La maquinaria judicial que investiga el presunto entramado de pagos irregulares vinculado al gobierno anterior volvió a registrar un reconocimiento de envergadura en la sala de audiencias. Un representante de la constructora Supercemento compareció ante el Tribunal Oral Número 7 y confirmó que su empresa transfirió aproximadamente 150.000 dólares estadounidenses a funcionarios o intermediarios cercanos al poder ejecutivo, bajo el argumento explícito de aportes destinados a campañas electorales. El relato proporcionado por Raúl Ibarra, miembro del directorio de la firma, durante la jornada de martes, añade un nuevo elemento verificado al expediente que documenta cómo circulaba el dinero entre los empresarios y la órbita de decisión política durante aquella administración.
Los detalles de esta confesión judicial revelan un mecanismo operativo específico: tres transferencias de aproximadamente 50.000 dólares cada una, materializadas mediante sobres de efectivo que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la calle Febrero 2750. Según el testimonio de Ibarra, fue Miguel Marconi, otro ejecutivo de Supercemento, quien realizó físicamente estas entregas. El destinatario identificado como "Nelson" actuaba como receptor en estas transacciones. Este personaje, de acuerdo al análisis de la acusación, corresponde probablemente a Nelson Lazarte, funcionario que operaba en la esfera de influencia de Roberto Baratta, la figura señalada como articulador central en la recolección de fondos provenientes del sector empresarial hacia instancias gubernamentales. Lazarte, conforme a los antecedentes judiciales, se presentaba en encuentros con empresarios actuando como brazo operativo de este esquema.
El relato fragmentado de quién ordenó los pagos
Un aspecto relevante del testimonio de Ibarra consistió en cómo explicó la cadena de decisiones que culminó en las entregas monetarias. El ejecutivo manifestó que se hallaba en el extranjero cuando ocurrieron estos hechos, y que el conocimiento que poseía provenía de lo que le comunicó Marconi posteriormente. De acuerdo con su versión, otro miembro del directorio, Francisco Moresco, fue quien impartió la instrucción inicial para realizar los pagos. Moresco falleció en 2018, lo que imposibilita su interrogatorio directo en estas diligencias. Ibarra sostuvo que, conforme a lo que Marconi le contó, Moresco habría recibido una llamada en la que le informaban la necesidad de entregar dinero, y que esto se repitió en tres ocasiones distintas, presumiblemente durante el año 2015.
La declaración de Ibarra se caracterizó por mantener cierta distancia respecto de la comprensión cabal del propósito de los pagos. El directivo expresó: "Imagino que lo entregó porque pensó que era la mejor alternativa". Esta formulación sugiere que, en su narración, él mismo no poseería conocimiento directo sobre las motivaciones que existían detrás de estas transferencias, sino que recurre a la especulación sobre lo que Marconi habría pensado. No obstante, la mención explícita a que eran "aportes para la campaña" aparece como un dato que Marconi le habría transmitido, lo que proporciona un atisbo de claridad respecto de cómo se enunciaba la justificación de estos movimientos de fondos dentro de la empresa.
Convergencias y divergencias en los testimonios empresariales
La posición de Ibarra en el proceso judicial presenta particularidades dignas de análisis. Aunque fue indagado durante la fase de instrucción por el juez Claudio Bonadio, nunca fue formalizado como procesado. Esta condición contrasta con la de Moresco, quien sí fue procesado en la causa aunque falleció años atrás, y con la de Marconi, quien además de ser acusado en el juicio oral actualmente en curso, ha adoptado una postura de arrepentimiento y ha reconocido voluntariamente los tres pagos a "Nelson". Sin embargo, Marconi ha modulado su confesión de modo selectivo: admite haber realizado las entregas pero atribuye su motivación exclusivamente a órdenes de Moresco, sin aceptar responsabilidad en las versiones alternativas que circulan en el expediente.
Adicionales capas de complejidad emergen de otros testimonios empresariales que han comparecido en estas audiencias. El financista Ernesto Clarens ha proporcionado un relato que suma información sobre Supercemento desde una perspectiva diferente. Conforme a sus declaraciones, la empresa entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados, y estas transferencias se canalizaban mediante Marconi, quien llevaba personalmente los fondos hasta sus oficinas. Este aspecto, que Marconi rechaza, sugeriría un sistema más estructurado y permanente de contribuciones, diferente a las tres entregas puntuales que él admite. Por su parte, otros empresarios han comparecido describiendo encuentros con Clarens donde se insinuaba la posibilidad de asistencia oficial en cuestiones administrativas o licitatorias a cambio de colaboraciones económicas, aunque sin llegar a concreciones explícitas en todos los casos.
El panorama dibujado por estos testimonios proporciona, en conjunto, contornos de una estructura de circulación de dinero que operaba mediante intermediarios especializados y actores empresariales que, en su mayoría, adoptaban una posición de pasividad o duda respecto de la naturaleza última de los fondos que entregaban. Esta característica —la aparente ausencia de claridad o consentimiento pleno entre los empresarios— contrasta con la arquitectura de autoridades que, según la acusación, se posicionaba en la cúspide del esquema. Néstor y Cristina Kirchner son ubicados por los fiscales en el vértice superior de esta pirámide, bajo cuyos auspicios operarían funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido y figuras como Baratta, acompañados de intermediarios financieros como Clarens que facilitaban la conexión entre el mundo empresarial y las instancias decisorias.
Implicaciones y escenarios hacia adelante
La confirmación judicial de estos pagos, a través del testimonio de directivos de empresas constructoras y de intermediarios, genera múltiples líneas de interpretación sobre cómo operaba el financiamiento durante aquella etapa. Por un lado, es posible sostener que se evidencia la existencia de una red organizada de recaudación que utilizaba su acceso a licitaciones públicas y contratos estatales como palanca para obtener contribuciones de empresarios. Por otro lado, cabe señalar que muchos de los imputados han optado por estrategias de minimización de responsabilidad personal, argumentando desconocimiento o ejecución de órdenes de terceros. Las declaraciones de arrepentimiento, como la de Marconi, abren interrogantes sobre si representan admisiones genuinas o componentes de negociaciones procesales. Asimismo, la estructura de justiciabilidad que permitió el sobreseimiento de algunos imputados mientras se mantienen procesos abiertos contra otros plantea cuestiones sobre la consistencia de los criterios aplicados. Los desarrollos futuros de este litigio determinarán si la acumulación de pruebas testimoniales y documentales logra establecer responsabilidades individuales claramente delimitadas o si, por el contrario, se consolidará una narrativa de complicidades difusas donde múltiples actores contribuyeron a un sistema sin que necesariamente surja una cadena causal unívoca de autoridad y subordinación.
