Un entramado de empresas constituidas a nombre de terceros, transferencias de propiedades que se suceden a ritmo acelerado y millones de dólares que circulan por circuitos alternativos conforman el núcleo de una investigación que apunta directamente hacia el círculo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que comenzó como una simple adquisición inmobiliaria en el corazón de Belgrano se transformó en una madeja de operaciones que las autoridades judicales consideran sospechosas y que explica, en parte, por qué existe un intenso operativo de vigilancia alrededor de un anodino edificio de apenas catorce unidades ubicado en la esquina de La Pampa y Tres de Febrero.
El rastro de las sociedades: de Sartirana a Real Central
Los registros de propiedad inmueble cuentan una historia que se repite de manera sistemática. En enero de 2020, María Florencia Sartirana —quien ocupó cargos en el área de finanzas de la AFA y es pareja del tesorero Pablo Toviggino— adquirió un departamento de 217 metros cuadrados en la zona de Belgrano, completo con cochera, pagando 513.000 dólares. Lo que sucedió después no fue un proceso lineal de transferencia, sino una cadena de operaciones que involucró al menos tres entidades empresariales distintas en el lapso de menos de cinco años.
El primer cambio de titularidad ocurrió cuando SOMA SRL —una sociedad vinculada a Toviggino— adquirió el inmueble en septiembre de 2023 por 800.000 dólares, lo que representaba un incremento de 287.000 dólares respecto del valor que Sartirana había desembolsado apenas tres años y medio antes. Conviene destacar que un mes previo a esta operación, Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero, adquirió acciones de SOMA SRL, conforme consta en los registros de sociedades comerciales. Esta coincidencia temporal levanta interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales se estructuraban estas operaciones.
Apenas seis meses después de que SOMA SRL tomara posesión del departamento, la empresa Malte SRL se convirtió en la nueva propietaria. Según los documentos oficiales, la transacción se realizó por el mismo monto: 800.000 dólares. No se trató de una operación aislada, sino de parte de una estructura más amplia. Un mes antes de esta transferencia, SOMA SRL había absorbido el 95 por ciento de las acciones de Malte, la misma sociedad que figuraba como titular de la mansión de Pilar que los peritos judiciales valuaron en 20.815.100 dólares. Finalmente, en agosto de 2024, Real Central —la empresa cuyo dominio se atribuye a Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte— se convirtió en la propietaria registral del departamento de Belgrano.
El segundo inmueble y el patrón repetido
En el mismo edificio, cuatro pisos por debajo del anterior, se produjo una operación inmobiliaria prácticamente idéntica. Toviggino adquirió otro departamento también dotado de cochera que recorrió el mismo camino: primero pasó por SOMA SRL y luego, en agosto de 2024 —la misma fecha que su colega del piso superior—, terminó inscripto a nombre de Real Central. Este paralelismo en las fechas de transferencia, los montos involucrados y las entidades legales intermediarias no es casual sino que forma parte de un patrón sistemático de operaciones que las autoridades judiciales consideran relevante para sus investigaciones.
Los vecinos del edificio han sido testigos de movimientos que los intriga desde hace años. Uno de ellos relata, bajo condición de anonimato, que durante el período de la pandemia por COVID-19 "llegaron con una cantidad de camionetas y personal de seguridad", y que en esa época "hicieron reformas cuando estaba prohibido entrar y salir". Otro residente del inmueble comenta que la actividad se ha mantenido constante: "Durante los últimos años hubo un movimiento muy intenso de personas, recibían encomiendas permanentemente". Sin embargo, agrega que "ahora hay movimientos extraños, pero mucho menos que antes". Estos testimonios proporcionan un contexto tangible sobre la dinámica que existía alrededor de las dos propiedades.
La matriz financiera: flujos de dólares y operaciones internacionales
Las investigaciones revelan que el movimiento de efectivo hacia estos inmuebles no provino de fuentes convencionales. Juan Pablo Beacon, quien fuera asesor cercano de Toviggino antes de enfrentarse con él, grabó una conversación en su despacho el 20 de mayo donde contaba fajos de billetes mientras decía: "Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600". Según fuentes que conocen los pormenores de estos flujos, el dinero en efectivo llegaba en bolsos o cajas de vino, posteriormente era trasladado a una oficina ubicada en la intersección de Montevideo y Quintana, presuntamente utilizada por Toviggino. Las instrucciones sobre estos movimientos fueron documentadas en términos escuetos: "Llevale a PT a Montevideo" o "llevale a Pablo a Montevideo".
La investigación federal identificó también transferencias internacionales que involucraban a TourProdEnter, una empresa radicada en Miami que se encarga de recaudar los ingresos del exterior de la AFA. Según datos bancarios obtenidos a través de procedimientos de discovery ordenados por la justicia de Estados Unidos, esta compañía realizó una transferencia de 40.000 dólares a nombre de Sartirana el 30 de diciembre de 2024. Las autorizaciones para estos movimientos provenían de Javier Faroni, exdiputado provincial del Frente Renovador, y su esposa Erica Gillette. Ante este avance probatorio, los abogados de Faroni presentaron objeciones tendientes a invalidar la prueba, pero la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sugirió que los jueces y fiscales argentinos soliciten nuevamente la información a las autoridades estadounidenses mediante circuitos alternativos.
El rol de Ana Lucía Conte: la jubilada con mansión millonaria
Ana Lucía Conte, madre de Pantano y copropietaria de Real Central, aparece en los registros catastrales como titular de la mansión de Pilar que supera los veinte millones de dólares. Sin embargo, durante el período de la pandemia de COVID-19, esta jubilada cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el subsidio estatal destinado a sectores vulnerables. Un vecino del edificio de Belgrano informa que fue Conte quien se encargaba de abonar todas las boletas de servicios de los dos departamentos adquiridos por Toviggino. Esta circunstancia resulta particularmente significativa a la hora de desentrañar la estructura de dominio de los inmuebles: aunque los papeles registrales mencionan a Pantano y a su madre como propietarios de Real Central, las decisiones operativas sobre las propiedades parecerían responder a las instrucciones del tesorero de la AFA.
El foco de la investigación judicial
Los dos departamentos de Belgrano han cobrado relevancia central en múltiples causas judiciales que se instruyen contra las autoridades de la AFA. Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero, incluyó referencias a estas propiedades en su dictamen en el cual solicitó la detención tanto del presidente Claudio "Chiqui" Tapia como del propio Toviggino, aunque enfrentó resistencia del sistema judicial provincial. Los inmuebles también aparecen en un informe patrimonial que ordenó Adrián González Charvay, juez federal de Campana, quien aguarda una decisión de la Cámara en lo Penal Económico respecto de si continuará a cargo de la causa principal. Gabriel Pérez Barberá, otro fiscal interviniente, dictaminó recientemente que el expediente debe trasladarse desde Campana hacia otra jurisdicción, lo cual significaría un giro significativo en el desarrollo del proceso investigativo.
La documentación referida a estas dos propiedades se reitera en varias de las causas donde se investiga a miembros de la dirigencia futbolística. Esto indica que los magistrados consideran que el análisis pormenorizado de cómo se adquirieron, financiaron y transfirieron estos inmuebles es fundamental para comprender el funcionamiento de los circuitos financieros del entorno de Toviggino. El operativo de seguridad que vecinos han observado durante años en la puerta del edificio, con múltiples vehículos y personal custodia, hallaría explicación justamente en la necesidad de preservar la privacidad de operaciones y movimientos que las autoridades judiciales ahora someten a escrutinio.
Implicancias y perspectivas futuras del caso
Los hechos expuestos presentan diversos escenarios posibles a medida que avanzan las investigaciones. Por un lado, existe la posibilidad de que las autoridades judicales logren consolidar una acusación sólida basada en la documentación patrimonial y los flujos financieros, lo que podría resultar en procesos penales con consecuencias significativas para los implicados. Por otro lado, la complejidad del entramado societario y la intervención de múltiples jurisdicciones —incluyendo la justicia estadounidense— abre interrogantes sobre la capacidad operativa del sistema judicial argentino para conducir una investigación de esta envergadura. Asimismo, la disputa entre magistrados de distintas provincias respecto de quién debe llevar adelante la causa principal introduce incertidumbre sobre si existirá una investigación unificada o si, por el contrario, los expedientes terminarán fragmentados. Desde la perspectiva de la AFA como institución, el resultado de estos procesos podría incidir en la confianza que depositaban los asociados y sponsors en la transparencia de su gestión administrativa. Finalmente, los mecanismos de control que permitieron que estas operaciones se ejecutaran durante años sin que intermediarios como bancos o escribanos levantaran alertas más visibles plantean preguntas sobre la efectividad de los sistemas de prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario argentino.
