La semana pasada, apenas asumiendo funciones como jefe de Gabinete, Diego Santilli inició una ronda de conversaciones con mandatarios provinciales para impulsar una transformación profunda en el mecanismo electoral que Argentina utiliza desde hace más de treinta años. El movimiento representa un giro político importante: mientras el Gobierno nacional apunta a eliminar de raíz las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la reacción en las provincias mostró matices inesperados que complican cualquier avance legislativo rápido. Lo que parecería ser una prioridad uniforme del oficialismo terminó revelando grietas que el oficialismo mismo intenta sellar a través de negociaciones bilaterales con cada gobernador.
Desde que el Poder Ejecutivo presentó formalmente la iniciativa ante el Congreso en abril pasado, la administración nacional argumentó que las PASO generan un gasto fiscal que ronda entre 250 y 300 millones de dólares en cada jornada electoral, cifra que según el discurso oficial podría destinarse a otras prioridades presupuestarias. Pero el costo financiero es apenas uno de los puntos que motorizan esta propuesta de reforma. El Ejecutivo sostiene que el esquema actual fragmenta innecesariamente la campaña política al obligar a la ciudadanía a participar en múltiples instancias de voto durante un mismo ciclo electoral. Además, el Gobierno identifica en el sistema una proliferación descontrolada de partidos políticos —exactamente 174 agrupaciones registradas— que complica la gobernabilidad y la claridad en la oferta electoral. Este diagnóstico llevó a los funcionarios a complementar la supresión de las primarias con cambios en los requisitos de inscripción partidaria, aumentando la exigencia de territorialidad.
Un proyecto que busca ordenar el mapa político
La propuesta reformadora no se limita a eliminar una jornada electoral. Incluye además medidas que apuntan a endurecer los criterios para que una agrupación política pueda participar en elecciones generales. El proyecto eleva de cinco a diez provincias la cantidad mínima de distritos donde debe contar con presencia territorial para ser considerada un partido nacional legítimo. Paralelamente, incrementa de manera significativa el número mínimo de afiliados que cada organización debe poseer según la jurisdicción. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la exigencia pasaría de 4.000 a 10.000 afiliados. Estos cambios se complementarían con la implementación de un sistema de afiliación digital que facilitaría el registro y la verificación de militantes. El propósito explícito es reducir lo que funcionarios del Ejecutivo denominan la "distorsión" generada por una multiplicidad de partidos que, en muchos casos, funcionan apenas como proyectos electorales de figuras individuales sin estructura institucional real. Santilli ha subrayado en declaraciones públicas que esta iniciativa está "enfocada en la sociedad y no en las estructuras partidarias", intentando así desvincularse de cualquier acusación de que se trata de una reforma hecha únicamente para beneficiar al oficialismo.
Sin embargo, la reacción en territorio mostró un panorama fragmentado que complica las pretensiones de avance legislativo rápido. Los gobernadores Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Marcelo Orrego de San Juan y Alfredo Cornejo de Mendoza expresaron su adhesión al proyecto original tal como fue enviado desde la Casa Rosada. Estos mandatarios provinciales respaldan la eliminación definitiva de las PASO y los cambios en los requisitos de inscripción partidaria. Sin embargo, este apoyo pleno es minoría dentro del espectro de gobiernos locales, incluso considerando únicamente aquellos que responden al espacio oficial o mantienen posturas dialoguistas. El panorama se complejiza cuando se observan los cuestionamientos y las posiciones matizadas que emergen desde otras provincias.
Las fracturas dentro del oficialismo provincial
La gobernadora de Córdoba, Martín Llaryora, expresó reparos significativos sobre la eliminación total de las PASO, fundamentándose en que el peronismo de su provincia se opone a este mecanismo. Su posición refleja una realidad política provincial en la que la adhesión al Gobierno nacional no implica necesariamente una alineación total en cada materia legislativa. De manera similar pero con matices distintos, Maximilianoullaro de Santa Fe descartó respaldar la derogación nacional, aduciendo que su provincia se encuentra inmersa en un proceso de reforma electoral local que mantiene las primarias como componente del sistema. No obstante, Pullaro se mostró abierto a acompañar una opción de suspensión temporal de las PASO en coordinación con los gobernadores de la región patagónica. Esta postura intermedia —ni apoyo total ni rechazo definitivo— representa una estrategia que busca no enemistarse con el Gobierno nacional mientras defiende las particularidades de su territorio.
Los rechazos más explícitos provinieron desde espacios provinciales menos alineados con el oficialismo. Osvaldo Jaldo de Tucumán cuestionó duramente la medida, describiéndola como un esquema que habría sido "diseñado a medida" para favorecer a La Libertad Avanza, el partido del Presidente. Esta caracterización representa una lectura política que invierte el discurso oficial: mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma busca beneficiar a la ciudadanía y ordenar el sistema electoral, sectores gobernadores interpretan que se trata de una modificación que terminaría fortaleciendo al oficialismo. Por su parte, Raúl Jalil de Catamarca adoptó una postura más cautelosa, solicitando un análisis detallado antes de comprometerse con su respaldo. Estas posiciones divididas entre los gobernadores ponen de relieve que, aunque la administración nacional cuenta con herramientas de negociación importantes —principalmente el manejo de recursos de coparticipación federal—, la reforma electoral no es un tema que pueda ser avanzado mediante un decreto o una decisión unilateral.
En el plano legislativo, la discusión también refleja esta fragmentación. Desde el Senado, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, sugirió públicamente que la derogación total de las PASO podría carecer del número suficiente de votos para su aprobación, lo que la llevó a reforzar la opción de una suspensión temporal. Esta postura de la legisladora de máxima confianza presidencial indica que incluso dentro del próprio oficialismo existe conciencia de las limitaciones numéricas en el Congreso. Santilli, por su parte, ha manifestado apertura a incorporar sugerencias de otros bloques legislativos, mencionando específicamente la posibilidad de que la Unión Cívica Radical aporte sus propias perspectivas al debate sobre la metodología de la reforma. Esta disposición al diálogo, al menos en el discurso, contrasta con el tono más confrontacional que caracterizó otros proyectos legislativos durante la presente gestión.
Más allá de los posicionamientos políticos explícitos, existe un factor estructural que condiciona la capacidad negociadora de los gobernadores frente a una eventual reforma electoral: la situación de los recursos provinciales. Durante el primer semestre del año, los fondos transferidos desde la Nación hacia las provincias a través del sistema de coparticipación federal experimentaron una reducción en términos reales de aproximadamente 2,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Este deterioro relativo de los ingresos provinciales genera un contexto en el cual los gobernadores tienen incentivos divididos: por un lado, necesitan mantener buenas relaciones con el Gobierno nacional para negociar mejores transferencias de fondos; por otro lado, ciertos cambios en el sistema electoral podrían afectar sus posibilidades de reelección o la fortaleza política de sus aliados locales. Esta tensión estructural permanece en el trasfondo de todas las negociaciones que Santilli está llevando adelante en el territorio.
La reforma electoral que el Ejecutivo impulsa forma parte de una agenda más amplia de modificaciones institucionales que buscan reconfigurar el sistema político argentino según los criterios de la administración actual. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos múltiples: la fragmentación política dentro del propio espacio oficialista, la resistencia de gobernadores con otras perspectivas políticas, las limitaciones numéricas en el Congreso y la competencia de otras prioridades legislativas en un contexto de crisis económica. Los próximos meses determinarán si Santilli logra construir una coalición parlamentaria suficiente para avanzar con una derogación total de las PASO, si debe conformarse con una suspensión temporal, o si finalmente el proyecto queda archivado en los expedientes legislativos. La respuesta dependerá menos de argumentos técnicos sobre las virtudes o defectos del mecanismo electoral, y más de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos políticos que trasciendan las divisiones que ya son visibles entre quienes componen su propia coalición de poder.
