La vicegobernadora de Mendoza enfrenta ahora una amenaza institucional seria tras sus controvertidas expresiones acerca del equipo francés de fútbol. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones durante la cobertura del Mundial 2026 escalonaló hacia múltiples acciones legales y políticas que cuestionan su capacidad para ejercer funciones públicas de alto nivel. El hecho reviste importancia porque pone sobre la mesa no solo debates sobre discriminación y decoro público, sino también cómo operan los mecanismos de control y equilibrio de poderes en jurisdicciones provinciales argentinas, especialmente cuando involucran al oficialismo y sectores internos de la misma fuerza política.
Hebe Casado utilizó redes sociales para referirse a la selección gala con términos que generaron rechazo inmediato. Sus expresiones, donde calificó al equipo como "africano de flojos modales" y añadió críticas hacia el futbolista Kylian Mbappé, provocaron una reacción en cadena que trascendió el ámbito deportivo y se instaló firmemente en el terreno político y diplomático. Lo que pudo haber quedado en una anécdota más del humor futbolero terminó convirtiéndose en un asunto de Estado cuando la embajada francesa en Argentina respondió con un comunicado que la declaró "persona non grata" y denunció conducta discriminatoria.
La estrategia política detrás del pedido de destitución
Un colectivo de dirigentes radicales con distancia respecto de la administración de Alfredo Cornejo encabezó la iniciativa del juicio político. Liderados por Miguel Mathus Escorihuela, abogado y exsenador nacional con trayectoria en la provincia, presentaron la solicitud ante la Cámara de Diputados. El grupo incluyó también al exdiputado nacional Fernando Armagnague y otros legisladores radicales como Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa, Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade. Esta composición revela fracturas internas dentro de la Unión Cívica Radical mendocina, toda vez que el presidente de la Cámara de Diputados, André Lombardi, es identificado como hombre de estrecha confianza del gobernador provincial.
Los denunciantes invocaron el artículo 109 de la Constitución de Mendoza para fundamentar su reclamo, esgrimiendo que la vicegobernadora incurrió en "conducta impropia" y "mal desempeño de sus funciones", ambas causales explícitamente contempladas en la normativa local para el enjuiciamiento de altas autoridades. Según esta disposición, gobernador, ministros, vicegobernador, miembros de la Suprema Corte y procurador pueden ser sometidos a juicio político por tales causas, así como por faltas, delitos en el ejercicio de funciones o crímenes comunes. El pedido adquiere relevancia porque utiliza un instrumento constitucional que existe específicamente para casos de gravedad institucional, no simplemente para faltas administrativas menores.
Paralelo con otras acciones judiciales y políticas
El pedido de juicio político no constituye la única línea de ataque contra la funcionaria. Previamente se había presentado una denuncia penal impulsada por Alfredo Guevara, abogado de orientación kirchnerista, que encuadró las expresiones de Casado bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. Esta denuncia inicialmente radicada en la justicia local escaló posteriormente a instancia federal, ampliando así el espectro de autoridades judiciales que analizan el caso. Simultáneamente, el bloque justicialista en la Legislatura provincial elevó iniciativas propias para repudiar las declaraciones de la vicegobernadora, demostrando que el rechazo no proviene únicamente de sectores radicales sino de espacios políticos diversos. Esta convergencia de acciones de distinto origen y naturaleza refleja la profundidad del impacto que generaron sus comentarios en la agenda provincial.
Mientras tanto, el gobernador intentó contener la crisis mediante una carta dirigida a las autoridades diplomáticas francesas. Cornejo se distanció públicamente de su vice, caracterizando sus dichos como portadores de "carácter discriminatorio" e intentando así establecer una separación entre su posición y la de la segunda autoridad provincial. Esta estrategia, aunque no fue explícitamente condenatoria hacia Casado, funcionó como un ejercicio de damage control dirigido a preservar la relación institucional con Francia y, por extensión, con la Unión Europea. El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, había tensionado aún más la situación al calificar a la vicegobernadora como "persona racista".
La defensa y el debate sobre expresión política
Casado rechazó categóricamente la acusación de discriminación y se negó a retractarse de sus expresiones. Sostuvo que sus comentarios se enmarcaban dentro del folclore futbolero, argumento que repitió en múltiples ocasiones ante distintos interlocutores. Ante el reclamo del embajador, respondió contraargumentando que ella no consideraba peyorativo pertenecer a África y que, en todo caso, quien debería rectificarse sería quien supusiera que ser africano implica una condición de inferioridad. La funcionaria también se quejó de lo que calificó como "wokismo" y "correctismo político" que, en su perspectiva, impide la libre expresión. Estos posicionamientos muestran una visión particular sobre los límites entre crítica deportiva, humor público y responsabilidad institucional de funcionarios de alto rango. Casado argumentó que continuar con una retractación equivaldría a validar interpretaciones que ella considera erróneas sobre el contenido de sus dichos.
Los impulsores del juicio político, sin embargo, enfatizan que el tono y la intención de sus expresiones constituyeron una manifestación clara de prejuicios que una segunda autoridad provincial no debería expresar públicamente. Subrayan que el contexto de redes sociales, donde se originaron sus comentarios, amplifica el alcance y la responsabilidad de quien ocupa una función de semejante nivel jerárquico. Además, destacan que no solo proferió una expresión aislada sino que continuó con otras manifestaciones similares en transmisiones posteriores de partidos del campeonato mundial, lo que sugiere un patrón de conducta más que un desliz momentáneo. También resaltan que Casado nunca pidió disculpas formales, algo que sus críticos consideran evidencia de falta de arrepentimiento o reconocimiento de error.
Los legisladores que impulsaron el pedido sostienen que con sus comentarios la vicegobernadora provocó "daño moral y material" a Mendoza, a su gobierno y a sus ciudadanos. Argumentan que dejó "en ridículo" su cargo y puso "en riesgo la cooperación económica con la República Francesa" y potencialmente con la Unión Europea. Para ellos, sus declaraciones constituyeron un "desorden de conducta" que obligó al gobernador a ofrecer explicaciones ante autoridades extranjeras, algo que trasciende lo meramente personal para convertirse en un asunto de interés público provincial. Este análisis intenta demostrar que no se trata únicamente de una opinión mal expresada sino de acciones que generan consecuencias concretas en relaciones internacionales.
El marco legal y los próximos pasos
El procedimiento de juicio político en Mendoza requiere una mayoría especial: dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas. Primero debe acusar la Cámara de Diputados y luego el Senado realiza el juzgamiento. Dado que la Legislatura provincial cuenta con mayoría oficialista, las posibilidades de que el proceso avance parecen reducidas desde la perspectiva de quienes impulsan la destitución. Sin embargo, el mecanismo aún se encuentra activo y pendiente de tratamiento formal. Si eventualmente llegara a prosperar, podría resultar en la separación del cargo y destitución de la vicegobernadora, aunque este escenario presenta escasas probabilidades en el contexto político actual.
La base legal de la denuncia penal se sustenta en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 sobre actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970. Estos marcos normativos establecen que ciertas expresiones pueden constituir actos discriminatorios punibles, aunque determinar si las palabras específicas de Casado encajan en estas categorías dependerá de interpretaciones judiciales más profundas. La escalada a instancia federal amplía el análisis de estas cuestiones más allá de jurisdicciones locales.
Implicancias y perspectivas futuras
El caso abre interrogantes sobre múltiples dimensiones. Desde una óptica institucional, evidencia cómo fracturas internas en coaliciones políticas pueden cristalizarse en mecanismos de control cuando figura públicas cometen actos considerados gravemente inapropiados. Desde una perspectiva de relaciones internacionales, ilustra cómo declaraciones de funcionarios provinciales pueden impactar en vínculos diplomáticos establecidos a nivel nacional, particularmente en contextos de integración regional como el europeo. Desde un ángulo de derechos humanos, plantea debates sobre dónde trazar la línea entre libertad de expresión y responsabilidad institucional de quienes ostentan cargos públicos de relevancia. Desde un ángulo político, muestra la complejidad de administrar diferencias internas dentro de fuerzas políticas sin que escalen hacia confrontaciones institucionales mayores.
Los desarrollos posteriores dependerán de decisiones legislativas cuya materialización permanece incierta, del avance de investigaciones judiciales que determinan si existió delito según marcos legales existentes, y de evaluaciones públicas sobre el balance entre expresión individual y responsabilidad colectiva de gobiernos. Independientemente de los resultados específicos, el episodio deja en evidencia la tensión permanente entre la necesidad de que funcionarios públicos ejerzan sus funciones con prudencia y la resistencia de algunos sectores a lo que consideran regulaciones excesivas sobre la expresión.
