Los detalles de un caso judicial volvieron a poner sobre la mesa la persistente sospecha de que circularía dinero oscuro durante los años en que gobernaban Néstor y Cristina Kirchner. Esta vez, la pista surgió del análisis meticuloso de registros bancarios que un profesional de la administración tributaria presentó ante los magistrados que instruyen la causa conocida como "Cuadernos". Lo revelador fue que determinadas fechas de extracción de efectivo de empresas constructoras coincidieron de manera precisa con los montos que un arrepentido había mencionado en su declaración voluntaria como parte del acuerdo de colaboración con la justicia. El hallazgo, aunque limitado en sus conclusiones finales, añade un nuevo capítulo a una investigación que lleva años desentrañando supuestos esquemas de corrupción administrativa.
Durante una audiencia celebrada en la sede del Tribunal Oral Federal 7, Mariano Barbieri, quien se desempeña como supervisor de investigaciones en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, expuso ante la fiscal Fabiana León los resultados del trabajo realizado por su equipo. El funcionario fue convocado para informar sobre los requerimientos de documentación que se cursaron en 2019, cuando ya existía en el expediente la confesión del financista Ernesto Clarens, quien se había presentado ante la justicia dispuesto a colaborar y revelar detalles sobre movimientos de recursos que, según su relato, estaban asociados a pagos indebidos realizados para conseguir adjudicaciones de obra pública. Este tipo de conforme o arrepentido es un mecanismo procesal que permite que una persona involucrada en hechos delictivos acuerde con el Estado una reducción de pena a cambio de información y pruebas que colaboren con la investigación de delitos mayores o redes criminales más amplias.
El análisis de diez empresas constructoras bajo lupa
El equipo liderado por Barbieri se enfocó en examinar la documentación bancaria de aproximadamente diez empresas constructoras que habían sido citadas por el arrepentido en su declaración. Entre los nombres que figuraban en el listado de firmas a investigar aparecían JCR SA, Luciano SA, Benito Roggio, Green, Vialco, Rovella Carranza, José Cartellone y Luis Losi, todas ellas ligadas al rubro de la construcción y obras civiles. Estas empresas habían estado activas durante las administraciones Kirchner y muchas de ellas resultaron beneficiarias de contratos para llevar adelante proyectos de infraestructura. El propósito del análisis era cotejar si los movimientos de dinero que estas firmas registraban en sus cuentas coincidían con las descripciones que Clarens había proporcionado sobre cuándo, cuánto y a quién se pagaba como presunto soborno o coima.
Un caso específico ilustra la clase de coincidencias que el análisis reveló. En el caso de la empresa JCR SA, el apoderado de la firma identificado como Jorge Benolo realizó un retiro en ventanilla de un millón de pesos el 24 de octubre de 2013. Esta extracción de dinero en efectivo resultó coincidente en tres aspectos fundamentales: la fecha exacta, el monto preciso y la identificación de la empresa. Todos estos elementos coincidían con lo que Clarens había relatado en su confesión como arrepentido sobre los pagos irregulares. Cuando la fiscal cuestionó al testigo sobre si efectivamente los tres parámetros —fecha, monto y empresa— se superponían, Barbieri confirmó la correspondencia. Además, detalló que este mismo patrón de coincidencias se reiteró en otras firmas que fueron objeto del análisis, lo que sugería que la metodología de pago podría haber seguido una lógica sistemática.
Las limitaciones del informe y las alternativas plausibles
Sin embargo, Barbieri fue cuidadoso y transparente al aclarar los alcances precisos de su investigación. El funcionario enfatizó que su informe se limitó exclusivamente a señalar las coincidencias detectadas sin arribar a conclusiones concluyentes acerca del destino final del dinero que fue retirado por ventanilla. En otras palabras, aunque era evidente que el dinero había sido sacado de las cuentas bancarias en fechas y montos que coincidían con el relato del arrepentido, eso no probaba necesariamente que esos fondos hubieran sido destinados a financiar sobornos. Durante el contrainterrogatorio llevado a cabo por los abogados defensores, el testigo fue confrontado con esta limitación y reconoció explícitamente que esos fondos podrían haber tenido otros destinos perfectamente legales, como la compra de divisas en el mercado informal, el pago de obligaciones de crédito derivadas de financiamientos previos, o incluso gastos operativos necesarios para continuar con la ejecución de las obras. Esta aclaración es importante porque en Argentina, especialmente durante los años 2008 a 2015, cuando existía control de cambios, muchas empresas recurrían a extracciones de efectivo para posteriormente adquirir dólares a través de canales alternativos o para manejar costos que preferían registrar de maneras distintas.
Barbieri también proporcionó detalles sobre la metodología que su equipo había empleado para llevar adelante el análisis. Explicó que el protocolo de trabajo establecía un período de búsqueda de treinta días previos a las fechas que el arrepentido había mencionado específicamente. Esta ventana temporal permitía detectar movimientos que podían tener relación directa o indirecta con los hechos investigados. No obstante, el supervisor reconoció que enfrentó obstáculos durante el proceso de recopilación de datos. Algunos bancos no respondieron a los requerimientos de información que fueron cursados, una situación que Barbieri caracterizó como habitual dentro del funcionamiento del sistema bancario nacional. Esta realidad es relevante porque implica que el análisis fue necesariamente incompleto: si no todas las instituciones financieras colaboraron con la información solicitada, es posible que otros movimientos vinculados a las investigadas no hayan quedado registrados en el expediente.
Durante el desarrollo de la audiencia, los propios magistrados del tribunal formularon consultas adicionales al testigo. Barbieri detalló que durante el proceso de análisis, su equipo de trabajo procuraba dejar constancia de cualquier irregularidad que resultara observable en los registros. Un ejemplo de esto sería la detección de emisiones correlativas de cheques por montos similares emitidos en una misma jornada, lo cual podría indicar una estructura de pagos coordinada o deliberadamente fraccionada para eludir controles. Estas observaciones, aunque no constituyeran pruebas definitivas por sí solas, aportaban indicios adicionales que los jueces debían considerar en su evaluación integral del caso. Después de que Barbieri concluyera su declaración, la fiscal decidió desistir de la comparecencia de dos testigos adicionales que había convocado para esa jornada de audiencia, motivo por el cual la sesión finalizó de manera anticipada a lo programado.
Implicancias y perspectivas en la investigación
El testimonio de Barbieri representa un eslabón más en la cadena de evidencia que la justicia federal intenta construir para validar o desestimar las imputaciones contenidas en la causa de los "Cuadernos". Las coincidencias halladas entre fechas, montos y empresas funcionan como un indicador que podría fortalecer la credibilidad de las declaraciones del arrepentido Clarens, toda vez que sus relatos encuentra cierto respaldo en documentación objetiva generada por las instituciones financieras. Al mismo tiempo, las limitaciones reconocidas por el propio investigador—la imposibilidad de rastrear el destino final del dinero, la parcialidad de la información bancaria obtenida, y la multiplicidad de usos alternativos legales que el efectivo pudo haber tenido—abren espacios de duda que las defensas de los imputados sin duda aprovecharán durante el resto del proceso. Los diferentes actores judiciales interpretan estos elementos de manera contrapuesta: mientras la acusación los presenta como confirmación de los hechos alegados, las defensas los leen como indicios ambiguos que no cierran definitivamente ninguna investigación. La capacidad de un tribunal de apreciar esta clase de pruebas indirectas, de evaluar su peso relativo en conjunto con el resto de la documentación y los testimonios, y de extraer conclusiones verificables determinarán finalmente si estas coincidencias terminan siendo un insumo decisivo o simplemente un dato más en un expediente de complejidad creciente.
