La sala del Tribunal Oral Federal ubicada en la provincia patagónica presenció este jueves una jornada cargada de emotividad y reclamos que contrastó drásticamente con los meses anteriores de análisis técnico y peritajes especializados. Mientras el proceso judicial entra en su fase conclusiva —los alegatos finales estaban programados para la semana del 22 de junio—, fueron las voces de quienes perdieron a sus seres queridos las que dominaron la audiencia, transformando los expedientes y documentos en historias de familias destrozadas. Los cuatro exoficiales de la institución castrense enfrentan acusaciones por incumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos, negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades y homicidio culposo agravado. Sin embargo, en esta ocasión, no fueron los peritos ni los expertos en navegación submarina quienes tuvieron la palabra, sino madres, esposas, hermanos e hijos de los 44 hombres que desaparecieron el 15 de noviembre de 2017 cuando la unidad se sumergió en el Atlántico Sur.

Las preocupaciones que no fueron escuchadas

Susana Vizcarra se presentó ante el tribunal como portavoz de una inquietud que había permanecido guardada durante años: la preocupación de su marido, el Suboficial Primero Walter Germán Real, respecto a las condiciones en que el submarino se aprestaba a zarpar. Según relató, su esposo le había comunicado antes de la navegación que en la unidad "había que figurar que navegaban", una expresión que sugiere que existía conciencia de que los procedimientos no se estaban cumpliendo adecuadamente. La declaración de Vizcarra trascendió la mera tristeza para convertirse en un cuestionamiento directo sobre por qué se permitió que una nave en estado deficiente partiera hacia el mar. "Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo", fueron sus palabras, que resonaron en la sala como una pregunta sin respuesta que ha perseguido a los familiares durante más de ocho años. Con tono firme, añadió una reflexión que apuntaba directamente a los bancos de los acusados: "¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar". Su testimonio no se limitó al cuestionamiento, sino que enfatizó la naturaleza del vínculo perdido: "Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar". Esta frase condensa el drama de quienes vieron partir a sus maridos, padres e hijos cumpliendo con su deber, sin imaginar que las decisiones de sus superiores los conducirían a una muerte inevitable.

Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, llevó su testimonio más allá del análisis judicial para penetrar en el territorio del sufrimiento cotidiano. "No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe", expresó mientras las lágrimas marcaban su rostro. Su intervención enfatizó cómo la tragedia no fue un evento puntual, sino el punto de quiebre de una existencia que nunca volvería a ser la misma. El reclamo de Gopar se dirigió hacia la urgencia de obtener respuestas definitivas y hacia el cuestionamiento del accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento, sugiriendo que la institución no había actuado con la transparencia y responsabilidad que la situación demandaba.

La acusación silenciosa del abandono institucional

Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, utilizó su lugar en el tribunal para formular una acusación directa: "le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones". Su declaración sintetiza la tesis central que atraviesa todo el juicio: que la responsabilidad por las muertes recae en quienes tomaron la decisión de enviar la nave a una misión que nunca debería haberse realizado en esas circunstancias. Rojas también cuestionó determinadas declaraciones que los acusados habían brindado en audiencias precedentes, sugiriendo inconsistencias en sus relatos o falta de sinceridad en sus explicaciones ante la justicia.

El testimonio más extenso de la jornada correspondió a Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, quien se desempeñaba como oficial de comunicaciones en la dotación del submarino. Meoqui recordó la vocación profesional de su hermano por las actividades submarinas, lo que amplificó el dramatismo de su muerte: un hombre apasionado por su trabajo fue enviado a una misión en una nave que no reunía las condiciones de seguridad necesarias. Su intervención trasladó la cuestión más allá de la responsabilidad penal de los cuatro exoficiales para abarcar decisiones institucionales más amplias. Cuestionó la tecnología que se había utilizado durante las operaciones de búsqueda y rescate después del hundimiento, el trato que las familias recibieron durante esos días angustiantes, y la falta de transparencia informativa que persistió durante más de ocho años. "La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas", manifestó, expresando una crítica que va más allá del juicio específico para dirigirse a la cultura institucional de la marina.

Meoqui también abordó aspectos que generalmente no forman parte de los procedimientos judicales tradicionales: mencionó presuntas persecuciones contra los familiares, intervenciones sobre teléfonos celulares, y lo que describió como mecanismos de manipulación de la información que habrían sido utilizados por la institución "para que nos calláramos". Estas acusaciones sugieren que, más allá del evento catastrófico del hundimiento, los deudos enfrentaron lo que perciben como una campaña de represión o intimidación destinada a silenciar sus demandas de justicia. "Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos", afirmó, haciendo referencia a supuestas tácticas de fragmentación del movimiento de familiares. Su participación alcanzó su punto máximo emotivo cuando, envuelta en una bandera que portaba los rostros de los 44 tripulantes fallecidos, pidió un minuto de silencio y procedió a nombrar uno por uno a cada integrante de la dotación, respondiendo tras cada nombre: "Presente". Este acto transformó los autos judiciales en un memorial vivo, recordando que detrás de cada cifra, cada pericia técnica y cada argumento legal, existía un ser humano con una historia, una familia, y un futuro interrumpido.

La búsqueda de verdad en una sala de justicia

El proceso judicial que llega a su etapa final representa, para los familiares, el último mecanismo institucional disponible para obtener respuestas sobre lo ocurrido aquella tarde de noviembre hace ya más de ocho años. Los testimonios escuchados este jueves no fueron argumentos legales sofisticados, sino relatos directos de personas que conviven diariamente con la ausencia de sus seres queridos. Las madres que perdieron a sus hijos, las esposas que enviudaron, los hermanos que vieron partir a sus congéneres sin saber que no regresarían, utilizaron la palabra para trasladar la magnitud emocional del evento al espacio donde se supone que se administra justicia. El contraste entre las semanas previas de análisis técnico detallado y esta jornada de declaraciones familiares refleja la complejidad intrínseca de los procesos que investigan tragedias en las que intervienen tanto decisiones humanas como factores técnicos. Mientras los peritos analizaban sistemas hidráulicos, procedimientos de navegación y protocolos de seguridad, los familiares insistían en una pregunta más fundamental: ¿por qué se permitió que esto sucediera?

La proximidad de los alegatos finales convierte a estos testimonios en un momento crítico del proceso. Las palabras pronunciadas esta semana se incorporarán al expediente como evidencia de las consecuencias humanas de las decisiones que los acusados tomaron o dejaron de tomar. Los jueces deberán evaluar, en sus deliberaciones posteriores, si los elementos probatorios y los testimonios presentados sustentan la responsabilidad penal de los cuatro exoficiales. La resolución que se adopte no únicamente determinará si hay culpables por la tragedia, sino que tendrá implicancias sobre cómo se interpretará institucionalmente lo ocurrido. Para algunos sectores, una condena establecería que la negligencia en el cumplimiento de deberes de funcionarios públicos genera responsabilidad penal efectiva. Para otros, podría representar un precedente importante respecto a cómo se evalúan las decisiones de autoridades militares en contextos de riesgo. Por el contrario, una absolución o una sentencia que responsabilice parcialmente a los acusados podría interpretarse como una limitación en la capacidad del sistema judicial para exigir cuentas a funcionarios públicos por omisiones, incluso cuando éstas resultan en muertes masivas. Los familires de los 44 tripulantes, que durante años han actuado como guardianes de la memoria de lo ocurrido, continuarán con sus vidas a la espera de que la justicia resuelva qué tipo de responsabilidad corresponde asignar a quienes estuvieron en posiciones de poder y adoptaron, u omitieron, decisiones que terminaron siendo fatales.