiva analítica, características que trascienden actos delictivos convencionales. La diversidad de métodos empleados —desde intentos de robo hasta suplantación de identidad, pasando por acciones de índole digital y física—, combinada con la persistencia temporal, sugiere que podría existir una lógica organizativa más compleja. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos y de las múltiples investigaciones abiertas, la identificación de quiénes orquestan estas acciones y cuáles son sus motivaciones últimas continúa siendo una incógnita. El nuevo episodio en Santa Fe reaviva interrogantes sobre la seguridad del máximo magistrado del país y la capacidad institucional para disuadir y prevenir conductas que atentan contra la integridad de funcionarios judiciales de alto rango. Las diligencias que ahora dispone la Justicia Federal determinarán si este último incidente constituye una manifestación más de una campaña orquestada o si responde a circunstancias independientes. En cualquier escenario, la acumulación de hechos plantea interrogantes sobre los canales de seguridad disponibles, los protocolos implementados y la efectividad de los mecanismos de investigación existentes para desbaratar redes que operan en su contra.
