La asunción de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete marca un giro estratégico en la forma en que el Ejecutivo nacional pretende transitar sus grandes reformas institucionales. Pero lo que parecería ser un movimiento de fortalecimiento político termina revelando una de las tensiones más profundas que atraviesan las relaciones entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales: la dificultad para construir consensos en torno a cambios legislativos que varios actores locales consideran problemáticos en su formulación actual. El nombramiento de Santilli no representa solamente un cambio de gestión administrativa, sino una apuesta deliberada por intensificar negociaciones con legisladores y mandatarios provinciales, un reconocimiento implícito de que los proyectos estrella del Gobierno no avanzan solos en el Congreso y que la gobernabilidad depende de acuerdos que todavía no existen.
Durante la ceremonia de jura, los gobernadores dialoguistas que asistieron al acto no perdieron tiempo en trasladarle al nuevo funcionario un mensaje que combinaba respaldo público con crítica privada. Las conversaciones que mantuvieron con Santilli giraron fundamentalmente en torno a la agenda legislativa que el Ejecutivo busca impulsar en las próximas semanas, y allí emergió con claridad el principal punto de fricción: la reforma del sistema electoral, específicamente la supresión o suspensión de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Desde las filas de los gobernadores aliados, los mensajes fueron contundentes, aunque se expresaron con cierta cautela en los espacios públicos. "La ley hay que cambiarla, pero no como quieren ellos", señalaron voceros vinculados a mandatarios provinciales en conversaciones fuera de cámara. Esta frase resume la paradoja que enfrentará Santilli desde el primer día: existe acuerdo en el diagnóstico de que el sistema electoral requiere modificaciones, pero desacuerdo total en las soluciones que la administración Milei propone.
El desafío de construir mayorías sin consenso previo
La reforma electoral ocupa un lugar prominente en la lista de prioridades del Ejecutivo, y no es casualidad que sea precisamente el primer obstáculo real que Santilli debe despejar. La eliminación de las PASO responde a una lógica política clara: simplificar el calendario electoral, reducir costos de campaña y acelerar procesos. Sin embargo, para muchos gobernadores provinciales, esta modificación no representa un ajuste administrativo, sino una amenaza directa a sus propias estructuras políticas locales. Los mandatarios provinciales han construido durante años mecanismos de poder basados en sistemas electorales que, a nivel local, funcionan de manera distinta a la nacional. Una reforma que elimine las primarias obligatorias impactaría la forma en que acceden a candidatos y en cómo se dirimen competencias internas dentro de sus espacios políticos. Por eso, cuando conversaron con Santilli tras la jura, expresaron acuerdo en abstracto pero rechazo en concreto al proyecto que el Gobierno impulsa.
Patricia Bullrich, quien encabeza el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reafirmó públicamente en las horas posteriores a la asunción de Santilli que la reforma electoral es una prioridad legislativa innegociable para el Ejecutivo. Esta insistencia sugiere que la administración no está dispuesta a hacer concesiones sustanciales en los términos de la propuesta, lo que anticipa negociaciones tensas en las próximas semanas. El Gobierno intenta combinar dos estrategias simultáneamente: avanzar con reformas legislativas ambiciosas mientras mantiene canales de comunicación abiertos con gobernadores cuyos votos resultan imprescindibles en el Congreso. Esta ecuación no siempre es posible de resolver, especialmente cuando, como en este caso, los cambios propuestos generan resistencias políticas concretas en los territorios.
La nueva gramática de negociación política
La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete representa un cambio táctico en la forma que adopta la política de la administración Milei. Se trata de un funcionario con trayectoria territorial, con capacidad reconocida para negociar con actores políticos diversos y con un perfil menos ideológico que muchos de los funcionarios del círculo rojo actual. Su rol explícito será encabezar negociaciones parlamentarias y consolidar apoyos legislativos antes de que comiencen las sesiones ordinarias en marzo. El Ejecutivo ha decidido que es momento de transitar hacia una fase distinta: menos confrontacional en lo retórico, más pragmática en lo legislativo, con mayor énfasis en la construcción de mayorías en el Congreso y fortalecimiento de vínculos institucionales con los gobernadores. Esta decisión implica un reconocimiento tácito de que los proyectos avanzan mediante acuerdos, no mediante decretos.
Las negociaciones que Santilli debe encarar no se limitan únicamente a la reforma electoral. El Ejecutivo busca avanzar también con cambios vinculados a derechos de propiedad privada, designaciones en cargos judiciales, la denominada Ley Hojarasca (un proyecto que busca eliminar regulaciones consideradas obsoletas), y normas sobre ludopatía y etiquetado de productos. Esta multiplicidad de iniciativas evidencia una ambición reformista considerable, pero también expone el riesgo de dispersión: resulta difícil construir consenso en temas tan variados simultáneamente. El Gobierno apuesta a que Santilli, mediante gestión eficiente, logre priorizar y secuenciar estas iniciativas de manera tal que facilite su aprobación. Pero la experiencia legislativa sugiere que cuando se intenta empujar demasiadas reformas a la vez, la capacidad de negociación se ve comprometida.
Paralelo a esto, la Casa Rosada está refinando su estrategia electoral de cara a los comicios futuros. La intención declarada es llegar a entendimientos con mandatarios provinciales que podrían ser competidores electorales de La Libertad Avanza, pero preservando canales de diálogo institucional. Esto significa que el Ejecutivo no necesariamente busca alianzas electorales formales, sino acuerdos pragmáticos que eviten confrontaciones en determinadas provincias si eso compromete la gobernabilidad. La lógica es clara: compiten electoralmente donde tienen fortaleza organizativa, evitan conflictos donde podrían afectar su capacidad de gobernar, y mantienen negociaciones abiertas en el Congreso para impulsar sus reformas. Esta mezcla de competencia electoral con cooperación legislativa es compleja de ejecutar, requiere de funcionarios con capacidad de navegar ambigüedades políticas, y explica por qué el Ejecutivo eligió a un negociador de perfil más institucional para encabezar esta fase.
La situación que enfrentará Santilli en las próximas semanas es especialmente delicada porque la reforma electoral, el proyecto que genera más fricción, es simultáneamente uno de los que el Gobierno considera más importante. Los gobernadores no están dispuestos a ceder terreno en este punto, los legisladores de La Libertad Avanza presionan para avanzar, y existe un calendario político que no espera: las sesiones ordinarias comienzan en marzo, y el Gobierno pretende que varios de estos proyectos estén aprobados antes de esa fecha. La confluencia de estas presiones convertirá a la reforma electoral en la primera gran prueba de fuego para Santilli y, al mismo tiempo, en un indicador claro de las capacidades reales de negociación que posee esta administración. Si logra construir consenso en torno a la reforma electoral—aunque sea en una versión modificada respecto a la original—habrá demostrado que la nueva estrategia funciona. Si fracasa en este punto, la señal será que las diferencias entre el Ejecutivo y los gobernadores aliados son más profundas de lo que la retórica oficial sugiere, y que la gobernabilidad seguirá siendo un bien escaso en el corto plazo.
CONTENIDO_CIERRE:Las implicancias de cómo se resuelva este conflicto inicial son múltiples y merecen consideración desde distintos ángulos. Un escenario donde Santilli logra negociar modificaciones al proyecto electoral que satisfagan a los gobernadores podría fortalecer la capacidad del Gobierno para impulsar sus otras reformas legislativas, creando un efecto dominó positivo en la construcción de consensos parlamentarios. Alternativamente, si el Ejecutivo se resiste a cualquier modificación sustancial y impone su propuesta original, el costo político podría ser el deterioro de relaciones con mandatarios provinciales cuyo apoyo es crítico para gobernabilidad y para asuntos que van mucho más allá de la reforma electoral. Existe también una tercera posibilidad: que ambas partes decidan transitar un desgaste prolongado en torno a este tema, lo que resultaría en que la reforma electoral avance lentamente, consumiendo energía política que podría destinarse a otras iniciativas. Ninguno de estos escenarios es idealmente positivo para el Ejecutivo, pero cada uno presenta costos y beneficios políticos distintos que la administración deberá evaluar a medida que las negociaciones avancen.
