La eliminación de las PASO dejó de ser un anhelo declamado desde los púlpitos políticos para convertirse en una operación territorial de alcance federal. A través de una batería de encuentros en la sede ejecutiva, el Gobierno nacional abrió una nueva etapa de negociaciones con los mandatarios provinciales donde la reforma electoral adquiere un protagonismo mayúsculo. Lo que está en juego trasciende ampliamente el calendario electoral: se trata de rediseñar las reglas de juego político en el país y, en el proceso, de fraguar acuerdos territoriales que definirán los alineamientos de cara a los comicios de 2025.

El jueves pasado, entre las 18.15 y las 19.35, el despacho de Diego Santilli —coordinador de la cartera ministerial— recibió al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, un dirigente del peronismo que controla una bancada parlamentaria de consideración en el Congreso Nacional. Este encuentro marcó el puntapié inicial de una estrategia más ambiciosa: tejer consensos en las provincias para destrabar la reforma en el Senado. La jornada siguiente continuó con la agenda: estaba previsto un nuevo cónclave con Juan Pablo Valdés, el gobernador correntino de filiación radical, en Balcarce 50. Los temas abordados, según explicó el entorno del funcionario, incluyeron un repaso de cuestiones que vinculan los intereses nacionales con los locales, además de proyecciones sobre la agenda parlamentaria en los próximos días. El foco, sin embargo, permaneció inquebrantable en la necesidad de avanzar con cambios en la estructura electoral.

La aritmética del poder en el Senado

Para comprender la intensidad de estas negociaciones es preciso ponderar la aritmética legislativa. La Unión Cívica Radical cuenta con diez bancas en la Cámara Alta, lo que la coloca como un actor indispensable para cualquier iniciativa que requiera mayoría supuesta. En ese contexto, contar con la lealtad de los cinco gobernadores radicales se proyecta como un objetivo estratégico de primer orden para la administración nacional. No se trata de un cálculo menor: sin esos votos, la posibilidad de avanzar con la modificación del sistema electoral se reduce considerablemente. Tucumán, gobernada por Jaldo, contribuye dos representantes en el Senado —Beatriz Ávila y Sandra Mendoza— además de mantener presencia con tres diputados provinciales en la Cámara baja. Estos números explican por qué la Casa Rosada dedica tiempo y recursos a cultivar relaciones con autoridades que, aunque no pertenecen al oficialismo en su acepción más estricta, poseen capacidad de bloqueo o de facilitación legislativa.

Lo que sucedió durante el viaje presidencial a París, donde una delegación de trece gobernadores acompañó al mandatario en el marco de la Argentina Week, funcionó como un laboratorio de negociaciones. Allí, según fuentes del Ejecutivo, se generó una "buena sintonía" entre las autoridades provinciales y la esfera nacional. Esa ventana de oportunidad, acumulada en encuentros internacionales y reafirmada en conversaciones bilaterales, es lo que el Gobierno se propone convertir ahora en una serie de iniciativas legislativas concretas. La reforma electoral, sin embargo, no aparece aislada en la mesa de negociaciones. Paralela a ella, existe un conjunto de demandas y contrademandas que configura un escenario político más complejo. El Presupuesto para 2027 también requiere apoyo parlamentario, y hay además una ofensiva de la oposición prevista para el próximo jueves, cuando buscará sesionar en Diputados para modificar o anular el DNU 70/23. Contener estos frentes simultáneamente demanda una articulación minuciosa entre los distintos niveles del poder.

Las demandas de los gobernadores: garantías y espacios

Tras las cortesías iniciales, surgió del encuentro parisino una demanda explícita de los gobernadores: solicitar garantías de "no agresión" en sus territorios por parte del oficialismo nacional. Esta petición revela una preocupación que trasciende los conflictos coyunturales: los mandatarios desean blindar sus espacios políticos locales frente a posibles competencias rivales que pudieran emanar desde el Gobierno central. A cambio de esa seguridad territorial, se espera que los gobernadores faciliten medidas legislativas que el Ejecutivo necesita impulsar. Desde la Casa de Gobierno respondieron con una matización: los acuerdos no se sellarán de manera uniforme o mecánica, sino que dependerán de la calidad de la relación previa que cada gobernador haya construido con la administración nacional. Esta respuesta diferenciada abre un abanico de posibilidades según la historia y la proximidad política de cada territorio.

En esa lógica de alianzas selectivas, el Gobierno ha identificado una serie de distritos que representan núcleos duros de cooperación. En 2025, ya se concretaron pactos de cierta envergadura con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco y Alfredo Cornejo en Mendoza. Estos acuerdos, que combinan desde apoyo legislativo hasta compromisos sobre políticas específicas, funcionan como modelos que podrían replicarse con otros gobernadores dialoguistas. Los candidatos a incorporarse a esta red incluyen a Ignacio Torres en Chubut, Marcelo Orrego en San Juan y Claudio Poggi en San Luis. La evaluación de estos posibles acuerdos se realiza en paralelo a consideraciones más amplias sobre candidaturas presidenciales y el futuro del PRO, el partido del que emanaron varias de estas figuras gobernativas. El caso de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires constituye un nodo más complejo: su posición depende, según allegados al Ejecutivo, de si la estructura del PRO decide o no presentar una candidatura alternativa a la nacional. Con gobernadores que mantienen cierta disposición al diálogo pero sin adhesión plena, se estudia la alternativa de presentar candidatos de menor visibilidad que no comprometan las posibilidades de reelección local.

En territorios políticamente antagónicos —como la provincia de Buenos Aires, Formosa, Córdoba, La Pampa y Tierra del Fuego— la estrategia cambia de matiz. Allí, el Gobierno no espera obtener cooperación legislativa mediante alianzas: por el contrario, se prepara para competir de manera directa y simétrica en las urnas. Esta bifurcación estratégica pone de relieve cómo la reforma electoral no representa meramente un cambio de reglas, sino un instrumento mediante el cual el oficialismo busca adecuar el panorama competitivo a sus propias fortalezas territoriales. Fuentes vinculadas a las negociaciones subrayaron, sin embargo, que muchas definiciones aún permanecen en estado de elaboración. "Los gobernadores están especulando, quieren ver cómo llegan, se están midiendo", comentó alguien cercano a estos contactos. Esta frase condensa la incertidumbre y el cálculo que caracteriza la política argentina en años electorales: cada actor sondea al otro, tentando movimientos sin comprometerse totalmente hasta identificar con claridad la dirección del viento político.

El cronograma que maneja la administración nacional apunta a agitar la reforma electoral en el Senado para finales de octubre, persiguiendo así la eliminación de las PASO. Simultáneamente, la aprobación del Presupuesto 2027 requiere de la misma musculatura parlamentaria. Mientras estos debates ocupan la escena visible, en los pasillos del Ejecutivo continúan tejiendo acuerdos que definirán quién competirá junto a quién en los próximos comicios. Los gobernadores, por su parte, emplean estas negociaciones como ventanas para precisar hasta dónde pueden avanzar sin comprometer sus propias ambiciones locales o enfrentar la hostilidad del poder central. Este juego de ajedrez político, tan antiguo como la propia República, adquiere en 2025 una importancia particular: de cómo se resuelvan estas conversaciones dependerá no solo qué candidatos se presentarán a elecciones, sino también qué coaliciones serán posibles y cuál será la estructura de poder que emerja tras las urnas.

Las consecuencias del nuevo mapa de alianzas

Las implicancias de este movimiento trascienden los cálculos electorales inmediatos. Si el Gobierno logra consolidar los acuerdos que está negociando, ganará capacidad de maniobra parlamentaria para impulsar su agenda legislativa en el corto plazo. Simultáneamente, habría sentado las bases para una estrategia de competencia selectiva que le permitiría concentrar recursos en territorios donde sus posibilidades de triunfo sean mayores, mientras negocia espacios de menor conflictividad en provincias donde no posee ventajas decisivas. Por el contrario, si las negociaciones fracasaran o si los gobernadores decidieran modificar sus posiciones, el Ejecutivo enfrentaría obstáculos sustanciales para impulsar reformas que considera centrales. La reforma electoral podría quedar archivada o modificada, lo que afectaría tanto los planes inmediatos como los cálculos de largo plazo sobre competencia electoral. Desde otras perspectivas, estos acuerdos pueden interpretarse también como una reconfiguración de la política federal argentina: los gobernadores ganaron relevancia como actores negociadores frente a un Ejecutivo que requiere su cooperación legislativa, mientras que las bases territoriales de cada provincia adquieren un peso específico distinto según su alineación con el Gobierno central. Lo que suceda en las próximas semanas definirá si esta nueva arquitectura de poder llegará a cristalizarse o si, como tantas veces en la historia política argentina, las intenciones chocarán contra las realidades territoriales.