La condena llegó tarde. Tan tarde que casi parecería un acto de justicia incompleto, una reparación que llega cuando ya nadie recuerda bien los detalles de la estafa. Diecinueve años pasaron desde que el escándalo comenzó a tisnar los cimientos de una institución que se suponía intocable, y solo ahora los tribunales entregan veredictos que apenas rozan los tres años de prisión para quienes orquestaron uno de los mayores fraudes administrativos de la historia reciente. Los condenados —Pablo y Sergio Schoklender, José López y Abel Fatala— recibieron penas que, en perspectiva, resultan casi simbólicas frente a la magnitud de lo que sucedió. Este es el relato de cómo una red de negocios ilícitos capturó instituciones públicas, utilizó a figuras legendarias de la resistencia y dejó un agujero de cientos de millones de pesos en las arcas del Estado.

Cuando el plan social se convirtió en máquina de saqueo

Los números revelaban el crimen mucho antes de que los fiscales lo comprendieran. Mil trescientos cheques rechazados. Esa cifra debería haber encendido todas las alarmas en cualquier organismo de control. Pero los cheques sin fondos siguieron rebotando, uno tras otro, mientras el proyecto que supuestamente los respaldaría —Sueños Compartidos, un ambicioso plan de viviendas sociales— continuaba avanzando con la solemnidad de una máquina estatal bien engrasada. Fue necesario que la situación se transformara en escándalo público, que la sangre llegara al río, para que finalmente alguien detuviera lo que estaba sucediendo.

El mecanismo de la estafa resultaba ingenioso en su simplicidad brutal. El gobierno nacional había decretado que los municipios interesados en acceder a fondos para viviendas de interés social no podían abrir licitaciones públicas: la contratación de Sueños Compartidos era obligatoria. Se trataba de una compulsión administrativa, una norma que eliminaba cualquier posibilidad de competencia o transparencia. Aquellos intendentes que querían viviendas para sus distritos no tenían opción. Debían trabajar con esta empresa. La orden venía desde el ministerio gigante de Planificación, con el respaldo del aparato estatal completo. Y mientras el flujo de fondos públicos se desviaba hacia las arcas de los Schoklender, nadie en las instancias de supervisión parecía percatarse de lo que ocurría, o al menos eso dijeron después.

Los indicios del enriquecimiento ilícito fueron haciéndose cada vez más evidentes y obscenos. Sergio Schoklender no solo administraba recursos para construcción: también disponía de dos aviones propios que utilizaba para lo que presentaba como inspecciones de obras en distintas provincias. Adquirió una mansión rodeada por un parque de 14.000 metros cuadrados. Su garage contenía automóviles deportivos. Y en algún punto de esta acumulación vertiginosa de bienes, decidió que necesitaba más: se compró un yate valuado en U$S 400.000. Esa embarcación lujo se convirtió en el símbolo más tangible de cómo el dinero destinado a dar techo a familias sin recursos terminaba financiando la vida de lujo de funcionarios y empresarios conectados al poder.

El rol de Hebe de Bonafini en la trama de negocios

Lo que hace particularmente tóxico este caso es la intersección entre el mundo de los negocios ilícitos y las instituciones que representaban la memoria y la justicia de la sociedad argentina. La conexión entre Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini, la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo, no fue casual ni superficial. Ella lo conoció cuando él estaba privado de su libertad, en el penal de Devoto. Visitó la cárcel, conversó con él, y algo en su carácter, su iniciativa, su energía, la fascinó. De su lado, él quedó cautivado por lo que ella representaba, por su trayectoria de lucha, por ese magnetismo que ejercía sobre la sociedad. Ella vio en él a alguien que podía hacer cosas, que no debía estar encerrado. Él vio en ella a una puerta hacia espacios de poder que antes le estaban vedados.

Esa relación improbable se convirtió en el puente que permitió la incorporación de los Schoklender a las órbitas de decisión gubernamental. El interrogante que permanece sin respuesta clara es cómo exactamente Hebe de Bonafini le explicó al gobierno kirchnerista, a Cristina Kirchner y su círculo, que estos individuos —condenados anteriormente por parricidio— eran desarrolladores de viviendas sociales dignos de confianza. ¿Qué argumentos utilizó? ¿Qué garantías ofreció? El mecanismo mediante el cual dos personajes con antecedentes penales tan graves llegaron a administrar programas de inversión estatal de cientos de millones permanece en la penumbra de los expedientes judiciales.

Lo que sí quedó documentado fue el daño provocado. Cuando finalmente comenzó a investigarse la universidad que Madres de Plaza de Mayo había creado, quedó en evidencia que existían problemas graves de administración y financiamiento. El gobierno, en lugar de permitir que la justicia siguiera su curso natural en todas sus aristas, optó por estatizar la institución educativa. Era el mismo mecanismo que ya había empleado años atrás cuando otra empresa —Ciccone— fue protagonista de un escándalo de corrupción: en lugar de resolver el conflicto en los tribunales, se procedía a la absorción estatal. Lo paradójico fue que aquella sesión del Senado que estatizó Ciccone fue encabezada por Amado Boudou, el vicepresidente que estaba personalmente involucrado en los hechos que daban origen a la necesidad de esa estatización. La ironía llegó a extremos casi surrealistas: el hombre contra quien se buscaba proteger al Estado era el mismo que conducía la sesión legislativa de protección.

El costo para los organismos de derechos humanos

El daño colateral más profundo de toda esta trama afectó a las instituciones de derechos humanos que habían sido protagonistas de la resistencia contra la dictadura. Cuando los detalles de la corrupción salieron a la luz pública, cuando quedó claro que recursos destinados a viviendas sociales habían sido desviados hacia yates y mansiones, la legitimidad de estos organismos fue cuestionada. No todos sus miembros estaban implicados, pero la sombra se proyectó sobre todos. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sintió la presión de forma tan intensa que en 2014 decidió marcar distancias públicas. En una entrevista, expresó que lo sucedido con la Universidad de las Madres les causaba vergüenza colectiva. "Nos gritan ladronas en la calle", dijo, señalando así el daño reputacional que la asociación de Hebe de Bonafini con estos negocios ilícitos había causado a toda la comunidad de defensa de derechos humanos.

El gobierno de ese período intentó proteger a Hebe de Bonafini de todas las formas posibles, pero la evidencia de irregularidades terminó siendo tan aplastante que incluso eso resultó insuficiente. Ella murió siendo procesada, con su nombre asociado a un escándalo que manchaba no solo su legado personal sino la memoria de toda una lucha colectiva. La irrupción de redes de corrupción al interior de instituciones que se suponían guardianas de la verdad y la justicia dejó heridas que van mucho más allá de lo penal: afectó la confianza pública en estas organizaciones y complicó la narrativa que habían construido durante décadas.

La justicia y sus laberintos

No es posible referirse a este caso sin abordar el rol de quienes administraron la justicia. El juez Norberto Oyarbide fue el primero en tener en sus manos esta causa. Lo que hizo con ella fue, según consta en los registros, someterla a un congelamiento prolongado. Las pruebas fueron vaciadas de la carpeta. El movimiento fue tan evidente que años después, cuando finalmente se reanudaron las investigaciones bajo otra jurisdicción, la causa tuvo que reconstruirse desde cero. Este mismo juez Oyarbide había sido el beneficiario de una salvación política años antes: en septiembre de 2001, el mismo día en que el mundo estaba pendiente de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Senado con mayoría peronista decidió sacarlo de un juicio político que lo hubiera removido de su cargo. Ese salvamento, según quedó implícito en posteriores decisiones judiciales, resultó en un agradecimiento de larga duración.

Cuando finalmente llegaron las condenas, después de casi dos décadas, resultaron desproporcionadas en relación a la envergadura de los hechos investigados. Penas de menos de tres años para administración fraudulenta de cientos de millones de pesos. Si se actualizara el monto a valores actuales, considerando la inflación acumulada y la devaluación del peso, la cifra se multiplicaría varias veces. Pero los castigos permanecen congelados en un marco temporal que ya no representa la realidad de lo que fue sustraído. Es como si la justicia operara en una dimensión temporal distinta de aquella en la cual sucedieron los delitos.

El tiempo transcurrido entre el delito y la sentencia no fue vacío. Fue el espacio en el cual los condenados continuaron disfrutando de sus ganancias ilícitas, en el cual la corrupción que encarnaban siguió ejerciendo su influencia sobre decisiones administrativas, en el cual la impunidad operó como un incentivo silencioso para que otros consideraran que los beneficios de actuar sin escrúpulos superaban ampliamente los riesgos. Cada año de demora en la condena fue un año en el que el mensaje implícito decía que la corrupción a gran escala en la administración estatal tenía consecuencias muy manejables.

Implicaciones y perspectivas abiertas

Lo que emerge de todo esto es una pregunta que permanece sin respuesta satisfactoria: ¿cuánta gente más se benefició de esta red de negocios ilícitos? Los condenados son cuatro individuos identificables, pero el flujo de cientos de millones de pesos no desaparece sin dejar un rastro de intermediarios, proveedores, constructores y funcionarios menores que permitieron que el sistema operara. Las investigaciones se detuvieron en un punto que parece arbitrario. ¿Fue por limitaciones de la investigación? ¿Fue por decisiones de no profundizar? Los expedientes no ofrecen respuestas claras. Lo que sí está documentado es que José López, entonces secretario de Obras Públicas, recibió una condena idéntica a la de los Schoklender, lo que sugiere una responsabilidad equivalente, aunque sus roles en la estructura de poder eran distintos.

El legado de Sueños Compartidos es múltiple y contradictorio. Para las familias que esperaban acceder a viviendas mediante este programa, significó promesas incumplidas y recursos desviados. Para los organismos de derechos humanos, representó una infiltración de dinero sucio que comprometió la legitimidad de instituciones centrales para la memoria democrática. Para el Estado, fue un desgarro en sus capacidades de administración de fondos públicos. Y para el sistema judicial, fue una prueba más de sus complejidades: de cómo las decisiones políticas pueden afectar los procesos penales, de cómo el tiempo trabaja a favor de los que pueden esperar pacientemente, de cómo la reconstrucción de la verdad se vuelve más difícil conforme pasan los años.

Las consecuencias de casos como este trascienden a los individuos condenados. Generan un debilitamiento generalizado de la confianza en las instituciones públicas, fortalecen narrativas sobre la inevitabilidad de la corrupción y crean espacios de cinismo político donde la ciudadanía desarrolla la convicción de que los actos ilícitos de gran envergadura terminan siendo perdonados o castigados de forma simbólica. Al mismo tiempo, casos como este también pueden servir como punto de inflexión para reformas institucionales, para el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y control, para la profesionalización de cuerpos de investigación especializados. El resultado dependerá de cómo la sociedad procese estas revelaciones y de si logra construir instituciones más robustas que las que permitieron que Sueños Compartidos operara durante tanto tiempo sin resistencia efectiva.