El sistema judicial estadounidense ingresa en una fase crítica de la investigación sobre presuntos delitos financieros en torno a la administración de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino. Este jueves, en las dependencias del tribunal federal ubicado en el centro de Miami, comparecerá ante un gran jurado una persona que posee información directa sobre las operaciones internas de una compañía que, durante los últimos años, habría manejado un volumen extraordinario de dinero destinado originalmente a las arcas de la entidad deportiva argentina. La convocatoria mediante procedimiento compulsivo marca un giro sustancial en una investigación que ya acumula más de diez meses de labores, aunque los fiscales anticipan que la pesquisa se extenderá durante meses adicionales antes de que formulen acusaciones formales contra alguien.
Lo que transforma a este paso procesal en decisivo es su naturaleza institucional. A diferencia de una entrevista informal con agentes investigadores, un gran jurado federal constituye la instancia donde se examina la evidencia que presentan los fiscales para determinar si existe fundamento legal suficiente —lo que la jurisprudencia norteamericana denomina "causa probable"— como para proceder con una acusación penal formal. El testigo que se presentará el 30 de enero deberá comparecer a partir de las 9 de la mañana en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en sesión cerrada al público, y no solo estará obligado a declarar bajo juramento, sino a aportar documentación exhaustiva sobre temas muy específicos.
Documentación voluminosa y personas bajo lupa
La convocatoria compulsiva —denominada técnicamente "subpoena" en la jurisdicción estadounidense— exige la entrega de "todos los registros" relacionados con TourProdEnter LLC, la entidad constituida en territorio norteamericano que fue contratada por la AFA para recaudar y administrar recursos de patrocinio y otras operaciones comerciales alrededor del mundo. El requerimiento no se limita a un tipo específico de documentación, lo que sugiere que abarca tanto registros físicos como información digital almacenada en sistemas electrónicos. Adicionalmente, el testigo deberá entregar la totalidad de comunicaciones que haya mantenido con cuatro personas específicas: Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero de la institución; Javier Faroni, empresario productor teatral; y Diego Lucero.
La amplitud del requerimiento refleja una estrategia procesal clara: los investigadores pretenden reconstruir con máximo detalle las dinámicas de interacción entre estos cuatro sujetos y las operaciones de TourProdEnter LLC, a fin de establecer de qué manera canalizaban, transferían y utilizaban los fondos que circulaban a través de esa compañía. El hecho de que figuren exactamente estas cuatro personas no es casual. Tapia y Toviggino fueron los signatarios del contrato original entre la AFA y TourProdEnter, acuerdo que posteriormente fue extendido hasta el año 2030. Faroni es el propietario de TourProdEnter, mientras que Lucero aparece en los antecedentes como una figura vinculada a operaciones paralelas, entre ellas la adquisición de una propiedad inmueble en Pilar que habría sido financiada mediante estructuras de testaferría. En 2021, Lucero participó en la constitución de una sociedad comercial junto a otro individuo, entidad que posteriormente modificó su denominación y luego transfirió sus acciones a terceras personas físicas.
Magnitud de los recursos y vías de circulación
Desde que TourProdEnter LLC fue contratada en 2021, la compañía habría recaudado y administrado un volumen de fondos que supera los 300 millones de dólares estadounidenses. Estos recursos provenían de contratos de patrocinio con grandes empresas multinacionales —Adidas aportó 60 millones de dólares, Warner contribuyó con 40 millones—, además de ingresos derivados de encuentros amistosos y premios deportivos. La totalidad de estos movimientos circuló a través de cuentas bancarias mantenidas en instituciones financieras estadounidenses de primer orden: Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Precisamente el hecho de que estos fondos hayan transitado por el sistema bancario norteamericano es lo que proporciona jurisdicción a la Justicia Federal de Estados Unidos para investigar presuntos delitos.
La pesquisa se concentra en determinar si durante esas transacciones se violaron normas federales estadounidenses relacionadas con lavado de activos, fraude financiero y obligaciones de transparencia que pesan sobre las instituciones bancarias. En particular, los investigadores examinan si parte de los fondos administrados por TourProdEnter fue derivada hacia terceros a través de operaciones que carecían de justificación económica plausible o se encontraban respaldadas por documentación irregular. Entre los movimientos bajo escrutinio figura la remisión de 57 millones de dólares que desde TourProdEnter fueron canalizados hacia sociedades pantallas que eran controladas por beneficiarios de programas de asistencia social en Argentina. Este tipo de operación, según los patrones detectados por los investigadores federales, sugiere un posible desplazamiento de fondos hacia destinos sin relación aparente con los negocios originales de la AFA.
El impulso concreto de la investigación federal se produjo a fines de 2025, cuando un empresario argentino llamado Guillermo Tofoni obtuvo órdenes judiciales en dos estados —Delaware y Georgia— que le permitieron acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC mantenidos en los cinco bancos mencionados. Con ese material en manos, Tofoni se presentó ante el Departamento de Justicia Federal para denunciar la posible existencia de delitos que caerían bajo la jurisdicción estadounidense. A partir de ese momento, los tres fiscales encargados de la investigación —Michael Berger, quien encabeza la pesquisa como litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida; Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia; y Christopher Ting— junto con agentes especiales del FBI comenzaron a contactar a personas que mantenían o habían mantenido relaciones funcionales con la AFA. Entre los individuos que ya han aportado información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años funcionó como asistente de confianza de Toviggino. Según reportes de su círculo cercano, Beacon busca obtener garantías de la Justicia por temor a enfrentar detención.
Especulaciones sobre identidades y extensión de la pesquisa
Aunque las identidades de los testigos permanecen bajo reserva estricta —una práctica estándar en investigaciones federales estadounidenses durante sus etapas preliminares—, múltiples conjeturas circulan respecto de quién podría presentarse este jueves. Beacon es uno de los candidatos más mencionados, aunque fuentes especializadas no descartan que comparezcan otras figuras con acceso a información sensible sobre operaciones internas de la AFA. Leandro Petersen, máximo responsable del área de Marketing y Comercialización de la institución, es otro nombre que aparece en los análisis de posibles convocados. También ha sido mencionado Alexandre Dreyfus, empresario vinculado a la plataforma Socios.com, una firma que ha celebrado contratos comerciales con la AFA. Paralelamente, los investigadores han contactado a múltiples empresas que suscribieron acuerdos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y efectuaron transferencias hacia cuentas de TourProdEnter mantenidas en territorio estadounidense.
Un aspecto que generó fricción entre los fiscales fue la filtración pública de la citación compulsiva. Los investigadores pretendían avanzar la pesquisa fuera de los reflectores públicos y, en consecuencia, exigieron a todas las personas contactadas hasta el momento que observaran "confidencialidad extrema" respecto de los detalles de la investigación. Desde las dependencias del Departamento de Justicia se negaron tajantemente a confirmar o desmentir información sobre el estado de las pesquisas cuando se los consultó directamente, postura que contrasta con la naturaleza pública que adquirió el procedimiento mediante la difusión de la citación. La audiencia se llevará a cabo a puertas cerradas, conforme a los protocolos que rigen los procedimientos ante gran jurado en la jurisdicción federal estadounidense, lo que significa que el público no tendrá acceso a los testimonios ni a los documentos que se presenten.
Cabe destacar que la citación compulsiva por sí misma no implica que el testigo convocado sea objeto de investigación criminal o que enfrente riesgos de acusación formal. Sin embargo, existe la obligación de permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autorice explícitamente a abandonar el edificio de tribunales. La práctica habitual en estas investigaciones es que los testigos comparezcan, aporten documentación y testimonios, y luego se reintegren a sus actividades ordinarias, aunque siempre bajo la posibilidad de que sean convocados nuevamente si surge información adicional que requiera clarificación.
Los fiscales anticipan que la actual será solo la primera de al menos seis citaciones compulsivas que piensan cursar. Esta estimación sugiere que la red de personas con acceso a información relevante sobre TourProdEnter y sus operaciones es más extensa que lo que públicamente se ha difundido. Cada nuevo testigo aportará perspectivas distintas sobre cómo funcionaba la relación contractual entre la AFA y la compañía de Faroni, qué criterios se aplicaban para efectuar transferencias de fondos, cuál era la documentación que respaldaba esas operaciones, y si existían comunicaciones que sugirieran intencionalidad delictiva en los movimientos de dinero. La acumulación de estos testimonios y documentos constituirá el acervo probatorio que los fiscales presentarán ante el gran jurado para solicitar que determine si existe causa probable para proceder con acusaciones formales.
A nivel de contexto histórico, resulta instructivo recordar que investigaciones penales federales de similar envergadura —que involucran fraude financiero transnacional, múltiples jurisdicciones, operaciones bancarias complejas y necesidad de cooperación internacional— suelen extenderse durante períodos muy prolongados. El caso conocido globalmente como FIFAgate constituye un precedente relevante. El Departamento de Justicia inició esa investigación en 2011, pero recién en mayo de 2015 se ejecutó una operación judicial de envergadura en territorio suizo, con órdenes de arresto simultáneas. En esa ocasión, se presentaron cargos contra catorce individuos por asociación delictiva, fraude a escala masiva y lavado de activos derivados de sobornos cuyo monto superaba los 150 millones de dólares. La presente investigación sobre la AFA, aunque progresa hacia fases más avanzadas, aún se encuentra en etapas preliminares según fuentes con conocimiento directo de los expedientes judiciales.
Las implicancias futuras de esta pesquisa serán determinadas por múltiples factores en juego. El resultado dependerá de la calidad y cantidad de evidencia que aporten los testigos y la documentación que se recupere, así como de la voluntad política del Departamento de Justicia de impulsar acusaciones formales una vez que el gran jurado determine si existe causa probable. La eventual expansión de la investigación a terceras jurisdicciones —tanto en Argentina como en otros países— dependerá de mecanismos de cooperación judicial internacional que pueden demorar meses en concretarse. Asimismo, la estrategia defensiva que adopten las personas mencionadas en la investigación —ya sea mediante representación legal, negociaciones con los fiscales, o presentación de pruebas exculpatorias— influirá significativamente en el curso de los procedimientos. Lo que sí resulta evidente es que la investigación ha dejado de ser una pesquisa discreta para transformarse en un proceso con visibilidad pública que posiblemente continuará generando movimientos procesales durante meses o incluso años venideros.
