Hay decisiones que no hacen ruido cuando se toman, pero cuyas consecuencias se sienten durante décadas. La convocatoria del Consejo de la Magistratura para este jueves, destinada a tratar los concursos que reemplazarán a dos integrantes de la Cámara Federal porteña, es exactamente ese tipo de movimiento. No es un trámite administrativo rutinario: es el primer paso concreto de una reconfiguración del tribunal que tiene en sus manos el poder de decidir si los casos de corrupción más resonantes del país llegan a juicio oral o mueren en el camino. Que el oficialismo haya conseguido instalar el tema en la agenda del organismo, con solo dos consejeros propios, revela que negoció y consiguió apoyos en sectores que exceden su propio espacio político. Algo está cambiando en la estrategia judicial del Gobierno nacional.
El tribunal que todos quieren controlar
La Cámara Federal porteña no es un tribunal más. Funciona como una bisagra institucional: es el cuerpo que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia en causas federales y, en la práctica, determina si una investigación por corrupción, espionaje o crimen organizado prospera o se desvanece. Sus dos salas —tres jueces cada una— han sido históricamente objeto de presiones, disputas y maniobras de todo tipo. No es casual que, cuando el kirchnerismo quiso limitar el avance judicial sobre su propia conducción, uno de los primeros blancos fueran precisamente dos de sus integrantes: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos habían llegado al cargo mediante traslados dispuestos por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri, desde otros tribunales. La Corte Suprema determinó que esa modalidad de designación era insuficiente y que debían realizarse concursos para cubrir esos cargos con jueces titulares. Pero el proceso que se inició en ese momento nunca fue neutral: los concursos avanzaron de manera selectiva, priorizando precisamente a quienes habían fallado en contra de los intereses del gobierno de turno.
Tanto Bruglia como Bertuzzi recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el Estado argentino los perseguía, que su estabilidad como magistrados estaba en riesgo y que la independencia judicial se encontraba amenazada. Durante la primera etapa de la gestión de Javier Milei, bajo la conducción del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se intentó alcanzar una solución amistosa con la CIDH para cerrar ese expediente sin mayores consecuencias para el país. Ese camino, sin embargo, no llegó a ningún puerto. El intento fue abandonado y el escenario volvió a fojas cero. Ahora, con un nuevo equipo al frente del ministerio, los tiempos se aceleraron de manera notoria.
El giro que marcó la llegada de Mahiques
Durante los primeros dos años de la actual administración, la Casa Rosada no envió un solo pliego al Senado para cubrir cargos judiciales. Esa inacción, interpretada por algunos como pragmatismo y por otros como falta de estrategia, quedó atrás con el arribo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el pasado 5 de marzo. Su designación fue leída en el mundo judicial como una señal inequívoca de que el Gobierno comenzaba a tomar en serio la disputa por el mapa judicial. Mahiques, junto al viceministro Santiago Viola, imprimió una dinámica diferente. Desde el ministerio confirmaron que el concurso para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi "está en etapa de definición", una expresión que en el lenguaje burocrático judicial equivale a decir que el proceso está a punto de concluir.
Pero hay un dato que no pasa inadvertido en los pasillos de los tribunales: la relación entre Viola y los dos camaristas que están a punto de ser reemplazados tiene una historia propia, y no precisamente cordial. Bruglia y Bertuzzi fueron los jueces que confirmaron el procesamiento de Viola cuando era abogado, acusado de haber organizado una red de testigos falsos para perjudicar al juez federal Sebastián Casanello. La acusación señalaba que Viola habría montado testimonios que implicaban falsamente al magistrado en visitas a la entonces presidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Dos de esos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado, tras admitir que habían mentido. Corizzo declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de prestar testimonio había mantenido una reunión con Viola. Finalmente, Viola fue sobreseído por la Cámara Federal de Casación mediante un fallo de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Esa historia previa complica el relato de una renovación judicial técnica y ajena a los intereses de las partes.
Irurzun, el tercer ángulo del triángulo
A la situación de Bruglia y Bertuzzi se suma un tercer elemento que termina de configurar el escenario: el camarista Martín Irurzun cumplirá 75 años el 18 de julio, límite constitucional que obliga a los jueces federales a retirarse salvo que el Poder Ejecutivo les otorgue un nuevo acuerdo del Senado por cinco años adicionales. El Gobierno viene demorando deliberadamente esa decisión, y todo apunta a que Irurzun se jubilará sin que llegue ese respaldo oficial. Las razones que se manejan en el entorno gubernamental remiten a una interna de peso: la figura de Irurzun estaría vinculada al juez federal Ariel Lijo, quien a su vez compite con el ministro Mahiques por el manejo de la Procuración General de la Nación. En ese contexto, sostener a Irurzun en su cargo sería, para un sector del Gobierno, fortalecer indirectamente a un competidor interno. El resultado práctico es que la Cámara Federal porteña podría quedar con tres vacantes simultáneas, lo que otorgaría al Ejecutivo una influencia extraordinaria sobre la composición futura del tribunal.
La historia reciente del organismo muestra que no es la primera vez que un gobierno intenta moldear su integración. Desde el retorno de la democracia en 1983, la Cámara Federal porteña fue escenario de disputas recurrentes. Durante los años noventa, con los escándalos de corrupción del menemismo, y luego durante las investigaciones por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, el tribunal concentró una atención pública sin precedentes. Cada renovación de sus miembros fue, en mayor o menor medida, una disputa política disfrazada de procedimiento institucional. Lo que hoy ocurre no es la excepción, sino la continuación de una lógica que atraviesa gobiernos de distintos signos.
La causa de la AFA y otros frentes abiertos
En la misma sesión del jueves, el Consejo de la Magistratura también tratará la cobertura de un cargo en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, y ahí hay otro costado sensible. Ese juzgado podría quedar a cargo de la investigación sobre las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, en particular sobre el tesorero Pablo Toviggino, acusado de utilizar supuestos testaferros para adquirir una fastuosa quinta en Pilar. El juzgado estuvo a cargo del juez Marcelo Aguinsky, quien le dio impulso a la causa antes de que un traslado la derivara al juzgado federal de Campana. Hoy lo ocupa transitoriamente la jueza Verónica Straccia, designada por sorteo. La posibilidad de que el Ejecutivo elija al nuevo titular de ese juzgado a partir de una terna elevada por el Consejo genera suspicacias, sobre todo porque desde la oposición se viene señalando públicamente la cercanía del ministro Mahiques con la conducción de la AFA y con su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.
La agenda del jueves incluye además cargos para un juzgado federal de Corrientes con competencia electoral —que interesa al gobernador radical Juan Pablo Valdés—, un cargo en La Plata, impugnaciones en los concursos para la Cámara Federal de Rosario, y vacantes en las cámaras de apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Civil y Comercial Federal, y en la Cámara Federal de Posadas. El volumen de decisiones que se concentran en una sola jornada es, en sí mismo, un indicador del tiempo perdido y de la acumulación de deuda institucional en materia de cobertura de cargos judiciales.
El avance del Gobierno sobre la composición de la Cámara Federal porteña abre, al menos, dos lecturas posibles. Desde una perspectiva, puede interpretarse como el ejercicio legítimo de las facultades constitucionales del Ejecutivo para participar en la designación de magistrados, corrigiendo una parálisis que duró más de dos años y que dejó al sistema judicial con vacantes inaceptables. Desde otra mirada, la concentración de tantas designaciones estratégicas en manos de un mismo gobierno, en un período acotado, y con una historia de conflictos entre los funcionarios actuales y los jueces que serán reemplazados, plantea interrogantes sobre la independencia del proceso. Lo que es seguro es que los fallos que emitan los nuevos integrantes de la Cámara Federal porteña tendrán consecuencias concretas sobre causas que involucran a figuras centrales de la política y los negocios argentinos, tanto del pasado reciente como del presente. El mapa judicial que emerja de estas decisiones determinará, en buena medida, qué versión de la justicia prevalecerá en los próximos años.
