El miércoles pasado, a media mañana, perdió contacto una aeronave que realizaba tareas de entrenamiento en jurisdicción sanjuanina. Lo que comenzó como una jornada de capacitación en técnicas de combate aéreo de incendios forestales concluyó con siete personas sin vida en una zona remota del norte del Parque Provincial Ischigualasto. El hallazgo del aparato, ubicado en un sector de difícil acceso entre ocho y nueve kilómetros al norte del circuito Los Arrieros, confirmó los peores temores respecto a la suerte corrida por los ocupantes. Más allá de los números, se trata del deceso de mandos provinciales de primera línea y especialistas nacionales en gestión de emergencias, un golpe institucional con implicancias aún no completamente dimensionadas en la capacidad de respuesta estatal ante desastres naturales.
La máquina que se precipitó al suelo responde a la matrícula LV-KGR y es un modelo Bell 412, aeronave de uso frecuente en operativos de emergencia por su capacidad de carga y maniobrabilidad. Pertenece a Jasfly S.A., empresa proveedora de servicios aéreos contratada específicamente por la Agencia Federal de Emergencias para esta etapa de instrucción. El contacto con la torre de control se interrumpió a las 10.26 de la mañana. Fue otro helicóptero que realizaba operaciones en la región el que logró localizar visualmente los restos de la nave en la Quebrada de la Chilca, una depresión geográfica caracterizada por su aridez extrema y proximidad al límite interprovincial con La Rioja. La topografía del lugar presenta obstáculos significativos para labores de búsqueda y rescate, complicando exponencialmente los trabajos posteriores al siniestro.
Quiénes viajaban en la aeronave
Entre los fallecidos se encontraba Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, funcionario de rango superior responsable de articular políticas de prevención y respuesta ante emergencias en el territorio provincial. También murió Germán Marcelo Videla, quien ostentaba el grado de comisario general desempeñándose como subjefe de la Policía provincial, máxima autoridad operativa de la fuerza luego del jefe. Formaban parte del grupo además Rubén Castro, comisario general y máximo responsable del cuerpo de Bomberos sanjuanino, y Jorge Carbajal, comisario inspector que ejercía como segundo jefe de esa institución. La víctimas civiles incluían a Matías Valenzuela, piloto al mando de la aeronave, responsable de la conducción segura de la nave. Completaban la lista Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, ambos brigadistas integrantes de la Agencia Federal de Emergencias. En síntesis, una concentración de personalidades clave en la estructura de respuesta ante crisis, algo inusual que subraya la importancia que había adquirido la capacitación programada.
El gobernador Marcelo Orrego comunicó públicamente la confirmación de las siete defunciones mediante un pronunciamiento oficial donde expresó consternación por lo ocurrido. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia", fueron sus palabras textuales. El Gobierno provincial anunció medidas de duelo institucional: tres días de luto con bandera a media asta y cancelación de actos festivos dependientes del Estado. Asimismo, puso recursos administrativos y logísticos a disposición de los allegados de las víctimas, aunque sin especificar qué tipo de asistencia se brindaría. Esta reacción, protocolaria en estos casos, reflejó la envergadura política del suceso y su repercusión en la estructura de poder provincial.
Las hipótesis sobre lo ocurrido y los obstáculos en la investigación
Los responsables del parque provincial, junto al intendente de Valle Fértil Mario Riveros, aportaron información sobre condiciones meteorológicas que podrían haber jugado un papel en el evento. Específicamente, reportaron la presencia de bancos densos de neblina durante la mañana del suceso, formaciones nubosas que reducen drásticamente la visibilidad y complican la navegación visual, especialmente en terrenos con perfiles irregulares como los de la quebrada. Sin embargo, el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, matizó esta información al sostener que "en apariencia, la zona climatológica estaba apta para volar", una afirmación que genera cierta tensión con los reportes sobre bancos de niebla. Esta discrepancia subraya la complejidad de reconstituir los eventos previos al impacto y la necesidad de que organismos especializados realicen investigaciones profundas. La Junta de Seguridad en el Transporte y la Justicia Federal asumieron la responsabilidad de esclarecer las causas reales del accidente, investigación que se extenderá probablemente durante semanas o meses.
Las labores de recuperación de restos y traslado de víctimas enfrentaron desde el inicio desafíos logísticos considerables. El acceso a la zona del impacto requirió el uso de vehículos de tracción en todas las ruedas y cuatriciclos, con tramos finales que debieron cubrirse a pie. Delgado indicó en una conferencia de prensa: "el traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más inmediata posible, pero el lugar del accidente es bastante complejo para llegar. Hay que llegar en camioneta y después caminar para ir a buscar los cuerpos". El funcionario estimó que la operación de recuperación se completaría durante la jornada siguiente al hallazgo, aunque reconoció la dificultad inherente al terreno desértico. Equipos de emergencia se desplegaron sobre el terreno con los recursos disponibles, mientras se estableció un perímetro de resguardo del lugar del hecho para preservar evidencia y facilitar la posterior investigación técnica.
El suceso ocurre en un contexto donde la capacitación de recursos humanos en operativos de emergencia constituye una necesidad permanente en Argentina. Los entrenamientos teórico-prácticos con medios aéreos resultan cruciales para mantener operativos los protocolos de respuesta ante incendios forestales, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en regiones como el noroeste argentino. El programa que se llevaba adelante incluía ejercicios tanto en aula como en campo, con la intención de trasladarse posteriormente hacia Chilecito en La Rioja para colaborar en sofocación de focos activos. La interrupción brusca de estas actividades genera interrogantes sobre cómo impactará en la capacidad operativa del sistema nacional de emergencias en los meses venideros, especialmente considerando la pérdida simultánea de autoridades provinciales clave en la materia.
Las consecuencias de este accidente se despliegan en múltiples dimensiones. En lo inmediato, generará una vacancia importante en la cadena de mando de instituciones provinciales vitales como Bomberos, Policía y Protección Civil, con necesidad de nombramientos de suplentes o interinos. A mediano plazo, la investigación técnica podría revelar factores relativos a mantenimiento de la aeronave, procedimientos de vuelo, capacitación de personal, o condiciones meteorológicas, cada uno de los cuales podría derivar en recomendaciones que modifiquen protocolos vigentes. En lo normativo, podría abrirse debate sobre la concentración de autoridades en operativos únicos, prácticas de seguridad aérea en zonas de difícil acceso, o estándares de capacitación en emergencias. Diversos actores —desde analistas de seguridad hasta vínculos familiares de los fallecidos, pasando por especialistas en aviación— procesarán el hecho según sus perspectivas particulares, condicionando futuras políticas públicas en materia de gestión de riesgos.
