Desde hace casi dos décadas, la investigación sobre el presunto desmantelamiento de YPF permanece congelada en un juzgado federal donde prácticamente nada se mueve. Ahora, una organización dedicada a fiscalizar el funcionamiento de instituciones públicas ha decidido plantarse frente a ese escenario y cuestionar directamente al magistrado a cargo del expediente, acusándolo de haber convertido la inactividad en una estrategia deliberada. Este movimiento representa un punto de quiebre en un caso que ha arrastrado sus pies durante años, envuelto en procedimientos que no avanzan, medidas que quedan en el camino y una atmósfera general de estancamiento que beneficia a quienes podrían resultar incriminados. Lo que está en juego no es solo la suerte de una empresa estatal, sino también la pregunta fundamental sobre si el sistema de justicia puede efectivamente investigar hechos complejos o si simplemente los entierra bajo capas de burocracia.
El expediente que no termina de arrancar
La causa relativa al vaciamiento de la petrolera comenzó hace dieciocho años, en 2006, cuando una entonces diputada nacional presentó una denuncia inicial que luego fue ampliándose sucesivamente conforme surgían nuevos elementos. El magistrado Ariel Lijo ha sido quien conduce esta investigación durante todo ese período, pero el expediente jamás ha salido de la etapa de instrucción, aquella fase previa donde supuestamente se recopilan pruebas y se definen los contornos del caso antes de avanzar hacia el juicio oral. Dicho de otra manera: dieciocho años después, todavía se está "investigando" sin que exista certeza sobre qué sucederá con esos hallazgos.
La semana pasada, una asociación civil especializada en transparencia y control institucional fue reconocida oficialmente como querellante en la causa por parte de la justicia federal. Integridad Republicana, así se llama esta organización, obtuvo así el derecho de participar activamente en el expediente: puede solicitar medidas de prueba, cuestionar resoluciones del tribunal e impulsar que la investigación avance. Su primer acto en esa calidad fue presentar un pedido formal para que el juez Lijo sea apartado del caso, argumentando que ha incurrido en conductas que configurarían "prejuzgamiento y pérdida de imparcialidad". En otras palabras, acusa al magistrado de tener una actitud que denota que ya decidió algo, aunque sea decidir no investigar.
Las medidas que desaparecieron en el tiempo
El corazón de la acusación contra el juez radica en lo que la querella denomina una estrategia de "decidir no decidir": omisiones sistemáticas respecto de diligencias que la fiscalía requirió y nunca fueron ejecutadas, junto con otras medidas que fueron ordenadas pero permanecen inconclusas desde hace años. Uno de los ejemplos más elocuentes es un peritaje que Lijo ordenó allá por 2016, hace casi una década, con el propósito de esclarecer tres cuestiones fundamentales: si existió una explotación desmedida de los recursos de la empresa, si se implementó un plan deliberado para drenarla de activos, y si la incorporación de una familia empresaria a la compañía se realizó de manera irregular. Ese peritaje, según denuncia Integridad Republicana, permanece incompleto y probablemente nunca llegue a completarse, lo cual resulta incomprensible tratándose de una medida que el propio magistrado consideró necesaria hace tanto tiempo.
Existe además otro requerimiento de información internacional que lleva años esperando respuesta sin que el juzgado haya ejercido presión alguna. En febrero de 2019, hace más de cinco años, Lijo pidió datos a las autoridades españolas sobre la quiebra de dos compañías pertenecientes a un grupo empresario que en su momento compró acciones de la petrolera estatal. Hasta el presente, esa información nunca llegó, y la querella señala que el magistrado no ha activado mecanismo alguno para obtenerla a través de vías alternativas que resultarían mucho más expeditivas. La presentación sostiene que recurrir a la Procuración General de la Nación o simplemente certificar lo que ya consta en los registros del expediente constituiría un camino viable y prácticamente inmediato, pero nada de eso ha sucedido.
Existe también un tercer conjunto de diligencias que permanecen paralizadas. La Subprocuración a cargo de asuntos del Tesoro Nacional solicitó en su momento que se requiera información al banco Credit Suisse, con el fin de determinar si fondos públicos provenientes de Santa Cruz fueron utilizados como respaldo para un crédito que recibió el grupo económico que más tarde ingresó a YPF. Esa medida nunca fue oficializada. Además, la misma subprocuración pidió que se incorporen dos testimonios de una causa anterior sobre corrupción sistémica: las declaraciones de un excontador de una familia política y de un intermediario financiero que operaba entre funcionarios y empresarios. Ambas solicitudes quedaron en suspenso.
Quiénes están detrás del cuestionamiento
Integridad Republicana reúne a personajes con trayectorias en distintos espacios institucionales. Entre sus integrantes se cuentan la exfuncionaria que ocupó el segundo cargo en la Unidad de Información Financiera durante una gestión presidencial anterior, un diputado nacional de la Unión Cívica Radical, una exlegisladora que pertenecía a un partido centroizquierdista, y el exdirector de la institución que agrupa a los abogados porteños. Esta composición heterogénea sugiere un esfuerzo por reunir voces provenientes de distintos sectores políticos en torno al cuestionamiento sobre la gestión de este expediente.
El texto de la recusación fue firmado por el presidente de la organización, Carlos Negri, y constituye un repaso metódico del recorrido del caso a lo largo de sus dieciocho años de vida. En cada párrafo, la organización vincula la inacción del magistrado con los ejes investigativos del expediente: la falta de supervisión estatal sobre una empresa española que operó en la petrolera entre 2001 y 2011, la incorporación de una familia empresaria entre 2008 y 2011, y el traslado de ganancias "ficticias" hacia los accionistas entre 2005 y 2012, momento en que la compañía fue nuevamente estatizada.
El procedimiento que viene
La recusación que Integridad Republicana acaba de formular deberá ser analizada en primera instancia por el propio magistrado cuestionado. Lijo tendrá que pronunciarse sobre si considera válida la acusación de prejuzgamiento que le dirige la querella. En caso de que rechace la medida y la querella insista en su pedido, la cuestión ascenderá a la Cámara Federal, tribunal colegiado que fungirá como instancia revisora. Este mecanismo, aunque puede parecer lógico —que quien es acusado tenga oportunidad de defenderse—, genera una paradoja evidente: quien es señalado como responsable de parálisis es al mismo tiempo quien decide inicialmente si esa acusación tiene validez.
El expediente por el presunto desmantelamiento de YPF constituye un nudo de complejidad institucional considerable. La causa ha permanecido durante dieciocho años bajo la conducción del mismo magistrado, acumulando ampliaciones sucesivas conforme nuevos elementos fueron emergiendo, sin que jamás haya transitado desde la fase de instrucción hacia instancias posteriores. Las medidas probatorias ordenadas hace años permanecen inconclusas, las solicitudes de información internacional languidecer sin respuesta, y los elementos que podrían esclarecer los hechos investigados quedan fuera del expediente. Todo esto ocurre mientras los plazos legales transcurren y los actores involucrados —tanto investigadores como investigados— envejecen junto con los documentos que guardan en sus archivos.
Implicancias y perspectivas abiertas
El cuestionamiento planteado por Integridad Republicana abre múltiples lecturas posibles. Para algunos, representa una necesaria activación de mecanismos de control sobre la administración de justicia, especialmente cuando décadas de inactividad requieren explicación. Para otros, podría interpretarse como un intento de presionar sobre un magistrado a través de organizaciones con supuestas afinidades políticas. Lo que resulta innegable es que el expediente permanece en un estado que ningún observador, con independencia de sus posiciones ideológicas, describiría como dinámico o expeditivo.
Las consecuencias de esta recusación podrían ser variadas. Si prospera, el caso pasaría a manos de otro juez federal, lo que podría imprimir una dinámica diferente al expediente, permitiendo que medidas largamente pendientes finalmente se ejecuten. Si es rechazada, la situación permanecería esencialmente como está, con Lijo continuando a cargo de un expediente que ha marcado su carrera profesional durante casi dos décadas. En cualquier escenario, la pregunta sobre qué sucedió dentro de YPF permanecerá sin respuesta clara mientras el sistema de justicia continúe procesando un caso que, por su magnitud y complejidad, merece resoluciones concretas en tiempos razonables. Las instituciones democráticas se miden tanto por su capacidad de investigar hechos como por su habilidad para hacerlo dentro de marcos temporales que resulten creíbles ante la sociedad que las sostiene.
