Mientras avanzan los movimientos para preparar el terreno de cara a la reelección presidencial de 2027, emergen desde las provincias señales preocupantes sobre la velocidad con la que el optimismo económico del oficialismo se traduce en percepciones reales de mejoría en la vida cotidiana de los argentinos. El jefe de Gabinete Diego Santilli multiplica sus viajes y reuniones con gobernadores, logrando con mayor flexibilidad lo que su antecesor no consiguió: un margen algo más amplío para negociar obras y transferencias financieras. Sin embargo, esa estrategia de acumulación política choca contra una realidad incómoda que los mandatarios provinciales no dejan de recordar: el cambio económico simplemente no está llegando a donde vota la mayoría de los argentinos.
El optimismo nacional que no se ve en las calles
Desde la Casa Rosada se proyecta una narrativa de recuperación basada en dos pilares fundamentales: la explotación minera y el desarrollo de Vaca Muerta. Ambos sectores, efectivamente, representan oportunidades reales para dinamizar la economía argentina en el mediano y largo plazo. Pero hay un problema de geografía política que complica cualquier cálculo electoral: esos motores de crecimiento están localizados en territorios específicos, alejados de los grandes conglomerados urbanos donde reside la mayor concentración de votantes. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata: en esas ciudades, el impacto de Vaca Muerta y la minería es más bien indirecto y lento. Los gobernadores que Santilli ha logrado traer al diálogo con la administración nacional son claros en este punto: sin que la gente común perciba en su bolsillo y en su acceso a servicios una transformación positiva, los acuerdos políticos en el Congreso no serán suficiente salvoconducto para una reelección exitosa.
La Casa Rosada ha mostrado un pragmatismo relativamente novedoso en sus negociaciones. Donde antes había rigidez fiscal absoluta, ahora hay algo más de apertura para discutir adelantos de recursos y ejecución de proyectos de inversión. Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, mantienen la línea: las provincias deben contener su gasto corriente porque el Estado nacional no financiará sus déficit. Es una tensión que marca todo el diálogo contemporáneo entre Nación y provincias, y que explica por qué los mandatarios locales sienten que cargan sobre sus espaldas responsabilidades para las que no cuentan con suficientes herramientas.
Las cuentas provinciales se asfixian
Los números cuentan una historia que respalda las quejas de los gobernadores. El superávit primario consolidado de las provincias cayó a 0,2% del PBI durante el primer trimestre de 2025, según datos de la consultora Empiria. Este guarismo representa uno de los registros más bajos registrados en los últimos trece años. Si se lo compara con el mismo período del año anterior, la caída es evidente: pasó de 0,4% a 0,2%. Incluso en relación al máximo alcanzado en 2024, cuando llegó a 0,9%, la contracción es dramática. Para traducir esto al lenguaje de la política cotidiana: los gobernadores tienen menos margen financiero que hace un año, justo cuando enfrentan mayores presiones de sus empleados públicos y de las organizaciones sociales que representan a los sectores más vulnerables.
Esta compresión fiscal se produce en un contexto donde el Estado nacional se ha retirado de áreas que históricamente financiaba o cofinanciaba. Esa responsabilidad ha migrado hacia las administraciones provinciales y municipales, que ahora deben lidiar con demandas crecientes de asistencia social, educación y salud sin contar con los recursos nacionales de antaño. Los gobernadores sostienen que el ajuste tiene límites: más allá de cierto punto, el achique del gasto público genera crisis sociales que terminan siendo responsabilidad política de ellos. Mientras tanto, sectores empresariales presionan por reducciones impositivas, particularmente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, un tema que el ministro Luis Caputo ha retomado repetidamente en sus análisis sobre la carga tributaria argentina.
Veinte años de expansión estatal que pesan todavía
Un estudio elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea, proporciona perspectiva histórica sobre el tamaño del Estado argentino. Analizando dos décadas de evolución del gasto público, el trabajo revela que aunque la mayor expansión correspondió al Estado nacional, las provincias explicaron cerca de un tercio del aumento del gasto consolidado. En ese incremento, dos rubros concentran la mayor parte del fenómeno: los salarios de empleados públicos y las jubilaciones provinciales. Entre 2005 y 2025, las remuneraciones reales del sector público aumentaron cerca de 95%, mientras que la cantidad de empleados públicos se expandió aproximadamente 60%.
El gasto público consolidado, sumando Nación, provincias, municipios, empresas públicas y obras sociales, alcanzó su máximo histórico en 2016, cuando representó 47,3% del PBI. Desde entonces ha caído hasta 35,4% el año pasado. Esa reducción, sin embargo, no modifica la fotografía de largo plazo: comparando el inicio y el final de las dos décadas analizadas, el gasto público sigue siendo significativamente superior al que existía veinte años atrás. En promedio, los salarios representan 45% del gasto total en las provincias, una participación muy superior a la del gobierno nacional, donde ese componente ronda apenas el 12% del presupuesto. Si se agregan las jubilaciones provinciales, ambos ítems explican alrededor de cuatro quintas partes del aumento del gasto provincial registrado en el período.
La trampa de las estructuras de gasto heredadas
Esta composición del gasto provincial explica por qué los gobernadores se sienten atrapados. A diferencia del gobierno nacional, que pudo modificar su estructura de gastos mediante reformas en programas de asistencia social, subsidios energéticos y transferencias a empresas públicas, los gobernadores enfrentan una realidad más rígida. Sus presupuestos están capturados por las remuneraciones al sector público, que rondan casi la mitad del total. Cualquier recorte masivo de planteles requeriría de sectores económicos que absorban esa mano de obra, algo que simplemente no existe en la mayoría de las provincias. Los municipios enfrentan una situación similar: el peso de las remuneraciones ronda el 47% del gasto municipal.
A nivel nacional, en cambio, la composición del aumento de gastos fue diferente. El crecimiento estuvo explicado principalmente por prestaciones previsionales, impulsadas por moratorias jubilatorias y ampliación de cobertura, junto con programas de asistencia social, subsidios económicos especialmente en energía, y transferencias a empresas públicas. Esa estructura permitió más flexibilidad para ajustar cuando llegó el momento. Las provincias, con su estructura de gasto anclada en salarios y jubilaciones, tienen menos espacio para maniobrar. Es en esa asimetría donde reside buena parte de la tensión que Santilli intenta navegar en sus negociaciones.
Inversión pública: el rubro que se encogió
Otro aspecto relevante del análisis de Capello y Reyna es la evolución de la inversión pública. Las erogaciones de capital crecieron hasta 2014, pero luego perdieron participación relativa y finalizaron el período en niveles similares a los de comienzos de la serie. Mientras tanto, los intereses de la deuda aumentaron especialmente durante los episodios de mayor endeudamiento, como los registrados entre 2016 y 2019. Este dato es particularmente relevante porque explica por qué gobernadores y Santilli ahora dialogan precisamente sobre obras e inversión: después de años de contracción, existe cierto consenso en que la inversión pública debe recuperarse para generar empleo y dinamizar economías regionales.
Sin embargo, esa recuperación de inversión choca contra limitaciones fiscales reales. Los gobernadores no pueden gastar más en el corto plazo sin comprometer sus cuentas, pero tampoco pueden dejar de invertir sin que la situación social se deteriore aún más. Ese es el espacio donde Santilli negocia: pequeños adelantos financieros que permitan avanzar con proyectos que, idealmente, generen impacto electoral positivo en los próximos años. La pregunta implícita es si esos montos, sin ser importantes en términos macroeconómicos, serán suficientes para modificar percepciones en territorios donde el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades siguen siendo realidades cotidianas.
La pregunta que define el futuro político
El análisis de Capello y Reyna plantea una cuestión que trasciende la pura contabilidad fiscal: cuál debería ser el tamaño permanente del Estado argentino. La respuesta será determinante no solo para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, sino también para habilitar futuras reducciones de la presión tributaria sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. En ese debate, las provincias aparecen como actores centrales, dado el peso que tienen los salarios y los sistemas previsionales en la estructura del gasto subnacional.
Los movimientos de Santilli buscan resolver en el corto plazo lo que realmente requiere de una transformación estructural: convencer a los votantes de los grandes centros urbanos de que sus condiciones de vida están mejorando. Mientras eso ocurra, o no, el diálogo entre Nación y provincias seguirá siendo una negociación donde cada lado expone sus limitaciones reales. Los gobernadores necesitan flexibilidad fiscal para contener la presión social. El gobierno nacional necesita que esa presión social no explote antes de 2027. Y los ciudadanos, en las grandes ciudades, siguen esperando que alguno de esos acuerdos se traduzca en más empleo, mejores salarios o servicios públicos funcionales. Cómo se resuelva esa triada determinará no solo el resultado electoral del próximo ciclo presidencial, sino también la viabilidad política de cualquier reforma más profunda que requiera consenso.
