Durante su participación en Rosario en un acto de jura de un nuevo magistrado federal, Horacio Rosatti, presidente tanto de la Corte Suprema como del Consejo de la Magistratura, reconoció que los números del crimen organizado en la ciudad registran una tendencia a la baja, aunque simultáneamente alertó sobre una realidad más profunda y perturbadora: la existencia de una estructura corrupta dentro del propio sistema judicial que actúa como escudo protector de los delincuentes. Sus palabras reflejaron una paradoja característica de los esfuerzos anticriminales contemporáneos: mientras se celebran cifras positivas en detenciones y operativos, persisten estructuras invisibles que socavan la efectividad real de esos logros.
El contexto en el que Rosatti realizó estas declaraciones no fue casual. La ceremonia de posesión del juez federal Florentino Malaponte en la Cámara Federal rosarina revistió especial importancia, no solo porque el cargo permanecía vacante durante una década, sino porque Rosario ha sido epicentro de una crisis de seguridad sin precedentes en los últimos años. La ciudad santafesina ha experimentado una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que generó, en determinados momentos, cifras de homicidios comparables con territorios en conflictos armados. Que precisamente en Rosario se materialice el ingreso de un nuevo integrante del poder judicial federal marca un cambio institucional relevante tras años de un vacío que, probablemente, facilitó ciertas dinámicas de impunidad.
El núcleo del problema: redes que van más allá del delincuente
Lo que Rosatti enfatizó con particular dureza fue que la comprensión convencional del combate anticriminal resulta insuficiente. No basta con detener narcocriminales si quienes operan desde estructuras estatales —jueces, fiscales, funcionarios administrativos— permiten que esas organizaciones continúen funcionando. Según sus propias palabras, el sistema del narcotráfico constituye un "entramado muy complejo" que interconecta al delincuente de calle con el lavador de dinero, con los protectores institucionales de ese lavador, y con quienes simplemente "miran para otro lado". Esta caracterización revela una comprensión del crimen organizado como fenómeno sistémico donde la responsabilidad se distribuye en múltiples niveles.
La situación en Rosario ofrece casos concretos de esta dinámica. El presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, mencionó específicamente que existen dos magistrados federal con prisión preventiva. Uno de ellos es Marcelo Bailaque, quien renunció después de ser procesado por lavado de dinero, anticipándose así a un eventual proceso de destitución. El otro es Gastón Salmain, imputado por supuestamente cobrar coimas —dinero destinado a funcionarios públicos fuera de los canales legales— a cambio de emitir fallos favorables, quien enfrentará un procedimiento de jury a partir del 6 de octubre. Estos casos documentan la penetración de la corrupción en los niveles más altos del aparato judicial provincial, una realidad que trasciende el simple acto delictivo individual.
La exigencia ética dirigida a la nueva generación de jueces
Al dirigirse específicamente al recién posesionado Malaponte, Rosatti desplegó una estrategia comunicacional que va más allá de formalidades ceremoniales. Le advirtió sobre las particulares presiones que enfrenta quien ejerce funciones judiciales en una jurisdicción marcada por la violencia criminal, la corrupción institucional y la captura regulatoria. Su recomendación de mantener la "doble H" —humildad y honestidad— operaba como un llamado simultáneamente a la autopreservación ética y a la resistencia frente a tentaciones específicas. Rosatti subrayó que la función judicial transcurre permanentemente, sin pausas, sin excepciones horarias o de calendario: "se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año".
Esta exigencia de coherencia integral responde a una lógica que trasciende lo puramente deontológico. En contextos donde magistrados como Bailaque y Salmain actuaron desde sus cargos para beneficiarse personalmente o favorecer a sectores criminales, la vigilancia constante de la propia conducta deviene asunto de supervivencia institucional. El sistema judicial rosarino requiere reconstruir confianza pública luego de episodios donde sus propios miembros fueron engranajes de estructuras corrutas. Un juez nuevo, entonces, no llega solo a administrar justicia, sino a participar de un proceso de legitimación institucional más amplio.
Rosatti también reconoció explícitamente algo frecuentemente silenciado en los discursos oficiales: el reconocimiento de que "hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía". Estas no son expresiones de autocrítica que admitan fracaso, sino de identificación de un trabajo incompleto. El jefe de la Corte atribuyó los avances estadísticos en materia de seguridad al trabajo coordinado de múltiples actores: fiscales provinciales y federales, jueces de ambas jurisdicciones, autoridades políticas locales, la propia Corte local y la administración municipal. La mención específica de "respuesta institucional conjunta" alude a que, ante la crisis rosarina de años anteriores, la única vía de reversión posible requería abandonar fragmentaciones entre organismos y niveles de poder que típicamente operan en compartimentos estancos.
Cifras mejores, pero estructura criminal persistente
La paradoja central que articula el discurso de Rosatti es la siguiente: mientras que estadísticas sobre crimen organizado y narcotráfico registran descensos, la conclusión no es que el problema esté resuelto, sino que los logros resultan incompletos porque no han desmantelado los andamiajes de protección institucional. Esta distinción importa enormemente porque orienta el trabajo futuro hacia un objetivo diferente del que sugieren los números agregados. Un descenso en homicidios puede reflejar cambios en la geografía delictiva, rotaciones de poder entre organizaciones criminales rivales, o desplazamientos hacia territorios diferentes, antes que una efectiva erosión de las capacidades criminales. Simultáneamente, cambios en la composición del aparato judicial pueden contribuir a mayor independencia en las decisiones, pero requieren tiempo para sedimentarse en nuevas prácticas institucionales.
La participación del ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, en el acto señala que la problemática rosarina continúa siendo considerada de relevancia federal, lo cual contrasta con períodos anteriores donde la crisis de seguridad de la ciudad recibió menos atención desde el nivel central. Esta presencia refuerza el carácter coordinado que Rosatti enfatizó como requisito indispensable para avanzar. Sin embargo, la concurrencia de autoridades no necesariamente garantiza continuidad de esfuerzos si las prioridades políticas varían, si presupuestos se reorienten, o si la atención pública se desplace hacia otras cuestiones.
Las consecuencias de esta situación pueden desarrollarse en múltiples direcciones. Un escenario optimista consideraría que la entrada de nuevo personal judicial, la destitución de magistrados corruptos, y el reconocimiento explícito de problemas estructurales constituyen condiciones para un mejoramiento gradual de capacidades institucionales. La reconstrucción de legitimidad judicial en territorios donde fue severamente dañada requiere años de trabajo consistente. Alternativamente, si los cambios en personal no van acompañados de transformaciones en protocolos, inversión en investigación especializada, o separación efectiva de presiones políticas sobre decisiones judiciales, los avances superficiales podrían enmascarar continuidades profundas en la captura del sistema. La advertencia de Rosatti sobre la persistencia del "entramado complejo" sugiere que quienes formulan política de seguridad y justicia anticipan un camino largo, sin certeza de reversión completa.
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