Un hombre de 71 años, con enfermedades declaradas, que fue sacado de su celda a las cinco de la mañana sin poder tomar su medicación, se paró frente a los jueces del tribunal y rechazó punto por punto cada acusación que pesa sobre él. Así transcurrió la declaración indagatoria de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros seis años del gobierno kirchnerista, en el marco del megajuicio conocido como los Cuadernos de las Coimas. Lo que está en juego no es menor: si las acusaciones prosperan, Jaime podría enfrentar condena en una causa que busca desentrañar uno de los esquemas de corrupción más ambiciosos de la historia política reciente del país. Lo que cambia con esta declaración es que el exfuncionario salió de la pasividad procesal y decidió hablar, aunque con límites muy precisos.
El argumento central: extorsión y fotocopias cuestionadas
La estrategia de Jaime ante el tribunal fue clara desde el comienzo. Según sus propias palabras, las imputaciones en su contra no son otra cosa que "aseveraciones" formuladas en un "marco extorsivo", sin sustento documental directo en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el hombre cuyas libretas manuscritas dieron origen a toda la investigación. El exfuncionario insistió en referirse a esos registros como las "fotocopias del señor Centeno", una forma de subrayar su carácter indirecto y, según él, su escaso valor probatorio en lo que a él respecta. "El único hecho que figuraría —y reitero la palabra figuraría— en esas fotocopias es un pago del año 2010 vinculado a la Hidrovía", precisó Jaime, marcando distancia entre ese dato puntual y el conjunto de acusaciones que recaen sobre su figura.
Esta distinción no es caprichosa desde el punto de vista jurídico. En causas de esta envergadura, donde los imputados son numerosos y las pruebas provienen de fuentes diversas —testimonios de arrepentidos, registros contables, llamadas telefónicas y documentos filtrados—, la defensa suele apuntar a la fragmentación del expediente para cuestionar la solidez de cada eslabón. Jaime fue más lejos y anticipó que no respondería preguntas ni de los magistrados ni de la fiscal Fabiana León, argumentando que no tiene "total acceso" al expediente. Es un recurso habitual en causas de alta complejidad, aunque no deja de ser significativo que un acusado elija la exposición parcial antes que el silencio absoluto.
Los empresarios que lo señalaron: Roggio y Romero
Las acusaciones más concretas contra Jaime provienen de dos empresarios del sector del transporte que se acogieron a la figura del imputado colaborador: Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero. Ambos declararon haber pagado al exsecretario el equivalente al 5% de los subsidios estatales obtenidos por sus empresas, en concepto de retorno o coima. Es decir, por cada peso que el Estado volcaba en subsidios al sector, una porción regresaba en efectivo a funcionarios de la cadena de poder. Si esa mecánica fue real y sistemática, el volumen de dinero movilizado resulta extraordinario, considerando que durante la gestión kirchnerista los subsidios al transporte alcanzaron cifras históricas en el presupuesto nacional.
Jaime no esquivó la mención a Roggio, pero la respondió con una precisión que busca desacoplarse del empresario: "Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido se reunía". La frase hace dos cosas al mismo tiempo: niega el vínculo directo y traslada la relación hacia otra figura de la causa, el exministro de Planificación Julio De Vido, quien también enfrenta imputaciones en este proceso. No es una acusación explícita, pero el señalamiento es inequívoco.
A eso se suman 298 llamadas telefónicas entrantes y 96 salientes entre Jaime y Daniel Muñoz, el secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, identificado en la causa como una pieza clave de la recaudación paralela. La cantidad y el flujo de esas comunicaciones forman parte del andamiaje acusatorio que la fiscalía presentó contra el exfuncionario. Para los investigadores, esa frecuencia de contacto entre ambos durante el período investigado no es casual ni puede explicarse por cuestiones meramente administrativas.
Condiciones de detención y el reclamo de domiciliaria
Más allá de los argumentos jurídicos, Jaime también usó su tiempo frente al tribunal para exponer lo que describió como una situación de vulnerabilidad personal. Llegó desde el complejo penitenciario de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de seis años de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, el accidente ocurrido en febrero de 2012 que dejó 51 muertos y más de 700 heridos cuando un tren de la línea Sarmiento impactó contra el paragolpes de la estación terminal. Ese antecedente pesa sobre su figura pública de manera indeleble, independientemente de lo que resuelva la justicia en la causa de los Cuadernos.
Al finalizar su exposición, Jaime pidió ser trasladado de inmediato a la Unidad 19, su lugar de alojamiento habitual, alegando que no había podido tomar su medicación por haber sido convocado al tribunal desde las cinco de la madrugada. "Me siento vulnerable en este momento", afirmó. También reiteró su pedido de arresto domiciliario, invocando su edad y sus padecimientos de salud, y solicitó además ser trasladado a la provincia de Córdoba para facilitar el contacto con su familia. Ninguna de estas solicitudes fue resuelta en el acto. En su cierre, Jaime lanzó una definición que resume su postura: "La acusación que me hicieron es falsa, y provocó una prisión preventiva in eternum que espero poder aguantarla".
Un juicio que define una época
El proceso de los Cuadernos de las Coimas es, por su escala y su alcance, uno de los juicios más relevantes de la historia judicial argentina reciente. La causa involucra a decenas de empresarios y funcionarios, y su núcleo narrativo describe un sistema en el que el Estado distribuía contratos y subsidios a cambio de pagos en efectivo que luego eran transportados en bolsos hacia las cúpulas del poder. Las libretas de Centeno, el chofer que registraba esos traslados, se convirtieron en el disparador de una investigación que derivó en acuerdos de colaboración con la justicia de una magnitud sin precedentes en el país.
Las implicancias de lo que se defina en este tribunal son múltiples. Si las acusaciones contra Jaime y los demás imputados se sostienen con las pruebas disponibles, quedará establecida judicialmente la existencia de un sistema de corrupción que atravesó sectores estratégicos del Estado durante más de una década. Si, en cambio, las defensas logran desacreditar los testimonios de los arrepentidos o cuestionar la cadena de custodia de las pruebas, parte del edificio acusatorio podría tambalearse. Para quienes estudian la relación entre el poder político y el empresariado en Argentina, este juicio representa una oportunidad histórica de establecer responsabilidades concretas. Para los imputados, cada declaración es también una batalla por la interpretación de los hechos ante la opinión pública, no solo ante los jueces.
