A casi dos meses del inicio del ciclo legislativo en la provincia de Buenos Aires, la parálisis institucional persiste como un fantasma que ronda los pasillos de la Legislatura. Mientras que en la Cámara de Diputados logró convocarse para una sesión ordinaria este jueves, rompiendo así una sequía de actividad que se remonta al comienzo de año, el Senado provincial vuelve a postergar cualquier movimiento formal. La razón, sin embargo, no responde a cuestiones reglamentarias o administrativas simples, sino a tensiones irreconciliables dentro de la propia coalición gobernante que controla ambas cámaras. El peronismo bonaerense, que debería funcionar como bloque cohesionado, exhibe grietas cada vez más profundas que impiden avanzar en la agenda legislativa más elemental.
La conformación de comisiones de trabajo, que en principio parece un trámite burocrático, se convirtió en esta ocasión en un campo de batalla donde se dirimen conflictos políticos de mayor envergadura. El último viernes, sin figurar en la agenda oficial del Senado, se llevó a cabo de manera sorpresiva la instalación de la Comisión de Seguridad. Sergio Berni, quien encabeza el bloque peronista en esa cámara y mantiene afinidad ideológica con el ala cristinista, asumió la presidencia del órgano. Pero su discurso inaugural no fue una ceremonia protocolar al uso. En cambio, Berni desató críticas punzantes contra Verónica Magario, la vicegobernadora que actualmente preside la cámara, acusándola de haber actuado unilateralmente en la distribución de autoridades y en la integración de las diferentes comisiones sin respetar los acuerdos alcanzados previamente.
Las fracturas del peronismo: incumplimientos y reacomodamientos
Los reclamos de Berni no surgieron de la nada. Según fuentes del propio peronismo dentro del Senado, existía un pacto que debería haberse materializado el lunes anterior a través de un decreto presidencial. Ese acuerdo involucraba nada menos que a Malena Galmarini, quien accedería a la Vicepresidencia Segunda en lugar de Ayelén Durán. A cambio, Durán ocuparía un cargo menor en la estructura de autoridades, y lo más importante: Galmarini presidiría la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral. El documento que sellaba estos arreglos nunca llegó a formalizarse. El plazo expiró sin que se emitiera el decreto, dejando a los acuerdos en el limbo institucional.
¿Por qué importa tanto quién preside la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral? Porque es allí donde deben debatirse y procesarse iniciativas de envergadura electoral para la provincia. Entre los temas pendientes figura la posible adopción de la Boleta Única de Papel como sistema de votación, un cambio que modificaría sustancialmente la dinámica electoral bonaerense. También está en cuestión la habilitación de las reelecciones indefinidas para los intendentes, un asunto que toca intereses políticos muy concretos de múltiples actores provinciales. La presidencia de esa comisión, por lo tanto, implica cierto control sobre la agenda de cambios electorales y administrativos que puedan llegar a implementarse. Galmarini, vinculada al massismo, vería fortalecida su posición si accediera a esa responsabilidad. A cambio, La Cámpora (el ala kirchnerista dentro del peronismo) recibiría la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que pasaría a manos de Emmanuel González Santalla, senador camporista de Avellaneda.
Una cámara que no funciona: el desgaste de seis meses
Las acusaciones de Berni adquieren mayor peso cuando se considera que el Senado bonaerense lleva prácticamente seis meses sin realizar actividad legislativa genuina. Desde que el período ordinario comenzó el 2 de marzo, se han celebrado apenas dos encuentros de carácter excepcional: una sesión preparatoria el 27 de febrero para elegir autoridades, y una sesión especial el 26 de marzo destinada a conmemorar los cincuenta años del golpe militar de 1976. Ninguna sesión ordinaria, ningún tratamiento de proyectos de ley, ningún debate sobre los temas que requieren atención legislativa. La paralización es casi total.
Sobre esta realidad se cierne una complicación adicional para esta semana específica. El próximo lunes es feriado nacional por el 25 de Mayo, fecha que marca el inicio de la revolución que antecedió a la independencia argentina. El martes, por su parte, es asueto por el Día del Empleado Legislativo Bonaerense. Estos dos días inhábiles truncan cualquier posibilidad de convocar a sesiones, ya que el reglamento interno de la cámara exige un plazo mínimo de 72 horas previos al llamado. En consecuencia, esta semana quedará nuevamente sin que se realice movimiento alguno en el Senado. La Cámara de Diputados, en tanto, logró avanzar con mayor fluidez. A pesar de estar en similar situación de inactividad (solo dos sesiones desde marzo: una extraordinaria en febrero y otra de homenaje a las víctimas del régimen militar), consiguió conformar sus comisiones de trabajo de manera más ordenada y convocó para sesión ordinaria este próximo jueves.
Es revelador notar que los conflictos dentro del peronismo ya se habían manifestado previamente, aunque con menor intensidad. Hace dos semanas, cuando se conformó la Comisión de Legislación General, Diego Videla, senador camporista de Pehuajó, se abstuvo en la votación que eligió presidente de esa comisión a Germán Lago, exintendente de Alberti alineado con el gobernador Kicillof. La abstención fue una forma de expresar disconformidad sin llegar a la confrontación abierta. Pero la postura de Berni el último viernes marca un cambio de tono: la crítica interna se vuelve pública, explícita y sin velos. Las trece comisiones que ya se han conformado (Ambiente, Asuntos Agrarios, Industria, Comercio, Salud, Igualdad, Prevención de Adicciones, Modernización, Relaciones Internacionales y Deportes) lo hicieron sin mayores inconvenientes, lo que sugiere que los problemas se concentran en los espacios de mayor poder legislativo.
En la Cámara de Diputados, la distribución de autoridades refleja un equilibrio distinto: cada bloque o facción peronista obtuvo espacios relevantes. La kicillofista Lucía Iañez encabeza Asuntos Constitucionales; Ana Luz Balor, también del kicillofismo, preside la crucial Comisión de Reforma Política; el massista Rubén Eslaiman lidera Legislación General; el cristinista Juan Pablo De Jesús está al frente de Presupuesto. La Cámpora, con Mayra Mendoza, controla Educación. Sin embargo, en el Senado, la negociación se rompió precisamente en torno a quién controlaría esa comisión de reforma política, dejando en evidencia que el peronismo provincial todavía no encontró la fórmula para convivir institucionalmente.
Implicancias futuras: qué pende de estas fracturas
Los próximos movimientos en la Legislatura bonaerense determinarán si esta parálisis es transitoria o el síntoma de un quiebre mayor. Si la distribución de cargos se resuelve mediante nuevas negociaciones, es posible que ambas cámaras retomen el ritmo ordinario de sesiones. De lo contrario, podría consolidarse una situación donde el Senado funcione apenas como un escenario de tensiones sin capacidad de legislar. Además, hay en juego temas de agenda que afectan tanto al gobierno provincial como a los propios actores políticos: la reforma electoral, los cambios en la estructura estatal y la distribución de recursos y competencias. Mientras estas cuestiones permanezcan sin resolver en las comisiones, difícilmente puedan avanzar hacia su tratamiento en plenario. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, permanece legislativamente estancada mientras sus fuerzas políticas dirimen querellas internas.
