La estructura política del peronismo bonaerense volvió a evidenciar las fracturas que atraviesan al movimiento en su proyección nacional. Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), transitó la semana pasada un camino que sus pares rara vez recorren: abandonó la comodidad de su base porteña para instalar un nuevo colectivo con anclaje territorial en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, concretada en Junín el sábado pasado, llevaba una carga política incómoda para las autoridades provinciales. En el acto realizado en el Club Social Unión Villa Talleres, Santa María y sus aliados plantearon de manera directa un tema que el gobernador Axel Kicillof prefiere mantener en los márgenes del debate público: la revisión de la condena que mantiene a la expresidenta bajo arresto domiciliario.
Una presión territorial en territorio delicado
Cuando un dirigente gremial de envergadura se desplaza geográficamente hacia un territorio donde el gobernador intenta consolidar su perfil presidencial, el movimiento adquiere dimensiones que trascienden la simple convocatoria de militantes. Santa María no viajó hacia Junín de manera casual. Su gesto implícito fue el de establecer una base de operaciones en la provincia justo cuando Kicillof se debate entre dos fuerzas irreconciliables: mantener su propio espacio político con pretensiones presidenciales y lidiar con la presión constante del sector cristinista, que mantiene una capacidad de movilización considerable dentro de las filas peronistas.
Durante el encuentro, el sindicalista fue contundente en sus palabras. Expresó que era imperativo "militar para que Cristina recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene". Esta formulación lingüística no es menor: no pide simplemente una liberación, sino que plantea la libertad como condición previa para que la expresidenta pueda participar en futuras competencias electorales. Se trata de un argumento que cuestiona indirectamente la legitimidad democrática de una arquitectura institucional donde una figura política importante del sistema se encuentra impedida de participar en procesos electorales mientras se encuentra bajo una condena judicial.
Voces que refuerzan la presión desde múltiples flancos
Santa María no llegó solo a Junín con su mensaje. En el acto participaron dirigentes vinculados a la cuarta sección electoral bonaerense, lo que sugiere una organización territorial previa. Entre los oradores estuvo Gisella Marziotta, exdiputada nacional, quien llevó la cuestión hacia un terreno más amplio: el del funcionamiento democrático en sí mismo. Marziotta sostuvo que una democracia que confina a su "principal referente de la oposición" carece de plenitud institucional, presentando la situación como una "democracia herida, condicionada, intervenida". Esta caracterización traslada el debate desde lo particular del caso Kirchner hacia lo general del estado de las instituciones democráticas.
El exdiputado provincial Darío Duretti complementó el discurso con una fórmula que condensa la demanda cristinista: "Cristina libre no es una consigna. Cristina libre es un lema obligatorio para todos los peronistas y militantes del campo nacional y popular". Con esta declaración, Duretti intentaba universalizar la demanda, transformándola de reclamo sectorial en imperativo ético-político para toda la izquierda peronista. Los discursos que se pronunciaron también incluyeron críticas al presidente Javier Milei, ubicando el reclamo dentro de un enfoque de resistencia frente a la actual administración nacional.
Un dilema estratégico para Kicillof
El contexto en el cual Santa María desplegó esta operativa no es accidental. El gobernador bonaerense se encuentra en medio de una tensión estratégica sin fácil resolución. Por un lado, intenta perfilarse como una alternativa presidencial viabledenominado un sector peronista que no necesariamente coincide con la línea cristinista. Por otro lado, enfrenta presiones sistemáticas de activistas y dirigentes peronistas que consideran que cualquier candidatura del movimiento debe tener como prerequisito la libertad de Kirchner. Santa María, al instalar una nueva estructura en territorio bonaerense, amplifica esta presión justamente donde Kicillof construye su legitimidad política: en su provincia gobernada.
Es relevante notar que Santa María no es un dirigente de rango menor dentro del movimiento. Como titular de Suterh, representa a trabajadores del sector inmobiliario porteño, un gremio tradicional con presencia significativa en la Capital Federal. Sin embargo, su decisión de expandir su influencia territorial hacia el conurbano y el interior bonaerense sugiere una estrategia de largo plazo que busca construir poder político fuera de sus límites históricos. En paralelo, Santa María mantiene vínculos con Sergio Uñac, senador y exgobernador de San Juan, quien a su vez se posiciona como una opción presidencial dentro del peronismo. Uñac realizó actividades políticas simultáneamente en su provincia, consolidando presencia en su ciudad natal de Pocito, donde fue intendente.
Las implicancias de esta nueva configuración
La presentación de este nuevo espacio interno del peronismo bonaerense, aunque utiliza la retórica de la unidad ("acción necesaria para interpelar a los argentinos"), en realidad profundiza las divisiones. Santa María mencionó que el objetivo es "trabajar en las respuestas que sentimos la responsabilidad de darles para que el trabajo vuelva a ser el ordenador social", una frase que suena a reconstrucción programática pero que en el contexto del acto adquiere un tono de presión política. Los discursos no se limitaron a defender a Kirchner, sino que también incluyeron críticas explícitas al gobierno nacional, ubicando el reclamo dentro de una estrategia de confrontación más amplia.
Desde el punto de vista de la dinámica interna peronista, la iniciativa de Santa María representa un movimiento táctico que busca establecer nuevas líneas de poder territorial. No es algo sin precedentes en la historia del movimiento, que ha experimentado múltiples cismas, reconfiguraciones y realineamientos. Sin embargo, cada operativa de este tipo tiene implicancias sobre la cohesión del espacio político. Si otros dirigentes sectoriales deciden replicar este modelo —establecer estructuras paralelas que presionan sobre gobernadores o candidatos con consignas específicas—, la fragmentación podría profundizarse significativamente de cara a los procesos electorales que se avecinan.
La cuestión de fondo que emerge de estos hechos trasciende la política coyuntural. Se trata de una tensión sobre cómo se procesan las divisiones internas dentro de un movimiento político histórico cuando se enfrenta a la disyuntiva de reconstituirse electoralmente. Algunos sectores consideran que la libertad de Kirchner debe ser un punto no negociable antes de cualquier proyecto electoral. Otros, como aparentemente Kicillof, consideran que dicho debate puede postergarse en favor de construir alternativas presidenciales. La forma en que estas diferencias se resuelvan —o no— determinará la viabilidad electoral del peronismo en los años que vienen, independientemente de cuál sea la dirección que eventualmente prevalezca.
