La maquinaria judicial argentina se preparaba para emitir un veredicto que cierra un capítulo turbio de la historia reciente: el procesamiento masivo de empresarios y funcionarios estatales involucrados en uno de los primeros grandes esquemas de saqueo detectado durante la administración kirchnerista. Con la lectura de la sentencia prevista para el mediodía, quedaba sellado el destino de treinta acusados—entre ellos dos figuras clave del aparato de obra pública estatal—en un caso que, de no haber sido por un audio clandestino recuperado años después, habría permanecido enterrado en los archivos judiciales.

La brevedad de los actos procesales de esta mañana marcó el cierre apresurado de una etapa: los jueces ofrecieron a los acusados la oportunidad de dirigirse al tribunal con sus "últimas palabras" antes de la condena, pero ninguno hizo uso de la palabra. El procedimiento se resolvió en menos de diez minutos. Los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 4—integrado por Jorge Gorini, Costabel y María Gabriela López Iñiguez—se disponían a leer sus considerandos sin discursos que enturbiaran las aguas. En el banquillo de los acusados estaban los antiguos funcionarios Julio De Vido y José López, quienes en su momento concentraban todas las decisiones sobre inversión en infraestructura, además de empresarios de Skanska y otras firmas vinculadas a la trama.

La acusación: un esquema sofisticado de despilfarro

Según la investigación llevada adelante por el fiscal Abel Córdoba, los acusados operaron dentro de un engranaje bien lubricado: direccionaban deliberadamente los procesos de contratación de obras públicas hacia la empresa Skanska, una multinacional sueca especializada en construcción e infraestructura, a cambio del pago de coimas a funcionarios estatales. Para disimular esta transacción ilícita, utilizaban facturas falsas que justificaban los giros de dinero hacia cuentas bancarias de funcionarios del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) y de la entidad Nación Fideicomisos. Además, los contratos incluían sobrepreciosque inflaban artificialmente los costos de las obras, generando ganancias extraordinarias para la firma extranjera mientras el Estado pagaba cifras distorsionadas por servicios que costaban menos.

El objeto específico de la corrupción eran dos megaobras de infraestructura energética: la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos nacidos como respuesta a la demanda renovada de gas natural que surgió después del colapso económico de 2001. Las tareas contemplaban la instalación de nuevas tuberías, la prolongación de las existentes y la incorporación de compresores de gas para aumentar la capacidad de transporte. Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur eran las concesionarias que financiaban estas expansiones a través de un mecanismo de fideicomiso. Skanska se adjudicó la ejecución directa de una de las obras y participó como subcontratada a través de Odebrecht en la otra, la firma brasileña que después sería el epicentro de la megacausa de corrupción que sacudió toda América Latina.

El audio que resucitó el caso: de la tumba judicial a la condena

El itinerario de este expediente muestra los vaivenes de un sistema judicial donde los fallos pueden ser revertidos y donde el material probatorio es susceptible de nuevas interpretaciones. Cuando la investigación inicial comenzó a tomar forma, a principios de los años 2010, la Cámara Federal decidió en 2011 frenar el proceso mediante un sobreseimiento que revocó los procesamientos de múltiples investigados. Aunque De Vido y López no estaban en ese grupo de beneficiarios, sí lo estaban muchos de los empresarios que hoy vuelven a enfrentar acusación formal en el tribunal. Entre ellos, Néstor Ulloa, funcionario que administraba el fideicomiso destinado a financiar la expansión de los gasoductos. El expediente quedó prácticamente dormido durante años, relegado a los depósitos de las causas olvidadas.

Lo que reactivó todo fue el descubrimiento de una grabación de audio que la Justicia había recuperado durante un allanamiento realizado en las primeras etapas de la investigación. En esa cinta, Javier Azcárate, un alto ejecutivo de Skanska, mantiene una conversación con Claudio Corizzo, auditor interno de la empresa. En el diálogo, Azcárate admite sin rodeos haber pagado sobornos para asegurar la obtención de adjudicaciones de obras públicas en territorio argentino. Reconoce también el esquema de facturas falsas para justificar los pagos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Con una frialdad que atraviesa la grabación, Azcárate señala: "Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos". En otro momento, revela la seguridad con la que operaban: "Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares". Luego especifica la estructura del cohecho: un cinco por ciento de todos los contratos, dividido en tres por ciento destinado al Enargas y dos por ciento a Nación Fideicomisos, más los gastos operacionales de la coima.

Inicialmente, los magistrados descartaron el audio argumentando que no había surgido de una orden judicial legítima, sino de una investigación interna realizada por la propia empresa. El razonamiento era que Azcárate había sido engañado en esa conversación grabada sin su consentimiento. Durante años, el material probatorio fue considerado inutilizable. Pero en 2015, la Corte Suprema reabrió la puerta para que el audio fuese reconsiderado. La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, finalmente incorporó la grabación al expediente. Gemignani escribió una fundamentación memorable: "En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos". Con esa puerta abierta, el fiscal Carlos Stornelli pidió la anulación de los sobreseimientos anteriores, y la causa resurgió del letargo con una nueva fuerza.

Las penas solicitadas: dos pesos pesados bajo la lupa

En el juicio que hoy llegaba a su conclusión, el fiscal Córdoba mantuvo la acusación diferenciada según el nivel de responsabilidad. Para ocho altos directivos y gerentes de Skanska, pidió una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Este grupo incluye no solo a Azcárate, quien era gerente comercial de la firma, sino también a Mario Piantoni, máximo responsable de Skanska en la región; Gustavo Vago, presidente de la empresa en Argentina; y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba. Para los otros diecisiete imputados, el acusador solicitó la absolución, estimando que no existía evidencia suficiente de su participación en la trama.

Para De Vido y López, la fiscalía pidió cinco años de prisión por los delitos de cohecho y fraude al Estado. Esta condena se suma a un ya voluminoso historial de procesos judiciales que ambos ex funcionarios cargan. De Vido, quien fue ministro de Planificación durante gran parte de la era kirchnerista, acumula cuatro condenas previas, de las cuales solo una se encuentra firme: la relacionada con la tragedia del tren a Once en 2012, por la que cumple prisión domiciliaria en una propiedad privada ubicada en Zárate. Pero sus problemas legales no terminan en Skanska. Enfrenta además el juicio de Sueños Compartidos, donde se investiga un programa de viviendas sociales que fue administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. En ese proceso, el fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para De Vido, la pena máxima por fraude al Estado. López, por su parte, comparece en la misma causa y enfrenta la misma acusación fiscal, lo que lo expone a sumar seis años adicionales a la pena unificada de trece años que ya arrastra por las condenas en la causa Vialidad y el caso de los bolsos encontrados en un convento.

Raíces de un caso que nace hace casi dos décadas

La historia de la investigación sobre Skanska se remonta al menos a principios de la década de 2010, pero sus raíces se hunden más profundamente. El expediente fue abierto inicialmente a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, el partido político que entonces encabezaba Elisa Carrió, una de las voces más críticas del kirchnerismo en el Congreso. Complementando esa denuncia, una nota periodística publicada en esos años documentaba sospechas que circulaban en los círculos de la justicia tributaria: la posible existencia de una red de empresas fantasma que Skanska utilizaba para evadir impuestos o facilitar pagos de sobornos a funcionarios públicos. Aquella nota fue el combustible que encendió la investigación formal, desencadenando una cadena de peritajes, allanamientos y análisis contables que revelarían el sistema de coimas y facturas falsas.

El caso tardó más de dos años en llegar a juicio oral, tiempo durante el cual se sucedieron múltiples trabas procesales, sobreseimientos, revocaciones de sobreseimientos y debates sobre la admisibilidad de pruebas. La lentitud no fue accidental: los mecanismos judiciales de esa época se mostraban más permeables a los pedidos de archivo que a los avances en la investigación. Solo cuando cambió la composición de algunos tribunales y la Corte Suprema intervino para revalidar el audio de Azcárate, el proceso adquirió momentum nuevamente. El hecho de que la causa haya resucitado años después de su primer sobreseimiento ilustra cómo, en el sistema de justicia argentino, las investigaciones sobre corrupción pueden ser interrumpidas, congeladas y luego reactivadas dependiendo de consideraciones jurídicas que a veces se reexaminan a la luz de nuevos criterios o cambios institucionales.

Implicancias y perspectivas para el sistema de justicia

El veredicto que se conocería en las próximas horas cerraba un capítulo de investigación sobre corrupción en la administración de recursos públicos durante un período que dejó marcas profundas en la memoria institucional del país. La sentencia tendría alcances que se extendían más allá de los condenados individuales: establecería precedentes sobre cómo se pueden utilizar grabaciones obtenidas de manera irregular en procedimientos judiciales, cómo se evalúa la responsabilidad de funcionarios en esquemas de desvío de fondos, y qué estándares se aplican para determinar la culpabilidad en casos de corrupción sistemática. El caso también iluminaba la complejidad de investigar crímenes económicos que involucran a multinacionales: Skanska operaba dentro de un marco legal de contratación pública, pero desvirtuó ese marco mediante prácticas ilícitas que requirieron colaboración con actores estatales. Diferentes sectores de la sociedad podrían arribar a conclusiones distintas sobre lo que el veredicto representaba: para algunos, sería evidencia de que el sistema judicial finalmente procesaba la corrupción de la era anterior; para otros, podría parecer insuficiente o tardío, considerando los años que transcurrieron entre los hechos y la sentencia. Lo cierto es que la resolución judicial no cerraría debates más amplios sobre responsabilidad política, sobre cómo se produjo el desvío de recursos destinados a infraestructura energética, o sobre si las penas impuestas guardaban proporción con el daño causado al erario público.