Una tormenta administrativa y legal sacude los cimientos de la institución naval argentina. Nueve militares fueron separados de sus funciones tras quedar expuestos en un esquema de desvíos de fondos públicos que, según cálculos internos de la propia Armada, podría haber alcanzado la cifra récord de $1.600 millones. La decisión del comando institucional representa el reconocimiento oficial de que el sistema de control sobre la liquidación de haberes funcionó de manera deficiente durante años, permitiendo que personal de la fuerza —tanto militar como civil— aprovechara vacíos administrativos para beneficiarse indebidamente. Lo que comenzó como una sospecha terminó convertirse en una investigación penal que involucra a decenas de personas y que ya ocupa a los juzgados federales.
El almirante Juan Carlos Romay, máxima autoridad de la Armada, autorizó el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial identificados como participantes directos en las maniobras irregulares. Esta medida administrativa, implementada conforme a la normativa disciplinaria específica para el personal militar, busca separarlos temporalmente de sus asignaciones mientras avanza tanto el proceso judicial como las investigaciones internas de la institución. La vigencia de esta sanción preventiva se mantendrá en pie "hasta que se resuelva la responsabilidad disciplinaria" de cada uno de los involucrados, de acuerdo con los comunicados oficiales difundidos desde la sede de la Armada.
Un esquema sofisticado de desvío de recursos
La investigación que llegó a los tribunales federales —específicamente al juzgado número 2, bajo supervisión del juez Sebastián Ramos— revela un entramado complejo de prácticas fraudulentas que funcionó entre julio de 2022 y enero de 2026. Según la denuncia presentada por la propia institución naval, el perjuicio inicial estimado rondaba los $938 millones, aunque fuentes internas de la fuerza sugieren que la cifra real puede ser considerablemente mayor. El sistema de fraude operaba a través de múltiples canales: desde la falsificación de viáticos por comisiones internacionales que nunca se realizaron, hasta la creación de identidades ficticias para realizar acreditaciones bancarias clandestinas.
Uno de los casos más emblemáticos involucra al capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del área encargada de procesar y certificar los pagos de haberes del personal. Su esposa, María del Carmen Prieto, aparece en los registros como beneficiaria de transferencias indebidas, acumulando $152,2 millones distribuidos en 46 depósitos realizados a su cuenta personal. Aunque Prieto no posee relación laboral con la institución castrense, recibió fondos públicos destinados a la remuneración del personal militar, lo que evidencia la participación de civiles externos en el esquema. Paralelamente, otras tres personas sin vínculos documentados con la Armada también resultaron beneficiadas: Andrés Santana percibió $99,4 millones, mientras que Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia recibieron $91,9 millones y $90,4 millones respectivamente. La magnitud de estos montos apunta a un sistema organizado de extracción de recursos, no a irregularidades aisladas.
Los mecanismos del fraude: cómo se desviaban fondos del erario público
Los métodos empleados en este esquema de malversación muestran una sofisticación preocupante. El denominado "fraude de viáticos falsos" funcionaba asignando montos en divisas extranjeras por misiones diplomáticas o de comisión que supuestamente se ejecutaban en el exterior, pero que en realidad nunca tenían lugar. En otros casos, las comisiones sí existían en el papel, pero una vez finalizada la tarea asignada, continuaban realizándose pagos aunque ya no correspondía ninguna compensación adicional. Este método aprovechaba los tiempos de lag administrativo y los vacíos en los sistemas de verificación de actividades finalizadas. Los llamados "cobros fantasma" constituyen otro pilar del fraude: se acreditaban montos a través de números de identificación tributaria (CUIL) pertenecientes a personal retirado o dado de baja de la institución, aprovechando que estas identidades ya no estaban bajo supervisión activa. Finalmente, el mecanismo de "suplementos con retorno" liquidaba conceptos como horas extras, especialidades de buceo u otros complementos a personal que nunca realizó tales tareas, obligándolos posteriormente a devolver el 50% del dinero cobrado, en un sistema que generaba transacciones adicionales y dificultaba el rastro de los fondos originales.
Un detalle que circuló entre los pasillos del edificio Libertad —la sede central de la Armada— evidencia hasta qué punto operaba el mecanismo de presión y coerción dentro de la institución. Una teniente de navío que logró detectar las primeras anomalías en los registros habría recibido un ofrecimiento de dinero para que guardara silencio y no elevara sus hallazgos a la cadena de mando. Este dato sugiere que el esquema no operaba únicamente sobre la base de la impericia administrativa o el aprovechamiento oportunista de vacíos, sino que contaba con mecanismos activos de silenciamiento y obstrucción para evitar que las irregularidades salieran a la luz.
La presentación judicial que reposa en los archivos del juzgado federal establece una cronología detallada de cómo estos desvíos se perpetraron durante un período de más de tres años. La propia Armada, al formular la denuncia penal, reconoció que su sistema interno de controles resultó insuficiente para detectar y frenar estas prácticas a tiempo. Aunque la institución ahora enfatiza su "política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción o irregularidad que menoscabe su prestigio y buen nombre", el hecho de que estas maniobras hayan perseverado durante tanto tiempo plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de auditoría que operaban en el área de liquidación de haberes. Las investigaciones administrativas posteriores a la detección permitieron determinar "inconsistencias en las acreditaciones de sueldos", eufemismo que encubre un sistema de robo organizado de recursos del Estado.
Implicancias y perspectivas
La resolución de este caso seguirá bifurcándose en dos caminos paralelos: el de la responsabilidad penal, que tramita en los juzgados federales con potencial para derivar en condenas por delitos como fraude, malversación de fondos públicos y asociación ilícita, y el de la responsabilidad disciplinaria militar, que procede conforme a los códigos internos de la institución. Para el personal civil involucrado, los marcos regulatorios difieren, pero el impacto reputacional y legal resultará igualmente significativo. La suspensión de los nueve militares marca el inicio de un proceso que probablemente se extenderá por años, durante el cual tanto la justicia ordinaria como la institución castrense deberán determinar grados de responsabilidad individual y, eventualmente, disponer sanciones. Las consecuencias institucionales podrían variar: algunos analistas advierten sobre la necesidad de fortalecer los controles internos y modernizar los sistemas de auditoría; otros subrayan que un escándalo de estas proporciones afecta la credibilidad de la fuerza en su conjunto; un tercer grupo advierte sobre posibles reacciones políticas que demanden cambios en la estructura de comando. Lo cierto es que los $1.600 millones desviados representan fondos que debieron destinarse a infraestructura, equipamiento y remuneraciones apropiadas para el personal que sí cumplió correctamente sus funciones, generando un daño múltiple que trasciende lo meramente contable.
