La cámara alta volvió a poner sobre la mesa legislativa un proyecto que sacudirá los cimientos del derecho comercial argentino tal como se conoce desde hace medio siglo. En una sesión de la Comisión de Legislación General del Senado, el oficialismo reactivó el análisis de una iniciativa que busca reescribir por completo las reglas de juego para las empresas, habilitando estructuras organizativas que funcionarían bajo el comando exclusivo de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. El debate, que había permanecido en suspenso durante más de cuarenta días debido a otros conflictos legislativos, retomó su marcha con declaraciones encontradas sobre si la modernización tecnológica debe primar sobre la responsabilidad empresarial tradicional.
Lo que está en juego trasciende los tecnicismos jurídicos. Se trata de una transformación profunda en cómo se entienden las estructuras comerciales en la Argentina, particularmente en relación con quién responde ante problemas, fraudes o incumplimientos cuando una máquina o un algoritmo toma decisiones sin intervención humana. El proyecto no surgió en el vacío: impulsa una modernización que ya lleva más de cincuenta años de atraso respecto al marco normativo vigente, sancionado en 1972 bajo otras realidades económicas, tecnológicas y sociales completamente distintas. Sin embargo, esta intención de actualizar choques de frente con visiones que ven en estas nuevas estructuras un riesgo para la protección de derechos y el control de actividades empresariales potencialmente fraudulentas.
La polémica central: autonomía tecnológica versus responsabilidad comercial
Durante la reunión de comisión, uno de los momentos de mayor tensión se produjo entre dos figuras con un historial de enfrentamientos previos. La senadora que encabeza la bancada gubernamental cuestionó públicamente a quien fuera titular de un organismo regulador de sociedades durante gobiernos anteriores, acusándolo de haber modificado normativas mediante herramientas administrativas cuando no tenía potestad para hacerlo. Específicamente, el reclamo giró en torno a decisiones que habrían dificultado a emprendedores y jóvenes empresarios acceder a estructuras societarias más ágiles y de menor complejidad. Desde su lado, el ex funcionario que ocupara dos veces la jefatura del órgano de fiscalización manifestó que aunque reconoce la necesidad de actualizar el marco normativo, el proyecto en cuestión no representa el camino correcto.
Las palabras del exfuncionario fueron severas: planteó que la iniciativa constituiría un mecanismo para que aquellos con recursos pudieran multiplicar su riqueza sin estar sujetos a responsabilidades por sus acciones, y que permitiría que las sociedades se convirtieran en espacios de actuación deshonesta. Su crítica más tajante fue que la propuesta eliminaría la obligación de los empresarios de responder por sus decisiones y actos, algo que consideró fundamentalmente problemático desde una perspectiva de protección del interés público y la legalidad. Este posicionamiento refleja una preocupación más amplia que atraviesa distintos sectores: si otorgamos total autonomía a sistemas tecnológicos sin supervisión humana, ¿quién asume responsabilidad cuando algo sale mal?
Los argumentos del oficialismo: modernización y control financiero internacional
Del lado de quienes respaldan la reforma, los argumentos se articulan en torno a dos ejes principales: la necesidad de sincronizar la normativa argentina con estándares internacionales de control y monitoreo, y la imposibilidad de mantener un marco regulatorio diseñado para economías y tecnologías obsoletas. El director del organismo nacional encargado de supervisar flujos financieros expresó que el proyecto contribuiría significativamente a la modernización del sistema, cumpliendo además con recomendaciones de organismos internacionales especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Según su perspectiva, las reformas propuestas facilitarían el acceso directo para llevar un seguimiento completo y una trazabilidad clara de las operaciones societarias, mejorando así la capacidad estatal de fiscalización.
Un abogado especialista en derecho comercial que participó de la discusión planteó argumentos complementarios sobre el desfasaje histórico de la legislación vigente. Enfatizó que la norma actual fue concebida para una economía, un nivel tecnológico y formas empresariales que han dejado de existir hace décadas, y que el proyecto ofrece un aporte conceptual más robusto al incorporar principios generales que definen cuál debe ser el rol del derecho empresarial en la era contemporánea. De acuerdo con esta posición, la reforma proporcionaría un marco jurídico más seguro y predecible, ofreciendo soluciones claras cuando emergen conflictos en contextos que la ley antigua no contempló. Este enfoque sugiere que la actualización es no solo deseable sino inevitable si se busca que Argentina mantenga competitividad y atractivo para inversiones en sectores de frontera tecnológica.
Los cambios disruptivos que transformarían el panorama empresarial
El proyecto de reforma que analiza el Senado no se limita a ajustes marginales, sino que plantea modificaciones radicales en múltiples dimensiones del funcionamiento societario. En primer lugar, establece la digitalización integral de procesos, eliminando la obligatoriedad de mantener registros y libros en formato físico, permitiendo que la constitución de sociedades ocurra mediante firmas digitales y que las notificaciones legales se realicen completamente en línea a través de lo que denomina "sede electrónica". Este cambio solo implicaría reducción de costos y tiempos; representa un vuelco en cómo se documentan y se certifican actos comerciales.
Pero la transformación más ambiciosa está en la creación de las llamadas Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas, estructuras que podrían funcionar sin ningún tipo de intervención humana, gobernadas íntegramente por protocolos tecnológicos y sistemas de registro distribuido. Complementariamente, el proyecto habilita explícitamente el uso de inteligencia artificial y algoritmos para ejecutar funciones operativas y tomar decisiones administrativas. Estos cambios no son menores: significaría que una empresa podría operar, comprar, vender, contratar y tomar decisiones estratégicas sin que ninguna persona natural esté involucrada en esos procesos. Además, la propuesta moderniza el concepto de aporte al capital social, permitiendo contribuciones con activos digitales y criptoactivos, y habilita que las acciones sean representadas mediante tokens para facilitar la financiación de emprendimientos de alto riesgo. Otro cambio sustancial redefinye el objeto social de las empresas, ampliando radicalmente su scope: en ausencia de especificaciones en los estatutos, se entendería que pueden realizar cualquier actividad lícita, lo que contrasta fuertemente con el enfoque restrictivo de la normativa actual.
En materia de gobernanza, la reforma formaliza asambleas y directorios remotos o híbridos, e introduce el concepto de "regla de discrecionalidad empresarial", mediante el cual los administradores no serían responsables por decisiones estratégicas que no produzcan los resultados esperados siempre que hayan actuado de buena fe, con diligencia y buscando el interés social. Asimismo, incorpora de manera sistemática dentro del código general a las Sociedades por Acciones Simplificadas, un tipo que había permanecido disperso normativamente, preservando sus características de agilidad y libertad organizacional. Finalmente, el rol del Estado experimentaría una contracción significativa, concentrando el control público únicamente en sociedades que realicen ofertas públicas de valores o donde exista un interés público específicamente comprometido.
El cronograma legislativo y las expectativas del oficialismo
La intención manifestada por el bloque oficialista es emitir dictamen en la próxima sesión de comisión, aunque esa reunión aún no tiene fecha definida. Se anticipa que antes de ese paso habrá un trabajo de consenso con los bloques legislativos de oposición que mantienen disposición al diálogo, procurando acumular apoyos suficientes para que el proyecto pueda prosperar en el recinto. La presencia del ministro de Desregulación en la primera reunión de comisión hace 40 días estableció el tono de la discusión: alguien dispuesto a debatir de frente con senadores de posiciones contrarias y a defender la iniciativa con vigor. Esta segunda sesión transcurrió en un clima más templado, aunque no exento de confrontaciones que revelan las profundas diferencias sobre cómo debe regularse la actividad empresarial en tiempos de transformación tecnológica acelerada.
Implicancias y perspectivas divergentes
La aprobación de esta reforma tendría consecuencias que irradiarían hacia múltiples dimensiones de la sociedad argentina. Quienes respaldan la iniciativa argumentarían que permitiría que emprendedores tecnológicos, startups innovadoras e inversores accedan a estructuras más flexibles y modernas, reduciendo burocracia y costos operativos, lo que podría atraer inversión extranjera y capital de riesgo a la Argentina. Desde esta óptica, la modernización es un paso inevitable para que el país no quede rezagado en sectores de economía digital, criptoactivos y nuevas formas de organización empresarial que ya operan en otras jurisdicciones. Simultáneamente, quienes expresan reservas advierten que las nuevas estructuras podrían facilitar prácticas de evasión fiscal, lavado de dinero o fraude empresarial si los sistemas de control público se reducen significativamente y si se elimina la responsabilidad personal de tomadores de decisiones. También hay quienes temen que la deslaboralización de procesos mediante automatización completa pueda impactar negativamente en la generación de empleos en sectores administrativos y operativos. El proyecto presenta así un clásico dilema de política regulatoria: cómo balancear la necesidad de innovación y competitividad con la protección de derechos, la prevención de ilícitos y la garantía de que las estructuras económicas sirvan al interés colectivo, no solo a la concentración de riqueza.
